La Corte Penal Internacional reveló un informe con el testimonio de 8.900 personas que relatan cómo fueron sometidas a asfixia con bolsas de plástico que contenían insecticidas, descargas eléctricas, abusos sexuales o golpes, entre otras brutales torturas
Por Julio Borges – Infobae
La Corte Penal Internacional divulgó un informe de 57 páginas que recoge el testimonio de 8.900 víctimas sobre los crímenes de Lesa Humanidad que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro. En un trabajo minucioso, estructurado y metodológico se recogió por parte de la CPI lo que ha sido una gran evidencia de las monstruosidades que Maduro y su entorno han perpetrado, sometiendo a millones de venezolanos a vejámenes que han superado incluso a los aparatos de violaciones sistemáticas de DD.HH. de las dictaduras del siglo XX.
Hay varias cuestiones de interés dentro del testimonio de cada víctima. Lo primero, y quizás evidente, es que sus declaraciones desnudan al fiscal de la dictadura Tarek William Saab, quien desde hace un tiempo desempeña una agresiva campaña para tratar de manipular los resultados de la investigación de la CPI, simulando procesos judiciales independientes, juzgando a funcionarios de bajo nivel y maquillando los mecanismos de búsqueda de la justicia. Los consultados por la organización con sede en La Haya fueron enfáticos en señalar que bajo el actual régimen no hay forma de lograr justicia, verdad y reparación. Sus voces jamás han sido escuchadas, sus llantos de justicia han sido ignorados y su intención de hallar la verdad ha recibido garrote de la dictadura. Razón por la cual la CPI debe darle luz verde a la investigación para poder determinar responsables, imputar delitos e imponer la justicia que tanto anhelan los venezolanos.
Lo segundo de este informe y que también es digno de destacar es precisamente la crueldad de cada caso. Pareciera que la animadversión se adueñó de los corazones de quienes secuestran el poder político en Venezuela, siendo portadores de una conciencia sucia, que los perseguirá de por vida por el nivel de daño ocasionado. Casi que no te debe correr sangre por las venas para leer cada testimonio. Te llena de indignación, y te hace dudar de si la conciencia se extinguió en la acera de la dictadura. Hay víctimas que han sido objeto de asfixia con bolsas de plástico que contenían insecticidas, descargas eléctricas, abusos sexuales, golpes y hasta han llegado a arrancarles las uñas de las manos y los pies con tenazas a los detenidos.
“Lo desnudaron y le ordenaron a un perro rottweiler que le mordiera los testículos”. “Me hicieron parar en un banco de plástico, me colgaron del cuello, me golpearon varias veces en el estómago mientras me hacían preguntas. Los golpes fueron tan fuertes que una de las patas de la banca se rompió, así que me colgaron y perdí el conocimiento”, rezan algunos testimonios. ¡Vaya nivel de sadismo de quienes cometen estos actos!
“Uno de ellos (SEBIN) se bajó los pantalones y amenazó con violarme, me orinó encima y me dijo que le dijera [a nuestra líder] que era una terrorista fascista, y que si seguíamos conspirando contra la revolución nos iban a matar”. Cada línea es más desgarradora que la otra, nos hace percibir de cerca el sufrimiento humano y la maldad de los perpetradores. Pero también nos pone en conocimiento de la batalla de los presos políticos, especialmente de los militares, que han dejado literalmente su piel para hacer frente a un sistema de vigilancia, control y tortura que se mese sobre los cuarteles venezolanos y que tiene su génesis en Cuba. Porque de lo que no se habla es que estas técnicas sofisticadas de tortura fueron extraídas del modelo castrista e instaladas en Venezuela con el propósito de sostener una dictadura a fuerza de violencia.
Maduro lo único que lidera son estos campos de concentración, donde la deshumanización reina a sus anchas y largas, y donde cada lágrima es el resultado de la fuerza bruta y desmedida contra un inocente. Por eso el mundo libre debe acompañar la labor del fiscal de la CPI y garantizar que los perpetradores de crímenes de Lesa Humanidad sean puestos a la orden de la justicia internacional. No podemos esperar que Maduro reforme el sistema de justicia o que detenga sus patrones de violación de DD.HH., si el mundo no lo presiona. La dictadura quiere convertir el tema de la justicia de la CPI en un asunto político, solicitando que se deponga la investigación para avanzar en una negociación política. Esto demuestra su exigua intención de progresar en una agenda política que lleve a una solución democrática en el país, pero también confirma lo poco que le importa a la dictadura las víctimas. La justicia no se puede negociar, quienes cometieron atropellos contra inocentes deben responder por sus actos.