Dos días antes de Nochebuena, la oposición, configurada en torno al (casi extinto) G4, deberá decidir si mantiene la pesada carga del interinato presidido por Juan Guaidó.
Desde la instalación del ‘gobierno paralelo’, en enero de 2019, el grupo de partidos opositores, que tenía mayoría legislativa para el período anterior (2015-2020), no había mostrado el nivel de división que sufre estos días.
Horas antes de que se produzca la reunión, convocada por el propio Guaidó, para tomar la decisión, aún se desconoce la real correlación de fuerzas que tienen los dos sectores políticos entre los que se produce la grieta y que presentarán propuestas divergentes.
La sesión, que se llevará a cabo de manera virtual, consiste en el encuentro de un grupo de diputados de la anterior gestión legislativa, a la que consideran legítima a pesar de que el mandato constitucional solo les dio potestad hasta el 5 de enero de 2021.
Dicha reunión no tiene una clara reglamentación en torno al quórum, por lo tanto no se conoce con claridad quiénes votarían en ella, si todos los exdiputados o alguna comisión delegada que han levantado en el camino.
En todo caso, se han ventilado públicamente las dos propuestas y algunos de los actores que las apoyan.
Dos propuestas, dos sectores
La primera propuesta es la continuidad del ‘gobierno paralelo’ de Juan Guaidó.
Es respaldada por su partido Voluntad Popular, una fracción muy minoritaria que por sí misma no tendría peso ni político ni electoral, pero que ha estado apoyada por los republicanos desde Washington. Su líder, Leopoldo López, autor del golpe de 2019, admite que hay debates y apoyo a la idea de sepultar a Guaidó, pero cree que sería «una decisión desafortunada».
La segunda moción se basa en crear una comisión legislativa que sustituya a Guaidó y también la propia figura del interinato, sus órganos, entes y disposiciones. Fragmentos de esta propuesta han sido filtrados por medios como Bloomberg.
«Estamos oficialmente en precampaña y ahora presenta mayor cargo mantener la gramática de un proyecto que todos saben derrotado. Lo que tratan de hacer es virar el discurso hacia temas internos y sociales que se adapten al nuevo escenario del post-interinato».
Se podría comprender que de aprobarse esta fórmula, la comisión fungiría como una especie de ‘junta liquidadora’ del interinato, pero también como la nueva figura encargada de los activos de Venezuela en el exterior.
Esta segunda opción está siendo impulsada por Primero Justicia, partido al que pertenece Julio Borges, quien sirvió como ‘canciller’ del interinato, pero que ahora pide disolverlo porque «se ha desintegrado y ha caído en la inercia».
Un Nuevo Tiempo, el partido del gobernador de Zulia, Manuel Rosales (quien se perfila como un precandidato de peso para las presidenciales de 2024), y también de Omar Barboza, actual secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria (sustituta del G4), sería otra de las organizaciones entusiasmadas en poner fin a la ‘insurrección de Guaidó’.
El excandidato presidencial Henrique Capriles ha calificado de «chantaje» la idea de mantener el interinato y ha pedido a los diputados que no permitan su perpetuación.
Las dudas y la tensión se han movido hacia el cuarto partido, Acción Democrática, debido a que su voto sería decisivo. Su principal líder, Henry Ramos Allup, ha sido esquivo en pronunciarse sobre la alternativa que escogerá. Se ha rumorado que dejará a su ‘bancada’ en «libertad» para la toma de la decisión.
Desde octubre pasado, algunos medios como CNN han divulgado a fuentes de la oposición que afirman que Juan Guaidó ya no sería reconocido ni por la oposición venezolana ni por Washington. El desconocimiento oficial se llevaría a cabo en torno al 5 de enero, cuando constitucionalmente culmina, cada año, el período legislativo.
En años anteriores, antes de presentarse la fecha, la oposición entraba en negociaciones y ciertas crisis, pero nunca con tal nivel de confrontación. Y es que esta coyuntura tiene algo especial.
En las anteriores fechas previas al inicio de la legislatura, el interinato de Guaidó ya era un pesado bulto. Pero ahora hay importantes variantes: ya está decidida la realización de una elección primaria para un candidato unitario en la Plataforma Unitaria (PU); la Comisión de Primaria ha pedido apoyo técnico al Consejo Nacional Electoral y los precandidatos han llovido. Entre ellos, el propio Guaidó y casi una veintena más.
Además, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha previsto la posibilidad de un adelanto electoral.
Es decir, estamos oficialmente en precampaña y ahora presenta mayor cargo mantener la gramática de un proyecto que todos saben derrotado. Lo que tratan de hacer más bien los candidatos en precampaña, desde los más radicales hasta los más moderados, es virar el discurso hacia temas internos y sociales que se adapten al nuevo escenario del ‘post-interinato’.
«Un llamado al abstencionismo garantizaría el triunfo del oficialismo. Por ello la oposición no tiene muchas opciones: deberá ‘tragar grueso’ y aceptar las condiciones que han emergido después de años de rupturismo e insurrección extralegal».
El apoyo de Washington a un simulacro de ‘gobierno paralelo’ entorpece el desenvolvimiento de actores que están siendo señalados como responsables del bloqueo económico y, a la vez, del fracaso político que produjo el ensayo en torno a Guaidó.
Nuevas señales: ¿nueva oposición?
En días recientes, la Comisión de Primarias de la PU comenzó a hacer demandas logísticas al Consejo Nacional Electoral, ente que antes desconocía, lo que indica que la oposición está preparando su ingreso pleno a los caminos regulares.
Mantener el interinato va a obstaculizar ese ingreso a la normalización política. En ese caso, la participación de la Plataforma Unitaria siempre va a estar en los límites de lo legalmente permisible si aún reconoce otro gobierno diferente al establecido.
Este desajuste puede provocar un nuevo salto fuera de los cauces jurídico-legales a los que se están incorporando y en consecuencia un probable nuevo llamado a la abstención, bien por parte de la PU, si se judicializaran candidatos o tarjetas, o bien por parte de líderes con fuerza electoral que insistan en desconocer la normativa legal.
Un llamado al abstencionismo garantizaría el triunfo del oficialismo. Por ello la oposición no tiene muchas opciones: deberá ‘tragar grueso’ y aceptar las condiciones que han emergido después de años de rupturismo e insurrección extralegal.
La verdad es que esto