Han sido constantes las insinuaciones y amenazas del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello y del mandatario nacional, Nicolás Maduro, de que en Venezuela ocurra un adelanto de elecciones presidenciales en 2023. Para analistas políticos y electorales la medida además de inconstitucional, dejaría en «jaque mate» a la Plataforma Unitaria que aglutina a la mayoría de partidos de oposición, que apenas logró designar el 10 de noviembre a la comisión electoral que organizará las primarias, pero sin hasta ahora informar una fecha de realización de esos comicios, que requieren un tiempo de preparación de nueve meses.
Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA
«Los escuálidos andan de infarto, andan asustados porque y que están organizando primarias. ¿Y si las elecciones son antes de que hagan las primarias? Se quedan sin el chivo y sin el mecate», vociferó Cabello en un mitín político en Apure, el 21 de octubre. Sus declaraciones fueron repetidas en Guárico el 5 de noviembre: «Si el Consejo Nacional Electoral (CNE) dice que las elecciones son en junio de 2023, nosotros nos vamos a elecciones», soltó.
Según indicó Nelida Sánchez, coordinadora de Contraloría Electoral de Súmate, no es primera vez que en el país se irrespeta el periodo constitucional de un cargo público. En diciembre de 2017 se realizaron elecciones de gobernadores y alcaldes que debieron estar pautadas para 2016. Y en mayo de 2018 se adelantaron las presidenciales por decisión de la extinta Asamblea Nacional Constituyente, basándose en sus poderes plenipotenciarios.
«En Venezuela cuando se realizó la enmienda constitucional en 2009 cambiaron los periodos constitucionales. El presidente que eran cinco años pasó a seis años y gobernadores y alcaldes de tres años pasaron a mandar cuatro años. De no respetarse esos periodos la población entraría en una situación de inseguridad jurídica. Porque si bien la Ley Orgánica de Procesos Electorales no dice con exactitud cuándo deben realizarse las elecciones, no menos cierto es que deben respetarse los lapsos conforme a lo establecido en la Constitución», alegó.
Sánchez además catalogó de «intromisión y usurpación de funciones», a las autoridades del PSUV que promueven un adelanto de presidenciales, porque la convocatoria de elecciones sólo puede realizarla el CNE. De acuerdo con los lapsos constitucionales las presidenciales deben convocarse en el último trimestre de 2024.
«Si el Gobierno convoca elecciones en 2023 tendrá que haber un consenso en la oposición para elegir un candidato presidencial, porque no dará tiempo de hacer primarias. La Plataforma Unitaria también estaría en tres y dos si presenta un candidato presidencial muy temprano, porque al no haber independencia de Poderes, no hay garantías que ese candidato no sea inhabilitado administrativamente por la Controlaría General de la República, o se le cree un expediente judicial. Incluso el adelanto de elecciones podría venir de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), porque ya hay antecedentes, ocurrió en las elecciones de Barinas 2021. Esta es una estrategia del Gobierno para mantener en zozobra a la oposición», opinó.
Agenda oculta
Para Nicmer Evans, politólogo y fundador del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), la desinformación que ronda el proceso de negociación entre el Gobierno y la Oposición genera incertidumbre entre la población y los partidos que son antigobierno, pero que no pertenecen a la Plataforma Unitaria. Considera que un sector de la oposición lleva desde 2020 hablando con el oficialismo sobre adelanto de elecciones.
«Hay un sector opositor representada por Henrique Capriles Radonski que ha estado negociando con el Gobierno. Ese diálogo logró la designación de dos miembros del CNE (Enrique Márquez y Roberto Picón), también un magistrado en el TSJ (Elias Bittar), y estaba como proceso de negociación el tema del adelanto de negociaciones para el 2023. No sabemos cómo quedó eso, ni si es un tema en la agenda de la Plataforma Unitaria para tratar con el Gobierno en México. Sin embargo lo que sí sabemos es que esta incertidumbre ha sido manejada hábilmente por Cabello y Maduro», apuntó.
Considera que si sobre las primarias se cierne la posibilidad de un adelanto de elecciones que sea parte de una negociación, se estaría jugando a la designación por consenso de un candidato de la oposición que no gozaría de legitimidad.
