En los próximos meses, estaremos atentos a los acontecimientos relacionados con la controversia centenaria entre Venezuela y Guyana, y a la decisión que pueda tomar la Sala Juzgadora de la ONU. Una vez que presentemos nuestra respuesta a la demanda, pasaremos a la segunda etapa del proceso, donde demostraremos el robo que sufrimos a través del Laudo de París de 1899, el cual consideramos nulo de nulidad absoluta.
Es conocido que Guyana no ha sido cautelosa en este asunto y está dispuesta a todo. Existe una gran intranquilidad en su delegación, ya que sospechan que la resolución de la ONU no les favorecerá.
La excolonia británica no ha justificado su demanda de manera adecuada. No tiene pruebas suficientes para respaldar sus pretensiones. En lugar de eso, ha buscado alianzas con empresas transnacionales a cambio de concesiones ilegítimas en los bloques petroleros de la Zona en Reclamación. También ha intentado obtener comunicados y pronunciamientos de organismos internacionales, como la Caricom y la Commonwealth. Además, ha habido declaraciones desafortunadas de funcionarios de la OEA, así como maniobras diplomáticas incomprensibles por parte de Estados Unidos. Incluso algunos países que creíamos solidarios nos han dado la espalda, probablemente motivados por intereses económicos.
Hemos registrado la presencia de 59 compañías transnacionales que están explotando nuestros recursos en tierra firme, en el Mar Territorial y en la Zona Económica Exclusiva.
Exxon lidera las presiones sobre el presidente de Guyana y su equipo de gobierno, al igual que lo hizo con su predecesor.
Hay muchos intereses en juego y algunos representantes de la delegación guyanesa, respaldados por las empresas, llevan meses en La Haya.
Sin embargo, hasta ahora no han respondido a la pregunta formulada por el juez Ronny Abraham el 30 de junio de 2020 durante la audiencia oral. El juez les preguntó si habían agotado las alternativas de solución previas, como la negociación, la mediación y el arbitraje, antes de acudir a la Corte Internacional de Justicia. La falta de respuesta plantea dudas sobre posibles irregularidades procesales.
El equipo de Guyana parece estar más interesado en que la Corte confirme la validez del Laudo Arbitral de 1899 que en justificar su posición. Sin embargo, ese laudo fue anulado cuando se firmó el Acuerdo de Ginebra en 1966.
Seguiremos defendiendo el Acuerdo de Ginebra como el único documento válido para resolver esta disputa a partir de abril del próximo año.
Es alentador ver la solidaridad en Venezuela en apoyo a la restitución de lo que nos fue arrebatado.
Hemos estudiado minuciosamente nuestra historia, nuestros argumentos jurídicos y nuestra cartografía, y estamos seguros de nuestra posición en este litigio.
La mayoría de los jueces de la Corte Internacional de Justicia saben que tenemos los títulos legítimos que respaldan nuestra propiedad sobre la Guayana Esequiba.
Existen precedentes en la jurisprudencia de la Corte que respaldan nuestras reclamaciones, como la Real Cédula de Carlos III de 1777 y el Tratado de Paz y Amistad entre España y Venezuela de 1845.
Esperamos que la Corte examine los títulos presentados por ambas partes de manera imparcial. Confiamos en que no se dejará influenciar por los intereses de la contraparte y que respetará el Derecho Internacional.