El reciente anuncio salarial dado por el gobernante Nicolás Maduro es considerado por economistas como discriminatorio, desigual y regresivo. Afirman que el esquema utilizado para ajustar los ingresos de los trabajadores prácticamente eliminó los componentes del sistema de protección social venezolano. Mientras que los pensionados quedan en el umbral de la más extrema pobreza
Ahiana Figueroa|@ahianaf| TalCual
El anuncio salarial del gobernante Nicolás Maduro este lunes 1° de mayo se enfocó en la profundización del uso de las bonificaciones para ajustar el ingreso de los trabajadores. El tan esperado aumento del salario mínimo nunca llegó, lo cual generó cientos de críticas por parte de los sindicatos y diversos gremios, pero también economistas advirtieron que se socavó el sistema de protección social de los venezolanos y que una vez más, el gobierno no toma las medidas necesarias para acabar con los principales enemigos del bolsillo de la población: la inflación y la devaluación.
Maduro dijo este martes al firmar el decreto que el bono de alimentación para los trabajadores de la administración pública y sector privado aumentará a 40 dólares indexados al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), dejando el sueldo mínimo en 130 bolívares, el mismo que se devenga desde hace más de año y medio. Por otra parte, aprobó un «bono de guerra» de $30 también indexado que se cobrará de forma mensual para los registrados en el sistema Patria.
Estos bonos también incluye a los jubilados y pensionados del IVSS, dejándolos en $49 mensuales indexados más su jubilación de Bs 130 para los primeros, y en $20 mensuales más la pensión de Bs 130 para los segundos.
A juicio, del economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Leonardo Vera, «con este anuncio la figura del salario mínimo queda definitivamente enterrada» y, con ella igual todo lo concebido en el convenio 26 ratificado por Venezuela ante Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas y profesor de la Universidad del Zulia, el anuncio de este 1° de mayo relativo al aumento de las remuneraciones a los trabajadores «es impresentable, tanto por su impacto en la desigualdad y calidad de vida, como en el desequilibrio del sistema económico y en el fraude fiscal que conlleva».
Mientras que para el economista Antonio Paiva, los anuncios «son un ritual, simple y mentiroso para utilizar el 1° de mayo como un discurso más. El ajuste salarial es mínimo y no cubre las necesidades de la canasta alimenticia y mucho menos la cesta familiar».
Explicó Vera que estos bonos, aunque marcados en dólares, se pagaran en bolívares al tipo de cambio oficial, por lo que el ingreso mínimo sería a la fecha la sumatoria de 130 + 988 + 494 bolívares, lo que daría un total de Bs 1.612. Esto significa que para un trabajador que gana salario mínimo, éste corresponde a sólo 8% de su ingreso.
Destacó que esta acción de fijar las remuneraciones en una moneda distinta al bolívar, es positiva para los trabajadores, pues es una forma de proteger el ingreso de las fluctuaciones cambiarias. No obstante, acota que desafortunadamente, aplicará sólo para los bonos y no para el salario.
«La ´bonificación´ de los ingresos, una tendencia amplificada por la gestión de Nicolás Maduro, acaba así mismo con el régimen de prestaciones sociales y afecta otros beneficios laborales», dijo Vera.
Al estos bonos «concedidos por su gracia», no incidir en el cálculo de prestaciones sociales, ni de utilidades, ni de otros beneficios laborales, se convierte «en un esquema regresivo por diseño (y probablemente de espaldas a la Constitución), pues un trabajador que gana salario mínimo acumula prestaciones sobre un porcentaje de su ingreso que es menor al de los trabajadores que ganan más que sueldo mínimo».
Cabezas coincidió en que el actual sistema de remuneración ha dejado de valorar el salario del mundo del trabajo, no solo por el episodio hiperinflacionario y la recurrente inflación alta; sino también porque «el discurso oficialista demagógico contra la bonificación del ingreso de los trabajadores fue enviado a una papelera. No incrementar el salario mínimo en niveles miserables de 5,2 dólares y recurrir a los bonos, significa una tremenda desigualdad en la distribución del ingreso».
Recalcó que a los trabajadores se les cercenan su derecho a un salario suficiente y a la posibilidad de un cálculo justo de sus prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos.
Cabezas destacó que esto, además de ser socialmente injusto, es arbitrario, ilegal al violar el artículo 108 de la Ley del Trabajo e inconstitucional por incumplir el artículo 91, vulnerando conquistas laborales históricas, retrotrayéndonos a un neoliberalismo extremo, favorable al capital y al Fisco de la nación.
«Le llaman capitalismo salvaje, aquel donde el 10% de la población más pobre de Venezuela participa apenas del 0,8% en el ingreso total per cápita», dijo.
El también economista Hermes Pérez afirmó que el anuncio de Maduro «se traduce en la eliminación de facto del salario como base de cálculo y la progresividad de los derechos laborales». Por lo tanto tienden a desaparecer el pago de las vacaciones y las utilidades. «Sin dudas, es la mayor desmejora laboral en nuestra historia contemporánea».
