La impunidad reina en los casos de violaciones de los derechos humanos en Venezuela y según defensores no hay avances significativos en las presuntas ejecuciones extrajudiciales y las muertes en el contexto de manifestaciones entre 2014 y 2017.
Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA.
Para Marino Alvarado, abogado y coordinador de la ONG Provea, el sistema de justicia en el país se encuentra al «servicio de la represión e impunidad», indicó que este tema debe ser un punto que se debe resaltar en el informe oral que presentará el miércoles la Misión de la ONU por las graves violaciones a los DD. HH. como detenciones, torturas y ejecuciones.
Al menos el 94% de los crímenes ocurridos en manifestaciones en Venezuela están impunes, pues los defensores de los derechos humanos aseguraron que el Gobierno nacional no tiene «voluntad de hacer investigaciones».
En las investigaciones sobre las muertes por las manifestaciones no hay autores materiales ni la cadena de mando tras las rejas. Entre abril y agosto de 2017 se cometieron 143 crímenes, de los cuales sólo 15 de los casos tienen sentencia, las familias de las víctimas aún esperan por justicia, esa que ha tardado casi seis años, pero que no pierden las esperanzas.
El martes 21 de marzo, el alto comisionado de la ONU, Volker Türk, hablará sobre la situación en Venezuela y la cooperación técnica de la Oacnudh al Estado venezolano, donde tendrán un diálogo interactivo con los miembros del Consejo de Derechos Humanos.
«La situación del país se va a debatir en un momento en el que no se ven avances en el cumplimiento del memorándum entre el Gobierno nacional y la Corte Penal Internacional, en el que siguen negando las cifras de más de 7 millones de venezolanos que han tenido que huir de manera forzosa hacia otros países», sostuvo Alvarado.
Por último, el abogado comentó que en el país continúa existiendo el control absoluto de las principales instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, por lo que no existe una separación de poderes.
Casos continúan
Por su parte, Martha Tineo, abogada y coordinadora general de la ONG Justicia Encuentro y Perdón, indicó que la situación de los DD. HH. en el país sigue siendo muy caótica, pero los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos siguen monitoreando, documentando y visibilizando la situación.
La abogada explicó que el Consejo de la ONU hablará sobre Venezuela y ella tendrá una intervención. Espera que en ese debate se resalte que por parte de las autoridades nacionales no hay un avance en las investigaciones de los casos de crímenes de lesa humanidad y que se mantiene la impunidad.
«No estamos hablando de un pasado, las violaciones de los derechos humanos lamentablemente siguen ocurriendo, seguimos teniendo más de 320 presos políticos, según los registros de nuestra organización la mayoría de ellos víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, situación de salud muy complicada como consecuencias de estas torturas», comentó Tineo.
A su vez, los defensores de los derechos humanos explicaron que en Venezuela el Gobierno ha «gastado» dinero para una campaña en donde muestran que en el país se arregló la situación económica y social, pero que esto queda desmentido cuando desde comienzos del año 2023 la población ha salido a protestar exigiendo salarios y la situación caótica de los servicios públicos, que es una grave vulneración a los derechos.
Más de 2 mil testimonios
Más de 2.000 formularios y videos de presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos fueron enviados a la Corte Penal Internacional (CPI) para la consulta sobre reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad.
Manuel Virgüez, director del Movimiento Vinotinto, explicó que todavía falta el proceso de analizar la información recibida para presentar a la corte sus conclusiones.
«Faltará que el fiscal, Karim Khan, presente estas resultas que tienen más de 6 años siendo documentadas y que dentro de ese expediente están los casos de Lara, como las muerte de Tony Canelón, Manuel Sosa y Nelson Arévalo junto con las demás personas que fueron víctimas de la represión», comentó Virgüez.
Dado el volumen de la información, la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó una prórroga hasta el 20 de abril.