El sábado 26 de noviembre, el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria reanudaron las negociaciones en México y firmaron un Acuerdo para la Protección Social del Pueblo Venezolano. Acto seguido, el Departamento de Tesoro emitió una licencia que autoriza a Chevron a extraer petróleo venezolano con destino al mercado estadounidense. La secuencia de estos movimientos comprueba las negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores.
El impacto de la guerra en Ucrania sobre los precios de los combustibles y la energía revitalizó el tema de la seguridad energética. En este contexto, la flexibilización de las sanciones pasa a ser un asunto de importancia estratégica para asegurar el control y suministro del petróleo venezolano.
En efecto, al sancionar al petróleo ruso, la Administración Biden quiere ahora recuperar el suministro oportuno y permanente de petróleo venezolano. Con el objetivo de asegurar que toda la producción de las empresas mixtas en las que participa Chevron se destine exclusivamente al mercado estadounidense, la Licencia General N° 41 (LG41) autorizó las siguientes actividades:
- Producción y extracción de petróleo y sus derivados.
- Venta y exportación de estos productos, pero solo a Estados Unidos, con un derecho preferente a favor de Chevron.
- Compra e importación de productos necesarios para realizar las actividades anteriores.
Chevron opera en Venezuela desde 1920 y actualmente tiene una participación minoritaria en cuatro empresas mixtas con Pdvsa:
- Petroboscán: con 39,2% de las acciones, donde produce un tipo de crudo que se utiliza para el asfalto y es de gran interés para el plan de infraestructura de Biden.
- Petropiar: con 30% de las acciones, opera un campo en la Faja Petrolífera del Orinoco, cuyos crudos son depurados a través de costosos Mejoradores que están inactivos por las sanciones.
- Petroindependencia: en la que tiene 34% de las acciones y explota uno de los mejores yacimientos de la FPO, con un gran potencial que no ha sido desarrollado plenamente.
- Petroindependiente: con 25,2% de las acciones en esta empresa mixta en el Lago de Maracaibo.
Chevron tiene una capacidad instalada que no ha podido aprovechar debido a las sanciones. A pesar del ultimátum de Trump para retirarse definitivamente de Venezuela, la compañía logró gestionar licencias para mantener sus inversiones en el país. La nueva licencia es de ejecución inmediata y permitirá un aumento de 125 mil barriles de petróleo diarios que, sumados a los 110 mil actuales, representan al menos 235 mil barriles de petróleo diarios que ayudarán a aliviar el alza en los precios de los combustibles y la energía en el mercado estadounidense.
Según el marco legal vigente, es Pdvsa quien compra y comercializa –con carácter de exclusividad– la producción petrolera de las Empresas Mixtas. Como socio mayoritario, Pdvsa debería decidir cómo se realiza la comercialización de los crudos. Las empresas mixtas son las titulares de los derechos de exploración y producción, pero en los términos en que se publicó la LG41, Chevron se convertirá en el titular de los derechos de producción, exportación y comercialización del volumen de petróleo que se genere en las empresas mixtas en las que es accionista.
La LG41 impide a las empresas mixtas en las que participa Chevron a exportar petróleo a otros países. Tampoco pueden decidir libremente a quién venderlo: se lo tienen que vender a Chevron. Por lo tanto, esta licencia crea una especie de monopsonio legal en el que solo hay un comprador del petróleo que produzcan las empresas mixtas en las que Chevron es accionista minoritario.
Y ese único comprador es Chevron. Paradójicamente, la propia Ley Antibloqueo servirá –a quienes bloquearon a Venezuela– para desaplicar el marco legal según el cual solo Pdvsa puede exportar el petróleo venezolano.
El comunicado de prensa del Departamento del Tesoro dice que: «Esta autorización impide que Pdvsa reciba ganancias de las ventas de petróleo de Chevron. LG41 autoriza solamente la actividad relacionada con las empresas conjuntas de Chevron en Venezuela, y no autoriza otra actividad con Pdvsa.» Es necesario aclarar que –a través del cobro de la regalía–, el Estado venezolano ejerce su condición de propietario de las riquezas del subsuelo. Quien cancela la regalía del 33,3%, así como el Impuesto Sobre la Renta de 50% es la empresa mixta en la que Pdvsa es el accionista mayoritario.
La regalía es la remuneración que recibe el Estado venezolano por la liquidación de un recurso natural no renovable y quien la paga es la empresa mixta que tiene la autorización para explotar los yacimientos, no la paga directamente Chevron. Por otra parte, las empresas mixtas son las que pagan dividendos a sus accionistas. No es Chevron la que paga dividendos a Pdvsa, más bien Chevron cobra dividendos por su participación en la empresa mixta.
Una cosa es la empresa mixta que explota los yacimientos y otra cosa es Chevron como comprador del petróleo que extrae la empresa mixta. Al comprar petróleo venezolano, Chevron no tiene obligación de pagar ninguna regalía, toda vez que actúa en condición de comprador y no de productor. Por lo tanto, no hace falta prohibir a Chevron pagar regalías e impuestos a la República, ya que son las empresas mixtas a las que les corresponde hacer estos pagos.
Las sanciones petroleras causaron un considerable daño a los exportadores estadounidenses de bienes y servicios que son proveedores de Pdvsa. Las nuevas licencias favorecen a las empresas de servicios como Halliburton, Schlumberger y otras más, a las cuales se le otorgan permisos para seguir operando en Venezuela y atender las necesidades de servicios de las empresas mixtas en las que Chevron es accionista, a las cueles podrán vender piezas, repuestos, tuberías, taladros y tecnología.
Al no tener que vender el petróleo venezolano a escondidas, la LG41 permite comercializar los crudos venezolanos con mayor transparencia y no bajo el secretismo que permite la Ley Antibloqueo.
Con la reapertura del mercado petrolero de EEUU, el más grande del mundo, empiezan a superarse los impedimentos para que el petróleo venezolano pueda venderse a precios de mercado en Europa y Asia. Así se abren vías para corregir la sobreaplicación de las sanciones y para que otras empresas como Repsol y ENI retomen sus operaciones en Venezuela. Tengamos en cuenta que hay más de 40 socios de Pdvsa en las empresas mixtas que reclamarán un trato semejante al de Chevron, y como mucha razón reclamarán: o hay licencias para todos o no hay licencia para nadie.
Al vender los crudos nacionales sin los ruinosos descuentos a los intermediarios, ni los sobreprecios a las navieras que desafían las sanciones para transportar el petróleo venezolano, el país saldrá beneficiado al recibir más ingresos que podrán ser destinados a mejorar las condiciones de vida de las familias venezolanas. En principio, los recursos para financiar el Acuerdo de Protección Social saldrán de la liberación de los fondos que la República tiene bloqueados en el exterior.
Gobierno y oposición acordaron que esos recursos sean administrados con el apoyo de las Naciones Unidas, así como la creación de una Mesa Nacional de Atención Social para garantizar la transparencia en el uso de los fondos que estarán dirigidos principalmente a la atención en materia de salud, electricidad, alimentación, así como a los afectados por las lluvias.
En los hechos, se trata de un mecanismo de cogobierno, un ensayo de gobierno de coalición, que ojalá sea exitoso y contribuya a crear las condiciones necesarias para avanzar hacia un mayor clima de entendimiento y cooperación que permita sacar al país de la crisis y enrumbarlo por la senda del crecimiento o y la prosperidad.