David Rivera es sospechoso de obtener millones de dólares por hacer gestiones para intentar cerrar la brecha entre el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y el de Nicolás Maduro en Venezuela. Ahora podría terminar en la cárcel.
BBC Mundo
Rivera, un excongresista del Partido Republicano nacido en Nueva York pero que ha vivido durante décadas en Florida, fue detenido el lunes en Atlanta (Georgia) tras haber sido acusado por la fiscalía de varios cargos, incluido el de haber trabajado ilegalmente como «agente extranjero» del gobierno de Maduro en EE.UU.
Entre los otros cargos destacan «conspirar en contra de Estados Unidos» y participación en actividades financieras ilegales, incluyendo lavado de dinero.
Junto a Rivera está siendo investigada Esther Nuhfer, una exconsultora política que también participó de estas gestiones fallidas ocurridas en 2017.
De acuerdo con la acusación de la fiscalía estadounidense, Rivera participó en una conspiración para hacer lobby a favor del gobierno de Maduro, no solamente para mejorar las relaciones bilaterales, sino también para solucionar una disputa entre Caracas y una petrolera estadounidense; así como para poner fin a las sanciones económicas de Washington.
Pero la ley de EE.UU. establece que quienes realizan labores de lobby a favor de gobiernos extranjeros deben registrarse ante las autoridades como «agentes extranjeros» y, según la fiscalía, Rivera no lo hizo.
¿Qué ocurrió?
Contrato con Pdvsa
Las relaciones entre Rivera y el gobierno de Maduro salieron al aire a partir de 2019, después de que el gobierno de Donald Trump reconociera como presidente interino de Venezuela al opositor Juan Guaidó, lo que le otorgó a este el control sobre los activos venezolanos en Estados Unidos, incluyendo los de la petrolera estatal Pdvsa.
Eso hizo posible que se conociera un contrato suscrito entre la empresa de Rivera, Interamerican Consulting, y PDV USA (una empresa con sede en Delaware perteneciente a Citgo, una subsidiaria de Pdvsa en EE.UU.) para labores de «consultoría estratégica».
Aunque el contrato era por US$50 millones, finalmente se pagaron US$15 millones, pese a lo cual Pdvsa en EE.UU. -controlada por la oposición venezolana- decidió demandar a la compañía de Rivera en 2020 alegando que él nunca se había reunido con nadie de Citgo ni de PDV USA, para quienes supuestamente trabajaba.
Aseguran que, además, la empresa de Rivera solamente presentó dos informes «deficientes e incoherentes» de los siete a los que se había comprometido.
En su momento, Rivera aseguró ser inocente y decidió contrademandar a PDV USA por incumplimiento de contrato por no haber cancelado unos US$30 millones que, según afirmaba, aún le debían.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, la actual vicepresidenta ejecutiva -y entonces ministra de Exteriores- de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue quien ordenó a Citgo elaborar este contrato con la empresa de Rivera para pagarle por su lobby en Estados Unidos.
Aunque formalmente el contrato fue suscrito con PDV USA, una entidad estadounidense, cualquier operación que Rivera realizara a favor del gobierno de Venezuela le obligaba a estar registrado como agente extranjero.
Gestiones ante la Casa Blanca
La acusación contra Rivera señala que este organizó encuentros en Nueva York, Washington y Dallas entre aliados de Maduro, legisladores estadounidenses y un asesor de la Casa Blanca.
El documento no identifica a ningún funcionario estadounidense por nombre y apellido. En cambio, hace mención de un congresista por Texas, un senador por Florida y un importante asesor de la Casa Blanca de Donald Trump.
Sobre la base de informaciones previas surgidas a partir de la demanda de Pdvsa contra Rivera, la prensa estadounidense indica que el congresista era el exrepresentante Pete Sessions.
Según informó la agencia AP en junio de 2020, el gobierno de Maduro intentó convencer a Sessions de que organizara un encuentro con la empresa petrolera ExxonMobil.
Esta compañía estadounidense demandó a Venezuela ante un tribunal de arbitraje del Banco Mundial luego de que el gobierno de Hugo Chávez estatizara sus activos y derechos en Venezuela.
En cuanto al senador por Florida (solamente hay dos), los medios estadounidenses sugieren que se puede tratar de Marco Rubio, quien tiene una relación de larga data con Rivera con quien -aseguran- compartió casa en Tallahassee (la capital de Florida) cuando ambos eran miembros de la Legislatura estatal.
Rubio, además, jugó un papel destacado en la política de EE.UU. hacia Venezuela durante el gobierno de Trump.
En todo caso, de acuerdo con la acusación Rivera hizo gestiones ante este senador para indicarle al gobierno de Trump la posibilidad de negociar un acuerdo con el gobierno de Maduro, en el cual el mandatario venezolano aceptaría la posibilidad de realizar «elecciones libres y justas» en ese país.
Según la acusación, Rivera le dijo al senador a través de mensajes que Estados Unidos debía «facilitar» una solución negociada en Venezuela. «Sin venganza, reconciliación», habría escrito.
Esta posibilidad, sin embargo, habría muerto antes de nacer luego de que Maduro se negara a comprometerse a dar las garantías electorales solicitadas por Estados Unidos.