El régimen de excepción que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impulsa, y que le ha permitido neutralizar a las maras en ese país centroamericano, acumula ya más de 71.000 personas detenidas. No solo las cárceles están desbordadas, sino también los juzgados. En ese contexto, el Parlamento salvadoreño —dominado por el partido de Gobierno— ha aprobado disposiciones transitorias y reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, que aumentan las penas para los cabecillas de pandillas y permiten la realización de juicios colectivos. En estas audiencias masivas de hasta 900 detenidos se procesará a estructuras criminales completas, en vez de someter a los acusados a procedimientos individuales. La decisión ha generado alarma en una situación en la que, según calculan organismos de derechos humanos, hay al menos 5.490 “víctimas directas, inocentes” encarceladas por esta política de mano dura.
Los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas alegaron que la medida “facilitaría a los jueces dictar sentencia de forma más rápida a los criminales y evitar que miembros de estas estructuras delictivas salgan en libertad”. Esta reforma oficializa una práctica que la justicia salvadoreña ya venía realizando de facto ante el elevado número de detenciones de pandilleros, entre ellos miles de ciudadanos que no tienen vínculos con estas estructuras delictivas.
Un grupo de expertos de Naciones Unidas (ONU) alertó en mayo que las audiencias iniciales, en las que los jueces revisan la legalidad de un arresto y deciden sobre los cargos y la prisión preventiva, se celebraban en grupos de hasta 500 personas. “A los defensores públicos se les ha dado de tres a cuatro minutos para presentar los casos de 400 a 500 detenidos a la vez. También se ha informado sobre juicios masivos. Estos procesos son, a menudo, realizados de manera virtual, socavan el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos”, sostienen los expertos.
El régimen de excepción fue aprobado en marzo de 2022 por un periodo de un mes y ha sido ampliado en reiteradas ocasiones por los diputados. Si bien la agresiva política ha neutralizado a las maras, lo que ha reforzado la popularidad de Bukele —al punto de buscar la reelección contraviniendo la Constitución del país—, los organismos de derechos humanos han documentado una ristra de vejámenes. Amnistía Internacional denunciaba en mayo que 132 personas habían muerto bajo custodia del Estado, además de violaciones flagrantes al debido proceso y desapariciones forzadas.
De acuerdo con los expertos de Naciones Unidas, “el uso excesivo de la prisión preventiva, la prohibición de medidas alternativas, los juicios en ausencia y la posibilidad de utilizar prácticas como ‘jueces sin rostro’ y testigos de referencia, atenta contra las garantías del debido proceso”.
El diputado de oposición Jaime Guevara sostuvo que la reforma aprobada representa “un riesgo y una amenaza para los presos inocentes que están en las cárceles a esperas de un procedimiento penal justo”. “Esto supondría que cualquier capturado sea incluido a un grupo de pandillas para que enfrente su proceso penal como estructura y no de manera individual, lo que violenta el debido proceso”, reclamó. La parlamentaria Claudia Ortiz alegó que la reforma “únicamente servirá para hacerle el trabajo más liviano a la Fiscalía, para que ya no tenga que investigar”.
La presidencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia recibió el anteproyecto de ley tan solo 24 horas antes de ser aprobado para que pudiera emitir observaciones al respecto. Pese al corto tiempo, la magistrada Sandra Luz Chicas advirtió de que la reforma tiene elementos “decorativos” hasta otros que podrían convertir a los jueces en “pasapapeles”.
“Pareciera que el juez va a ser solo pasapapeles y no va a poder valorar”, insistió Chicas. “La observación [sobre el aumento de penas a los cabecillas de las maras] es el principio de proporcionalidad, porque pudiera haber una crítica técnica de que se diga que se le está poniendo más pena al que dio la orden que al que directamente mató. Hoy por hoy, el autor directo, el coautor y el mediato tienen igual pena, ni más ni menos”, explicó la presidenta de la Sala de lo Penal.
Pese a todas estas valoraciones técnicas, el ministro de seguridad de Bukele, Gustavo Villatoro, insiste en justificar la reforma: “Aquí hablamos de hasta 900 imputados por clica o cancha. Tenemos claro que las pandillas actuaban como un corporativo criminal en el que las 15 sillas [cabecillas] determinaban las actividades criminales que desempeñarían las clicas o canchas”. “Clicas” hace referencia a los grupos o células que existen dentro de las maras y “canchas” a los territorios que controlan.
Naciones Unidas ha llamado en reiteradas ocasiones la atención a la Administración de Bukele. Los expertos resaltan que si bien el Gobierno tiene la obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, “no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”.
A través de su cuenta de Twitter, su canal preferido de expresión, Bukele incluso respondió a las críticas que vertió el presidente de Chile, Gabriel Boric, por la estrategia de mano dura en El Salvador. Boric sostuvo en una entrevista con una cadena británica que “la solución solo se enfoca en las medidas más extremas y no en los temas de fondo”. “Es pan para hoy y hambre para mañana”, expresó. El mandatario salvadoreño no tardó en cargar contra su homólogo chileno: “Pues este Gobierno puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa del delito. Qué difícil ha de ser liderar un país teniendo tan poco sentido común. Gracias a Dios los chilenos son más que su presidente”.
Y eso les preocupa?
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