Los arrestos del activista y sus compañeros de Fundaredes fueron considerados por la ONU «un ejemplo preocupante» de las «restricciones al espacio cívico» en Venezuela
Por AFP – El Nacional
El juicio contra Javier Tarazona, activista de derechos humanos detenido en Venezuela en julio de 2021 y acusado de «terrorismo», se reinició este miércoles desde cero, informó su defensa.
«Es la segunda vez que se da inicio al juicio oral y público (…). Se interrumpió en octubre del presente año y por esa razón tuvimos que volver a comenzar de cero», dijo a la AFP la abogada Rachel González, miembro del equipo de defensa de Tarazona, después de la nueva audiencia de presentación.f
El proceso contra él y otros dos activistas por acusaciones de «terrorismo», «instigación al odio» y «traición a la patria» tuvo una primera audiencia el pasado 16 de agosto, luego de 13 diferimientos, pero fue interrumpido en octubre por el incumplimiento de los plazos legales para su continuidad, de acuerdo con Fundaredes, la ONG que dirigía este promotor de derechos humanos y que atiende a habitantes de las zonas fronterizas.
«Se denunció la detención arbitraria e ilegal de la que fueron sujeto todos los involucrados y se solicitó su libertad plena», comentó González.
Tarazona sigue preso en Caracas después de haber sido arrestado el 2 de julio de 2021.
Su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García, integrantes de Fundaredes, también fueron detenidos el año pasado, pero se les excarceló, aunque deben presentarse cada 15 días en tribunales.
Quedaron pendientes, manifestó González, las declaraciones de los tres activistas en la audiencia de este miércoles, que se espera sea retomada el martes de la próxima semana.
«Ellos fueron víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y ellos así lo van a denunciar (ante la corte)», expresó la abogada.
La ONG Foro Penal, que asiste legalmente a Tarazona, denuncia que en Venezuela existen casi 280 «presos políticos».
Los arrestos de Tarazona y sus compañeros de Fundaredes fueron considerados por la ONU «un ejemplo preocupante» de las «restricciones al espacio cívico» en Venezuela. Se produjeron luego de que estos acusaran al gobierno del presidente Nicolás Maduro de tener vínculos con combatientes de la guerrilla colombiana del ELN y disidentes de las disueltas FARC.
Venezuela es uno de los países garantes de las negociaciones de paz que el gobierno de Colombia retomó el pasado 21 de noviembre con el ELN.