Desde el 18 de octubre cuando salieron publicados los requisitos para acceder al Proceso de Control Migratorio para Venezolanos que aprobó el gobierno de Estados Unidos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de ese país ha recibido 8.000 solicitudes y tan sólo 200 han cumplido los requisitos para ser elegibles. Lo que representa que más de un 97 por ciento han sido rechazadas. Así lo informó a La Prensa, Minerva Mendoza Paipa, representante de la fundación Prima Facie International Rights, quien asegura que los criollos han cometido el error de apresurarse a aplicar sin informarse ni asesorarse legalmente, y por eso están siendo descartados.
Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA
«Tenemos personas que no conocen a profundidad qué es lo que el Estado norteamericano está evaluando para poder ser beneficiario de este parole (permiso de permanencia temporal) humanitario. El fallo se da porque muchos venezolanos tienen doble nacionalidad o han tenido residencia permanente en otros países. También porque se ha detectado que el sponsor está solicitando a dos o hasta cuatro personas, sin tener la capacidad económica para hacerse cargo en Estados Unidos», expresó Mendoza, PHD en gerencia de Desarrollo Humano.
El proceso para que 24 mil venezolanos anualmente tengan permiso de permanencia temporal por hasta dos años por razones humanitarias, en USA tiene unas condiciones específicas, establecidas en la página web (www.uscis.gov/es/venezuela). Allí se indica que un sponsor o persona de apoyo, que es quien puede hacer la solicitud de un venezolano, tiene que ser un ciudadano estadounidense, nacional o residente permanente legal; tiene que tener un estatus legal como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o asilo; o contar con un permiso de permanencia temporal o ser receptor de acción diferida o de Salida Forzosa Diferida.
Adicionalmente, debe ganar los ingresos anuales establecidos en la Guía de Pobreza del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para la Declaración Jurada de Patrocinio Económico. Por ejemplo: una persona que viva en Estados Unidos y tenga un núcleo familiar de dos personas tiene que ganar al año 22.887 dólares, más 5.900 dólares de ingresos excedentes para patrocinar a un venezolano.
«Hemos detectado que los venezolanos también están siendo rechazados porque quieren ser sponsor, pero no cuentan con un TPS o no han sido beneficiarios de un asilo, es decir, no son residentes legales. Este proceso migratorio es por etapas, la primera se da cuando al venezolano le dan el permiso de viaje y la autorización de entrada a EE. UU., allí debe presentar las tarjeta de vacunación, pasar la entrevista que le hace el funcionario de inmigración y demostrar con sus respuestas que efectivamente es beneficiario de ese parole humanitario», resaltó.
Alivio humanitario
Tanto Prima Facie International Rights como la fundación Nacidos del Pavimento y Crecimiento al Inmigrante, se encuentran realizando un censo a los venezolanos que busquen acceder al Proceso de Control Migratorio, brindándoles asesoría legal. Igualmente están levantando información de los connacionales que quedaron varados en el trayecto de Colombia hacia Estados Unidos, para saber si pueden acceder a este programa y si Estados Unidos aprueba un alivio migratorio.
La medida hasta ahora establece que no es elegible para este proceso humanitario los venezolanos que hayan cruzado la frontera ilegalmente de Panamá y México o que haya sido deportado de Estados Unidos en los últimos cinco años. «Tenemos entendido que si las personas que los agarró en México la noticia del nuevo proceso migratorio para los venezolanos, si obtienen un permiso de tránsito en el país azteca están habilitados para hacer la solicitud de parole humanitario», manifestó.
Estas fundaciones se han reunido con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, e irán al Congreso de Estados Unidos en Washington, para solicitar un alivio migratorio para los venezolanos que quedaron en tránsito hacia Estados Unidos, debido a que la gran mayoría ha quedado sin recursos económicos para subsistir ni tienen cómo retornar a Venezuela sin que corran peligro sus vidas.
Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares, informó que desde el 12 de octubre hasta el 23 de octubre habían sido deportados más de 3000 venezolanos que cruzaron la Frontera Sur de Estados Unidos. «En los primeros cuatro días de haberse activado el nuevo proceso migratorio habían deportado a 1400 venezolanos, que incluso habían cruzado antes del 12 de octubre. Estas personas fueron sacadas a Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana, zonas mejicanas controladas por los carteles de la droga.
Poca ayuda
Según Alexander Campos, experto en migración, no se ha determinado con precisión cuántos venezolanos quedaron varados en Centroamérica o México tras la decisión del gobierno de Joe Biden de cerrar el paso a los connacionales por la Frontera Sur. Pero cifras extraoficiales señalan que pueden ser más de 50 mil personas que están en este momento en completa vulnerabilidad, luego de atravesar siete países, incluyendo la inhóspita selva del Darién.
«En los primeros 10 meses del año pasaron por el tapón del Darién 190 mil migrantes, de los cuales el 70% (133.000) eran venezolanos. En septiembre transitaron por México a EE. UU. 33 mil criollos», resaltó.
