En Venezuela hay entre 277 y 299 presos políticos según las cuentas de organizaciones de la sociedad civil, porque el Estado no dice ni pío al respecto de la existencia de prisioneros políticos y menos aún de las condiciones de su reclusión.
De acuerdo con el Foro Penal, desde 2014 cerca de 16.000 personas han sido detenidas por motivos políticos. A la fecha alrededor de 9.000 personas siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de la libertad, más allá de las identificadas específicamente como prisioneros políticos.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una organización independiente con 34 años de historia a cuestas, lanzó en las redes sociales la campaña «Navidad sin presos políticos», un clamor nacional sin resultados a la vista.
«Aún estamos a tiempo de un milagro», advirtió Provea confiando en que estos días de reencuentro familiar que se prolongan hasta después del fin de año sean propicios para una medida humanitaria. Para ablandar alguna fibra sensible, si aún quedara alguna en la cúpula del régimen.
Hay una percepción compartida por las organizaciones que genuinamente defienden y protegen los derechos humanos y denuncian su violación ─lo cual excluye a la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo─ de que las causas de la privación de la libertad son injustas. Y que quienes las padecen ─con todas las letras de SUFRIMIENTO en mayúscula─ merecen absolutamente la libertad y, además y no menos importante, la reparación por los daños causados por el Estado y sus agencias y agentes represores.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, surgida en 2017 cuando arrecieron las protestas para restituir la normalidad constitucional, afirma que «el sistema de justicia se sigue usando para reprimir y perseguir a todo aquel que piense diferente o a todo aquel que sea víctima de un Estado donde no hay Estado de Derecho».
El último informe de Michelle Bachelet como alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, correspondiente al período 1° de mayo de 2021 – 30 de abril de 2022, ratifica que persisten las “detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, torturas y tratos crueles e inhumanos”.
Las organizaciones que denuncian estas violaciones de los derechos humanos han verificado que existen centros clandestinos donde médicos forenses se prestan para hacer informes falsos sobre los padecimientos de los presos políticos, a pesar de la existencia de una Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, de la que se desconocen sus integrantes y en la cual no hay participación de la sociedad civil.
A los presos por razones políticas se les encarcela por delitos que no cometieron, padecen torturas documentadas por ellos o sus familiares, les niegan la atención médica requerida y pasan hambre hasta que la piel se le pega a los huesos. Y, además, dice la Coalición por los Derechos Humanos, son sometidos a «procesos infames en juicios de dos, tres, cuatro o cinco años que nunca parecen tener fin».
¿Habrá un milagro? ¿El milagro es esta voluntad de resistencia al dolor y el escarnio?