Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el viernes 9 de febrero mientras intentaba salir del país a través del Aeropuerto Simón Bolívar, según fuentes cercanas a San Miguel. Su detención estaría relacionada con las investigaciones que realiza el régimen en relación a los casos de conspiración denunciados por Nicolás Maduro el pasado 15 de enero.
Hasta el 24 de enero, se habían registrado 36 detenciones y 22 personas solicitadas por la justicia venezolana en relación a estos hechos, según informó el fiscal general, Tarek William Saab. La detención de San Miguel ha generado preocupación y denuncias por parte de varias organizaciones de derechos humanos.
Provea denunció que San Miguel ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano, y que su detención es un hecho grave que evidencia el cierre progresivo del espacio cívico y la represión a las voces críticas. La organización Justicia, Encuentro y Perdón también se pronunció sobre la detención arbitraria de San Miguel y señaló que sus allegados desconocen su paradero.
Vente Venezuela afirmó que esta acción del régimen es parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos contra la sociedad civil. Por otro lado, la periodista Sebastiana Barráez también ha sido señalada por el gobierno de estar vinculada con estas conspiraciones, una acusación que fue rechazada por el Colegio Nacional de Periodistas.
El CNP denunció que esta detención constituye otro grave atentado contra la libertad de expresión, la libertad de información y el debido proceso. Además, criticó el incumplimiento de recomendaciones y protocolos de la ONU por parte de funcionarios de alto nivel de la Fiscalía y autoridades del Poder Judicial, quienes continúan ejecutando mecanismos que atentan contra la libertad de expresión y el deber de investigar los delitos cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Las autoridades gubernamentales informaron también sobre la expulsión de más de 30 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, implicados en estas conspiraciones, que incluían un intento de asesinato contra Nicolás Maduro. Estos eventos reflejan la creciente tensión y represión en Venezuela, así como la preocupante situación de los derechos humanos en el país.