Buena parte de los dirigentes de oposición que figuran en las encuestas de opinión con mejor aceptación para las primarias se encuentran inhabilitados por la Contraloría General de la República para ejercer funciones públicas. Según politólogos y abogados, este Poder Ciudadano ha utilizado las inhabilitaciones administrativas como práctica recurrente desde el año 2000 para sacar del terreno político a aspirantes que gozan de popularidad o que le pueden hacer contrapeso al Gobierno en una contienda electoral.
Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.-
A pesar de esto, la Comisión Nacional de Primarias ha anunciado que cualquier dirigente de oposición esté o no inhabilitado puede participar en las elecciones internas del 22 de octubre de 2023, como una estrategia para presionar al oficialismo si logran un candidato unitario que sea legitimado con los votos de la población. Pero analistas aseguran que el camino puede ser peligroso y lleno de encrucijadas si antes la oposición no logra un acuerdo mínimo de negociación con el Gobierno, que consista en levantar todas estas sanciones para las presidenciales 2024.
El miércoles 01 de marzo, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, se refirió en el canal Venezolana de Televisión (VTV) a Henrique Capriles Radonski, que el sábado 25 de febrero fue elegido por consenso en la Junta Directiva Nacional de Primero Justicia como el candidato de esta organización para las primarias. El número dos del chavismo recordó que Capriles carga sobre sus hombros una inhabilitación política de 15 años, desde el 06 de abril de 2017 cuando era gobernador de Miranda por, supuestamente, haber incurrido en irregularidades administrativas y daño al patrimonio público.
«No sé qué va a pasar ahí ¿Qué creen ellos que va a ocurrir? No sé por qué lo designaron si está inhabilitado. Deberían estar preparados para alguna eventualidad. A menos que ellos ya sepan que va a perder», expresó Cabello en su programa Con el Mazo Dando.
En condiciones similares está Juan Guaidó, quien en 2019 el contralor general de la República, Elvis Amoroso, lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos por la supuesta falsificación de datos en su declaración patrimonial y por recibir dinero del exterior sin justificación.
En mayo de 2015 fue inhabilitado políticamente por la Contraloría de Táchira, César Pérez Vivas por siete años por presuntos actos de corrupción cuando ejercía el poder en la gobernación de este estado andino.
El 24 de febrero de 2021, Elvis Amoroso, anunció vía Twitter que 28 diputados de la Asamblea Nacional 2015 estaban inhabilitados por no presentar su Declaración Jurada de Patrimonio.
En las elecciones regionales y municipales de noviembre de 2021, 27 candidatos no pudieron inscribir su candidatura en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la inhabilitación impuesta por la Contraloría General, siendo el Partido Comunista de Venezuela (PCV) el más afectado con 15 inhabilitaciones. Uno de esos dirigentes fue Eduardo Samán, exministro de Comercio del chavismo, quien vio truncada la posibilidad de aspirar a la Alcaldía de Libertador.
En noviembre de 2021, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió el conteo de votos de la elección a la Gobernación de Barinas, donde había ganado Freddy Superlano, de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), porque estaba inhabilitado por la Contraloría. Su esposa Aurora Silva, también fue inhabilitada y se le notificó en el instante en que intentaba inscribirse como candidata en la repetición de esos comicios, a pesar de que nunca había ejercido cargos públicos ni manejado recursos del Estado.
No hay precisión de cuántos políticos se encuentran inhabilitados actualmente en Venezuela. Pero una publicación en el portal web de la Contraloría General establece que del 2000 al 2012 estaban inhabilitados administrativamente 924 personas, cuando el contralor general era Clodosbaldo Russián.
Violan la CIDH
Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, informó que todas las inhabilitaciones políticas que se han registrado en Venezuela son ilegales, violan la Constitución nacional y las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que considera las inhabilitaciones administrativas de Venezuela «una arbitrariedad dirigida a obstaculizar los derechos políticos de personas opositoras».
«Las inhabilitaciones administrativas para ejercer cargos políticos son una violación de los derechos humanos, vulnera leyes internacionales y en todo caso una inhabilitación tiene que ser dictada por un juez. Se deben notificar con tiempo, no es como ha ocurrido en Venezuela que de un día para otro hay políticos que los inhabilitan o se enteran cuando están en el CNE a punto de inscribir su candidatura, porque se debe abrir un procedimiento judicial, así lo establece la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Y del Sistema Nacional de Control Fiscal», explicó.
De acuerdo con el artículo 39 de la carta magna, todo venezolano tiene derecho a ser electo para cargos representativos porque es un derecho político esencial de los ciudadanos, que sólo se pierde cuando a una persona le sea revocada su nacionalidad. «O cuando mediante sentencia definitiva de un juez competente se declare la interdicción civil de la persona por su incapacidad, en los términos establecidos en el artículo 393 del Código Civil, o se le imponga la pena accesoria de la inhabilitación política en los términos del Código Penal por algún delito cometido (artículo 24)», señala un documento en línea del doctor Allan R. Brewer-Carías, especialista en derecho constitucional, donde explica por qué fue «inconstitucional» la inhabilitación de Henrique Capriles.