«Los partidos que no estamos representados en ese proceso de negociación con el Gobierno, nos genera mucha preocupación que se discuta el adelanto de presidenciales. No sabemos por qué hasta ahora no se ha dado la fecha de las primarias, tomando en cuenta que el tema está en la agenda pública desde hace 11 meses. Y lo que está claro es que si la oposición se planteó primarias es porque no hay condiciones para un consenso», expresó.
Nelida Sánchez, coordinadora de Contraloría Electoral de Súmate, sostiene que las autoridades del CNE sigue sin pronunciarse cada vez que Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV y diputado a la Asamblea Nacional 2020, amenaza con un adelanto de elecciones, aun representando esta acción una intromisión.
Asimismo alega que desde la ONG Súmate, han solicitado al Poder Electoral actuar y sancionar al presidente de la República, Nicolás Maduro, cada vez que utiliza el canal de Estado Venezolana de Televisión para promover las asambleas internas del PSUV que está en este momento en la fase de renovar a las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH).
«El presidente de la República ha hecho un uso exacerbado de los medios de comunicación del Estado donde se realiza propaganda a favor del PSUV y de los procesos internos. Esa denuncia se consignó, porque si bien es cierto no hay campaña electoral, no menos cierto es que se están usando los recursos del Estado para financiar procesos internos del PSUV y eso está prohibido conforme al artículo 67 de la Constitución.
Sánchez también plantea que han pasado seis meses y medio desde que Tania D’Amelio fue jubilada del CNE y designada como magistrada del TSj y aun el CNE no ha informado quien asumirá su vacante.
Recordó que el 3 de noviembre, el presidente del CNE Pedro Calzadilla, le llamó la atención al vicepresidente del Poder Electoral, Enrique Márquez, porque este aseguró que las elecciones presidenciales se realizarían en 2024.
«Ese llamado de atención a Márquez fue absurdo, porque todos los actores del CNE tienen los mismos derechos. No es nuevo pero sabemos que a lo interno las autoridades del Poder Electoral tienen prohibido pronunciarse», exclamó.
Oposición evalúa dos escenarios
Según la politóloga Marisol Bustamante, los partidos de la Plataforma Unitaria se encuentran preparando su maquinaria electoral en caso de que se adelanten las elecciones presidenciales.
«Están haciendo esfuerzos formando testigos en los centros de votación porque se observa que el PSUV está aceitando su maquinaria. UBCH, Jefes de Calle, comunas. Sin embargo el oficialismo sabe que su capital político ha mermado», apuntó.
Sostiene que si hasta ahora la oposición no ha anunciado la fecha exacta de las primarias, es porque antes debe designar a las comisiones electorales regionales y municipales para organizar las primarias.
«Maduro y su equipo están claro que tienen tanto rechazo en sus propias bases y que un adelanto de elecciones sumaria a su propia derrota», exclamó. Sostiene que el oficialismo tiene un rechazo del 80% de la población, y ese descontento lo está intentando capitalizar la oposición.
«Dádivas oficiales sostienen al PSUV»
Para Radames Graterol, politólogo, aunque las autoridades del PSUV vociferen que su maquinaria está aceitada para unas presidenciales o «megaelecciones», la realidad es que la militancia oficialista se sostiene por las prebendas que entregue el Gobierno.
«En los barrios, los campos, la estructura electoral del PSUV está montada sobre las dádivas que entregan el Gobierno. Allí el activismo no tiene que ver con opinar o escoger sobre el mejor o peor candidato. El chavismo sabe que tiene un gran rechazo a nivel popular pero también saben que en un mundo tan difícil de escasez y carestía, en el mundo del ciego el tuerto es rey. El Estado es el que tiene los recursos para dar y ellos aprovechan ese intercambio lamentablemente de cajas Clap, gas a cambio de votos. Es lo que se conoce como control social», apuntó.
Opina que ante esto la estrategia de la oposición es hacer entender a la ciudadanía que esos recursos no son del Gobierno, son de todos los venezolanos.
«Renovándose»
El sábado 12 de noviembre el PSUV realizó asambleas la renovación de sus estructuras de base en las parroquias, municipios y estados.
«Comenzamos el proceso activando los propulsores y los jefes de calle, de comunidad y las UBCH. Cada militante a partir de los 15 años en adelante podía participar y postular a sus jefes de estructura. El PSUV está listo para un adelanto de elecciones, aunque espera la fecha que designe el CNE», dijo María Casanova, coordinadora electoral del PSUV en Lara.