Sostiene que hasta ahora el único país que ha facilitado vuelos humanitarios para que retornen estos migrantes de manera segura a Venezuela ha sido Guatemala. «Se aprobaron dos vuelos charter que han traído a 400 venezolanos. Se esperan dos vuelos más para traer a otras 200 personas, pero eso es nada para la cantidad de ciudadanos que han quedado en un limbo jurídico y sanitario porque no tienen comida, después de mes y medio de viaje han quedado sin ahorros, sin ninguna posibilidad de atención médica», exclamó.
Lo que a Campos le resulta hasta repulsivo son las medidas que está aplicando Panamá y Costa Rica, cerrando sus fronteras para impedir el paso de los venezolanos que buscan desesperados retornar por vía terrestre desde México. «Les impiden seguir hacia EE. UU. y bajar a Venezuela. Lamento que la opinión pública no tenga voz de reclamo sobre lo que está pasando con esos venezolanos. ¿Los van a dejar morir? ¿Cuándo van a reaccionar?», cuestionó.
Francisco D’Angelo, director de la ONG Venezolanos en México (Venemex), sostiene que los criollos que han sido deportados de EE. UU. a México han recibido una carta para que abandonen ese país en un lapso de 15 días, que vence esta semana. «Esto lo hace el gobierno de Andrés López Obrador para que tomen una decisión, y poder tener control sobre su movilidad», comentó.
Alexander Campos señaló que estos venezolanos tienen tres opciones: retornar a Venezuela, solicitar refugio en México o aplicar a una tarjeta de visitante legal con la que se podrán movilizar por un año en ese país. El problema principal es que los refugios en México se encuentran abarrotados.
Callejón sin salida
Sonia Contreras, de 32 años, salió de la Ruezga Sur en Barquisimeto el 13 de septiembre con destino a USA. Intentó evitar la Selva del Darién pagando un paquete de viaje en lancha por $1300 desde la isla de San Andrés de Colombia hasta Isla larga en Nicaragua. Pero su pesadilla comenzó cuando migración Colombia evitó en dos oportunidades su paso por el mar.
Con ayuda de familiares pudo pagar a un coyote 340 dólares para hacer el recurrido por el Darién desde Necoclí, Colombia, travesía que duró cuatro días. «Yo llevaba botas de caucho y era tanto el barro y lo empinado de las pendientes que tuve un esguince en el pie izquierdo y el derecho me lo corté. Los últimos dos días caminé con esa herida y tuve mucho vómito por el agua de río que bebíamos», relató.
Contó que sobrevivió a una crecida de un río que le llevó parte de sus pertenencias, en donde perdió sus lentes, y al sufrir de miopía y astigmatismo continuar el viaje de noche le resultaba imposible. Al llegar al campamento de la ONU en Panamá, estuvo hospitalizada por su débil salud. Allí le administraron suero y le vendaron el pie. Su travesía a México le tomó un mes. El 12 de octubre cuando el gobierno de Joe Biden anunció la nueva política migratoria, ella estaba en la frontera entre Guatemala y México.
«Lloré desconsoladamente, tuve una crisis de nervios. Hice todo el recorrido sola para nada. Pero luego traté de tranquilizarme y continuar sin miedo hacia Tapachula, la primera ciudad fronteriza de México». Actualmente está en la ciudad de San Pedro, a unos 198 kilómetros de Tapachula, donde espera un permiso de movilidad. Sonia no pierde las esperanzas, para ella retornar a Venezuela no es una opción porque vendió todas sus pertenencias. Ha recibido apoyo económico de sus familiares en EE. UU., quienes la han puesto en contacto con un abogado para ver si tiene opción a ingresar con el parole humanitario.
Luis Peñalver (nombre ficticio para proteger su identidad), es un exfuncionario del Cicpc de Lara. Contó que la noticia del gobierno de Biden lo agarró en San Pedro, cuando ya tenía 20 días de recorrido. «Yo vendí mi carro que era mi única pertenencia de valor y viajé con 2.500 dólares», dijo. En esa ciudad durmió ocho días en la calle.
«Esperé una semana un permiso de movilidad por México que nunca llegó. San Pedro es una pesadilla, es una ciudad muy calurosa de día (peor que Maracaibo y Carora), y de noche es fría y llueve mucho. Una noche tuve mucha fiebre y llegué a delirar. Al siguiente día decidí retornar a Venezuela», mencionó.
Ayer llegó a Costa Rica y allí quiso tomar un vuelo de Avianca hasta Cúcuta para volver a Venezuela, pero le exigen pasaporte. «Me siento en un callejón sin salida. El gobierno de Panamá cerró las fronteras, yo no quiero volver a pasar por la selva del Darién, quiero regresar a mi país y empezar de nuevo porque sé que Dios tiene mejores cosas para mí, pero Costa Rica no habilita vuelos humanitarios», reclamó.