La declaración conjunta de la expresidenta de Chile y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, junto con 18 excancilleres latinoamericanos, exministros, embajadores y académicos de renombre, hace un llamado urgente a los gobiernos, las fuerzas políticas y la comunidad regional para evitar la consolidación de la tendencia dictatorial en Venezuela.
La Mesa de Reflexión Latinoamericana, conformada por destacadas personalidades de la política, la diplomacia y la academia de diversos países de la región, rechaza y considera un grave error político la decisión de Venezuela de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país y expulsar a su personal. Este acto, sumado a la detención de Rocío San Miguel, experta en seguridad y defensora de los derechos humanos, plantea un futuro sombrío para la democracia en Venezuela.
El manifiesto también es suscrito por el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, y los exministros de Relaciones Exteriores de Argentina, México, Bolivia, Chile, Perú, Guatemala y Uruguay. Entre los firmantes se encuentran también destacados excancilleres de Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina y Perú, así como el exministro de Hacienda de Colombia.
El documento destaca la importancia de lo que sucede en Venezuela para el resto de América Latina, especialmente en lo que respecta a la plena vigencia de los derechos humanos y la participación de Naciones Unidas. Se señala que, a pesar de las próximas elecciones presidenciales, las acciones del gobierno venezolano contra los opositores y críticos a sus políticas anticipan una falta de reconocimiento de los resultados electorales.
La Mesa de Reflexión Latinoamericana considera que el gobierno de Nicolás Maduro ha incumplido los compromisos acordados en Barbados entre el oficialismo y la oposición, los cuales buscaban establecer unas elecciones libres en 2024. Para recuperar el respeto en el mundo, la democracia en Venezuela debe permitir a los ciudadanos ejercer su voto en un ambiente de pleno respeto a los derechos humanos y libertades políticas, donde la pluralidad sea efectiva.
Los firmantes del manifiesto también resaltan las carencias que enfrenta el pueblo venezolano, como la precaria alimentación y el incremento de la pobreza, así como la migración de millones de personas hacia otros países del hemisferio. Además, se hace hincapié en que los colaboradores del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos, cuyas actividades han sido suspendidas por el gobierno de Maduro, han estado allí para detectar la realidad y contribuir en el diseño de planes para superar las dificultades. Expulsarlos por hacer su trabajo demuestra una miopía política y una obstinación autoritaria en mantenerse en el poder.
La grave situación en Venezuela no puede ser ignorada por los países sudamericanos que forman parte del Consenso de Brasilia, un mecanismo de concertación establecido en mayo de 2023. Los firmantes recuerdan que este consenso busca la coherencia en la gobernabilidad y eficiencia de cada país miembro para cumplir sus objetivos. Los recientes anuncios del gobierno venezolano van en contra de este objetivo y requieren de los mayores esfuerzos de los gobiernos, las fuerzas políticas y la comunidad regional para evitar la consolidación de esta tendencia dictatorial y antihistórica.
En conclusión, los firmantes de este manifiesto se comprometen a contribuir en la tarea de evitar la consolidación de la tendencia dictatorial en Venezuela, buscando un escenario donde los derechos humanos sean respetados y las libertades políticas sean garantizadas. Es fundamental que los gobiernos, las fuerzas políticas y la comunidad regional trabajen juntos para lograr este objetivo y devolver la democracia a Venezuela.