Hay una guerra en Ucrania; Corea del Norte lanza un misil, un día sí y otro también, a pasear sobre el mar de Japón; las perspectivas económicas mundiales para los próximos meses son aterradoras; y miles de venezolanos pasan penurias y hasta mueren buscando un futuro en fronteras extranjeras. Pero, ¿qué importa? Empieza un fastuoso Mundial de Fútbol que entretendrá a las masas, sin importar que en el país anfitrión no se respeten derechos fundamentales. Y, enseguida, a celebrar la Navidad. Lo importante que espere hasta 2023.
Estas temporadas de anestesia colectiva comportan grandes peligros. Son las que aprovechan ciertos regímenes para colar decisiones en su propio beneficio. En España, por ejemplo, hay un gran escándalo porque en su desesperación por obtener una mayoría que le permita aprobar los presupuestos, el gobierno de Pedro Sánchez está endulzando a los independentistas con reformas legales para delitos como los de sedición y malversación. Son modificaciones que no están pensadas para la sociedad en su conjunto, sino para beneficiar a un colectivo (en este caso a quienes se alzaron en Cataluña y, de paso, a alguno que otro compañero que metió sus manos en las arcas del Estado) con argumentos tan peregrinos como que no es lo mismo robar para el propio bolsillo que para el partido. A Podemos también le dio lo suyo cuando permitió, a pesar de las advertencias, pasar una ley (la llamada del Solo Sí es Sí) que, pensada para proteger a las víctimas de violación, igualó conceptos y rebajó penas de manera tan ineficiente que ha terminado con revisiones de sentencia que han comenzado a dejar a los agresores en la calle.
En Venezuela la ocasión ha servido para despertar al monstruito del Estado Comunal. “No es una reformita”, dijo Nicolás Maduro y al día siguiente la Asamblea Nacional de 2020 aprobaba en primera discusión la Ley Orgánica de Consejos Comunales y la Ley Orgánica de Contraloría Social, mientras Jorge Rodríguez se aprestaba a prometer que el Legislativo sacará ese paquete de leyes “antes de que termine 2022”. Se trata de las leyes Orgánica de Comunas, Orgánica de Consejos Comunales, de Competencia y Transferencias del Poder Popular, del Parlamento Comunal Nacional, de Comunicación del Poder Popular, Orgánica de Contraloría Social y de Producción Social de Vivienda y Hábitat.
Por supuesto que no es una “reformita”. Se trata de un conjunto de 7 instrumentos que, con la excusa de empoderar al pueblo, tienen un espíritu, propósito y razón que no están establecidos en la Constitución de la República vigente y que tratan de crear una suerte de Estado paralelo con nuevas divisiones territoriales que, de acuerdo con los entendidos, requerirían de un referéndum para que la gente decida si se enmienda la carta magna.
Por supuesto que el asunto tiene enjundia. Se habla de él desde 2007, cuando Hugo Chávez propuso una reforma constitucional que incluía la propuesta del Estado comunal y fue rechazada por la mayoría. Pero, por alguna razón ahora hay apuro. Y si la intención es aprobarlo entre partido y partido, entre gol y gol, o entre gaitas y villancicos, la cosa pinta mal.