La decisión esperada, aunque de “carácter histórico” según medios argentinos, que condenó por fraude a la nación a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos, no le impedirá seguir al frente de la Vicepresidencia. Incluso podrá aspirar a la Presidencia de su país o a una banca legislativa en las elecciones generales de octubre del año próximo.
Es la primera vez en Argentina que quien está en ejercicio de la vicepresidencia resulta condenado por un fallo judicial, de allí su caracterización de sentencia histórica.
Parece un contrasentido, sin embargo, que la condena inhabilite a Fernández de Kirchner para el ejercicio de cargos públicos pero no afecte en lo inmediato su condición de vicepresidenta ni impida sus postulaciones futuras a cargos públicos.
Hay dos razones que lo explican: primero, la vicepresidencia que ejerce le otorga fueros que le permitirán concluir su mandato el 10 de diciembre de 2023; segundo, la sentencia aún no es firme.
Ella y sus abogados aún podrán apelar ante la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que se estima tomará varios años.
El tribunal que la sentenció la halló culpable de defraudación a la nación en el denominado caso de Vialidad, mediante el cual se le adjudicaron durante su presidencia (2007-2015) obras públicas millonarias al empresario Lázaro Báez –un oscuro cajero de banco cuando se hizo amigo de Néstor Kirchner a principios de este siglo–, quien cobró por todas aun cuando la mitad de ellas quedaron inconclusas y solo una se ajustó al presupuesto original.
El tribunal también ordenó el decomiso de una suma de más de 500 millones de dólares como “efectos del delito” cometido. Sobre la expresidenta pesan, además, otros tres procesos por corrupción.
Fernández de Kirchner, el mayor activo político del oficialismo argentino -más que el propio presidente Alberto Fernández, a quien llevó al cargo y al que cuestiona cada vez que puede su tibieza frente al “cerco de la justicia”- recurrió a calificar de “mafia judicial” a los tres jueces que la condenaron, repitiendo el guion de otros líderes de la izquierda regional como Rafael Correa en Ecuador y Lula da Silva en Brasil cuando aprietan los escándalos de corrupción.
Un guion, por cierto, impensable en la jerarquía chavista venezolana, cuyos fueros de facto y perpetuos los hacen inmunes a cualquier atisbo de justicia en el país.
La vicepresidenta de Argentina, en su airada y caliente reacción a la condena, dijo que su nombre no aparecerá en ninguna boleta electoral el año que viene, aunque las bases kirchneristas ya corean la consigna de “Cristina Presidente”. El descrédito acumulado por Alberto Fernández, el fracaso en la reducción de la pobreza y una inflación que cerrará este año en 100% presagian una derrota en las elecciones de octubre de 2023.