En un trágico suceso, el gobierno de Irán llevó a cabo la ejecución de cinco presos condenados por violación. Este acto se enmarca en una preocupante ola de ahorcamientos que ha azotado a la República Islámica, con más de 400 ejecuciones en lo que va del año.
Las ejecuciones tuvieron lugar en la madrugada de hoy en una prisión ubicada en la ciudad de Marand, al noroeste del país. La agencia Mizan, perteneciente al Poder Judicial, fue la encargada de informar sobre este trágico evento.
Según el fiscal del tribunal revolucionario de la ciudad, Zia Mehr, los cinco acusados fueron detenidos el 25 de mayo de 2022, apenas cuatro días después de cometer el delito. Posteriormente, confesaron sus crímenes, lo que condujo a su condena a muerte por secuestro y violación, aunque no se especificó la fecha en que se dictó dicha sentencia.
Irán se posiciona como el país líder en la aplicación de la pena de muerte, con un total de 576 ejecuciones llevadas a cabo tan solo en 2022. Esta cifra representa un alarmante aumento respecto a las 314 ejecuciones registradas el año anterior, según datos de Amnistía Internacional.
En lo que va de 2023, se estima que más de 400 personas han sido ejecutadas en Irán, siendo la mayoría de ellas condenadas por delitos relacionados con el tráfico y posesión de drogas, según informes de grupos defensores de los derechos humanos con sede en Europa.
Recientemente, el país presenció la ejecución de dos hombres el pasado 8 de julio, quienes fueron condenados por su participación en un atentado en un santuario chií el año anterior, el cual dejó un saldo de 13 personas fallecidas.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó su preocupación en mayo al estimar que cada semana se lleva a cabo la ejecución de al menos diez personas en Irán.
Este trágico suceso pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar la situación de los derechos humanos en Irán y de buscar alternativas a la pena de muerte como forma de castigo. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para promover el respeto a la vida y los derechos fundamentales en este país.