Como una limitación que afectaría a los beneficiarios, consideran los miembros de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) el proyecto de ley de fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de estas instituciones que discute la Asamblea Nacional (AN). Señalan que no sólo atenta contra ellos, sino que establece una barrera a la ayuda social. Esto luego de las declaraciones de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, quien aseguró que estas operan «con fines absolutamente políticos y que reciben financiamiento de otras naciones».
María B. Jordán | LA PRENSA DE LARA.-
«No se puede tapar el sol con un dedo, las ONG lo que hacemos es atender a las personas que no pueden tener acceso a medicamentos, comida y otras áreas», manifestó José Ramón Quero, coordinador regional de Convite en Lara, cuya asociación se encarga de luchar por la igualdad de los adultos mayores. Agregó que nada más ellos en el estado cuentan con 5.000 beneficiarios, los cuales serían los principales perjudicados si se dejan de atender.
El proyecto de ley, según Diosdado Cabello busca prohibir que las ONG reciban financiamientos del extranjero para fines políticos, pues las dejaría en estado de ilegalidad, además que cuenta con 17 artículos que detallan que tampoco pueden promover o permitir actuaciones que atentan contra la estabilidad nacional o sus instituciones. Además de eso, establecen que quienes incumplan con la ley deben cancelar una multa que va desde los 50 hasta los 200 petros, dependiendo de la falta.
Por su parte, Manuel Virgüez, director de Movimiento Vinotinto, expresó que rechazan el texto de la Asamblea Nacional porque dijo que es violatoria, pues toda actividad social es política, «pero no nos negamos a que se exija a las organizaciones una rendición de cuentas, pero también tenemos derecho a que nos den la rendición en materias que consideremos», agregando que parece más un texto político que una ley.
En cuanto a Provea, coinciden en que se trata de un nuevo ataque en contra de la sociedad, pero también de los beneficiarios.
Walter Molina, quien es politólogo, señaló que con este proyecto de ley y con las organizaciones que ya están identificadas se trataría de desarticular cualquier organización ciudadana y «callar las voces de aquellos que denuncian», expresó el politólogo.
En la mira
Cabello manifestó que tiene 62 ONG identificadas, entre esas Súmate, Provea, Futuro Presente, Lidera, Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y Más Ciudadanos.
Todas estas organizaciones se han pronunciado y aseguran que se trata de un golpe y un ataque para el trabajo que han venido haciendo a lo largo de este tiempo, pues se trata de ayudar a las personas más vulnerables.
«No pretendemos ilegalizar ni atacar»
Saúl Osío, diputado ante la Asamblea Nacional de 2020, explicó que con este proyecto de ley de fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), no se trata de perseguir, ilegalizar ni mucho menos limitar la acciones que realizan estas organizaciones en cada área.
Explicó que muchas ONG están financiadas por gobiernos foráneos, como en el caso de Estados Unidos «y su fin no es la ayuda social, sino politizar y desestabilizar el país», aunque aseguró que hay quienes sí cumplen con su objetivo y es lo que buscan detectar.
En cuanto al estatus del proyecto de ley, agregó que esta es la primera discusión, luego viene el debate público para posteriormente aprobar la ley para que se ponga en marcha.