Según los documentos judiciales Díaz y su esposo aceptaron más de 100 millones de dólares en sobornos de parte del empresario
Por El Nacional
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este jueves cómo funcionó la trama corrupta entre el empresario venezolano Raúl Gorrín, vinculado al chavismo, y la extesorera de la nación Claudia Díaz Guillén, popularmente conocida como la enfermera de Hugo Chávez.
Luego de que un jurado federal en el Distrito Sur de Florida declaró culpables a Díaz y a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa (el guardaespaldas de Chávez) por su participación en un esquema de lavado de dinero, sobornos y cambio de moneda de miles de millones de dólares, este jueves el Departamento de Justicia reveló detalles de la trama, reseñó Monitoreamos.
Según los documentos judiciales, Díaz y Velásquez aceptaron más de 100 millones de dólares en sobornos de parte de Raúl Gorrín, actual propietario del canal Globovisión.
«La conspiración involucró grandes cantidades de efectivo escondido en cajas de cartón, compañías ficticias en el extranjero, cuentas bancarias suizas y transferencias bancarias internacionales enviadas por Gorrín para comprar múltiples jets privados, yates y para financiar una línea de moda de alta gama iniciada por Díaz y Velásquez en el sur de Florida», asegura la información.
Gorrín pagó sobornos a Díaz, incluso a través de su esposo Velásquez, para obtener acceso a comprar bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que resultó en cientos de millones de dólares en ganancias.
Gorrín está acusado formalmente desde agosto de 2018 y sigue acusado en la denuncia formal superior como coconspirador en el mismo esquema de lavado de dinero.
A Díaz y Velásquez los hallaron culpables. Ella por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de lavado de dinero. A él se le culpabilizó por un cargo de conspiración para lavar dinero y dos cargos de lavado de dinero.
La sentencia contra Díaz y Velásquez se conocerá el 21 de febrero de 2023. La pena máxima podría alcanzar los 20 años de prisión por cada cargo.