Los atentados explosivos en Quito podrían ser represalias por los traslados de presos a diferentes cárceles del país. Se difundió un video grabado en la cárcel de Turi donde un agente retenido afirma que llevan 24 horas sin noticias de sus familias. A pesar de los intentos de la prensa, no se ha confirmado la autenticidad de la grabación.
Se produjo una segunda explosión de un coche bomba en Quito en la madrugada del 31 de agosto. Según la Policía, el vehículo causó daños al edificio del Servicio de Atención Integral, encargado de las cárceles. La explosión ocurrió en el centro norte de la ciudad, cerca de una universidad. Esta detonación ocurrió poco después de otra explosión de un coche bomba en los exteriores del Ministerio de la Mujer. Las dos ubicaciones de los ataques están separadas por 1.3 kilómetros.
Los ataques ocurrieron después de que se registraran incidentes en la Cárcel de Turi, en el sur del país. La fuerza pública debía intervenir en esa prisión el 30 de agosto, pero los reclusos tomaron el control y retuvieron a 45 uniformados y a una civil. Se cree que esta cárcel está bajo el liderazgo de la banda criminal Los Lobos. Como suele ocurrir, el Servicio de Atención Integral no ha proporcionado información precisa sobre la situación en Turi hasta la mañana del 31 de agosto.
La Policía confirmó que el coche bomba era una camioneta con dos cilindros de gas licuado de petróleo en su interior y que estalló debido a un artefacto de mecha lenta. El edificio donde ocurrió la explosión es donde los presos firman las boletas de prelibertad. No se reportaron víctimas en el incidente.
El secretario de Seguridad, Wagner Bravo, declaró en una entrevista que los dos coches bomba fueron colocados para intimidar al Estado y evitar que las Fuerzas Armadas y la Policía cumplan con su función de controlar las cárceles. Seis personas fueron detenidas por su presunta participación en el primer coche bomba. Algunos de los sospechosos tienen antecedentes por robo, extorsión y asesinato. Las investigaciones están en curso para identificar a los autores intelectuales de los ataques.
Bravo también afirmó que estos grupos delictivos intentan presionar al Estado para evitar que actúe en su contra. Cuando se realizan operativos en las prisiones, se alerta a todas las unidades policiales y militares para estar atentas a las posibles respuestas de las bandas en las calles. Se activó un proceso de investigación e inteligencia después de las explosiones, lo que permitió la rápida detención de los sospechosos.