Además -destacó- las pensiones y las jubilaciones, que se calculan tomando como base el sueldo mínimo, tenderán igualmente a desaparecer, así como los aportes al Seguro Social y el paro forzoso. «Y con esto la poca sostenibilidad del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales».
El profesor de la UCV, Leonardo Vera también acotó que al no ser los pensionados receptores del bono de alimentación, el sistema es además discriminatorio y probablemente también ilegal pues deja a los pensionados ganando 40 dólares menos de lo que gana el trabajador con ingreso mínimo. «Vale recordar que de acuerdo a los ajustes hechos por el Banco Mundial, toda persona que devengue menos de 64,5 dólares mensuales se considera en pobreza extrema, así quedan más de 5 millones de pensionados».
Sin dinero no hay paraíso
Los economistas reiteran que sin un programa real de estabilización macroeconómica jamás las remuneraciones de los trabajadores tendrán capacidad de compra. La persistente inflación y devaluación del bolívar seguirán haciendo estragos en los ingresos de los trabajadores.
Para Rodrigo Cabezas, economista, profesor e investigador de LUZ, se confirma la ausencia de un programa económico con sus componentes fiscales, monetarios, cambiarios y de producción, y sus obligantes metas de crecimiento, inflación y empleo.
«Quienes gobiernan, en lo que llaman ´la alianza cívico, militar, policial´, no saben que no saben. Lo que está ejecutando el gobierno es un intento de detener la escalada inflacionaria con un desplome del consumo por reducción drástica del salario real y la contención de agregados monetarios por la vía del gasto público. Muy mal asesorados por una rudimentaria visión monetarista que le importa nada la vida digna de los trabajadores y nos aleja cada vez más del virtuosismo de dos de las principales variables del desarrollo: la inversión y el consumo».
Asdrúbal Oliveros, economista y socio-director de Ecoanalítica, propuso recientemente la necesidad de una reforma integral del Estado, pero no solo en gastos sino en ingresos, para así poder pagar mayores salarios. Recordó que el Estado venezolano ya tuvo un fuerte recorte de gastos, pero se dio de forma desordenada, sin establecer prioridades.
Oliveros destacó en una entrevista al circuito Exitos que el mayor recorte que ejecutó el gobierno se tuvo que hacer en su momento fue en remuneraciones y pensiones. «En 2012 el gasto publico rondaba los 50 puntos de PIB (Producto Interno Bruto), niveles importantes de gasto, hoy el gasto publico ronda los 15 puntos de PIB», acotó.
Insistió en que el régimen de pensiones no puede ser solo público, debe incluir al sector privado. Igualmente sostuvo que se debe eliminar el subsidio a la gasolina y se cree un fondo que le traiga beneficios a los venezolanos. «Esta ayuda no está teniendo ningún uso ni utilidad para la gente, convirtiéndose en un subsidio regresivo».
Leonardo Vera recordó que consciente de que ha acabado con otro de los componentes del sistema de protección social venezolano (las prestaciones sociales), Maduro ordenó en compensación la entrega de 50 pozos petroleros a los trabajadores venezolanos, aunque «no dio detalles de cómo procederá este reparto».
La orden ejecutiva se origina además en momentos en que la estatal industria petrolera venezolana, se encuentra envuelta desde hace años en cientos de hechos de corrupción, lo que dejó en evidencia la poca o casi nula contraloría a Pdvsa.
El profesor Antonio Paiva resaltó que todo incremento salarial sin respaldo aumentará el déficit fiscal y generará más inflación. «Si no sé incrementan las exportaciones petroleras, no podrá haber un incremento real de los ingresos familiares. La retórica anti imperialista de Nicolás Maduro no convence ni a sus seguidores. Lo más terrible es que no entienden, ni se preocupan por entender. Y no escuchan a quienes le pueden explicar».
Sobre el impacto fiscal de las medidas laborales, Cabezas calcula que el gobierno central pretendía gastar en remuneraciones de mayo a diciembre de 2023, aproximadamente 2.044 millones de dólares, sin aumentos de ningún tipo. No obstante, con los anuncios del 1° de mayo, el gasto presupuestario asciende para los mismos ocho meses, aproximadamente a $2.656 millones.
«El esfuerzo fiscal no supera los 76,5 millones de dólares mensuales. Estamos frente a un ajuste presupuestario cuya cruz, el gobierno ´obrero´, la ha colocado en los hombros del ingreso de los trabajadores venezolanos», dijo.
Sostuvo que con «la engañifa» del cesta ticket y del bono de guerra, la administración de Maduro logra el alivio fiscal, «provocando una desigualdad en el ingreso de los trabajadores activos, jubilados y pensionados, como pocas veces hemos visto en nuestra vida republicana».
El exministro señaló que, medido en términos reales, el ingreso de los trabajadores, de todos ellos, a diciembre de 2023, se habrá reducido cerca de 10%. «Una lacerante e incontrolable inflación superior a 200% es definitoria para este resultado».