El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, declaró el miércoles ante la Corte Penal Internacional (CPI) que los crímenes de lesa humanidad en su país son solo «un puñado de incidentes» que están siendo investigados por las autoridades de Caracas. Además, instó al tribunal a dirigir sus recursos hacia situaciones como la violencia en Gaza.
Durante su intervención en La Haya, después de dos días de audiencias en las que Venezuela buscaba detener la investigación de la CPI, Gil afirmó que la justicia nacional ya está llevando a cabo sus propios procesos. Según él, hasta ahora se han imputado a más de 255 agentes del Estado, se ha acusado a 64 personas y se ha condenado a 62 en casos de violaciones de derechos humanos que son de interés para la CPI y su fiscal Karim Khan.
Gil aseguró que Venezuela ha llevado a cabo todas y cada una de las investigaciones de manera independiente y basadas en las evidencias obtenidas en cada caso. Además, criticó los intentos de construir acusaciones infundadas contra su país para satisfacer las pretensiones de actores internos y externos.
En noviembre de 2021, la Fiscalía de la CPI anunció la apertura de una investigación formal sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde febrero de 2014. Venezuela solicitó en abril del año pasado que la investigación se dejara en manos de las autoridades nacionales, pero en noviembre el fiscal Khan pidió autorización para reanudarla debido a la falta de avances en las investigaciones y la imputación de altos cargos.
Después de meses de intercambio de argumentos, la CPI autorizó en junio la reanudación de la investigación, considerando que los procesos penales internos de Venezuela no reflejaban adecuadamente el alcance del caso. Venezuela apeló esta decisión y argumentó que ya estaba investigando por su cuenta.
Gil afirmó que la remisión de este caso a la CPI fue impulsada por motivos políticos y busca utilizar la institucionalidad del tribunal para atacar políticamente a Venezuela. Según él, su país ha enfrentado acciones de violencia promovidas y apoyadas desde el extranjero, incluyendo intentos de golpes de Estado y el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro. Aseguró que Venezuela tuvo que actuar para garantizar la vigencia de la Constitución y evitar una guerra civil.
El ministro reiteró el compromiso de Venezuela con la CPI y destacó que su país ha compartido alrededor de 30,000 documentos de diversa índole con la Fiscalía desde 2018. También señaló que los casos resueltos por la justicia venezolana superan ampliamente las condenas de la CPI en sus 20 años de historia, lo que demuestra que su país está mejor posicionado para garantizar la justicia.
Gil cuestionó si los recursos limitados de la CPI se están utilizando de la mejor manera al invertir en un puñado de incidentes en un país que está dispuesto y es capaz de llevar a cabo su propio trabajo. Además, pidió un trato justo, equilibrado y objetivo que restablezca la legalidad quebrantada por este proceso.
En estas audiencias, Venezuela estuvo representada por el reconocido abogado británico Ben Emmerson, cuya lista de clientes incluye gobiernos y figuras destacadas en todo el mundo.