Por JUAN PÉREZ – REPORTERO
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dado un giro en su estrategia política en el año 2023 al buscar abrir diálogos con la oposición y buscar una mejor relación con la comunidad internacional. Sin embargo, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, ha vuelto a recurrir a la represión contra la oposición y las organizaciones independientes.
En los últimos días, se han registrado una serie de arrestos y detenciones de opositores, lo que ha generado una mayor preocupación por el deterioro de la democracia en Venezuela. Entre los detenidos se encuentra la abogada Rocío San Miguel Sosa, presidenta de Control Ciudadano, una organización no estatal dedicada a la seguridad y defensa en el país.
San Miguel, junto con su hija, su exesposo, sus hermanos y su excompañero sentimental, fueron acusados de conspirar para asesinar a Maduro. Sin embargo, la defensa legal de la abogada ha rechazado estas acusaciones.
Estos arrestos se suman a la inhabilitación de la candidata presidencial María Corina Machado, quien fue escogida como candidata de la principal coalición opositora y se posicionaba como favorita para derrotar a Maduro en las elecciones.
Desde Estados Unidos y la ONU, se ha expresado profunda preocupación por estos arrestos y se ha instado a Maduro a cumplir con los compromisos adquiridos en los acuerdos de Barbados, que buscaban garantizar elecciones libres y honestas en el país.
Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han exigido la liberación inmediata e incondicional de San Miguel y los demás detenidos, así como protección contra el maltrato y la tortura.
En medio de este contexto electoral, es fundamental mantener el diálogo y buscar la reconciliación entre los venezolanos, sin criminalizar la defensa de los derechos humanos. La situación en Venezuela sigue siendo preocupante y es necesario que la comunidad internacional siga de cerca los acontecimientos en el país.