Más de 80 organizaciones están exigiendo que se respeten los derechos constitucionales y se defienda a la activista Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, quien fue detenida hace más de un mes bajo acusaciones de participar en una supuesta conspiración contra Nicolás Maduro.
Estas organizaciones, entre las que se encuentra la reconocida ONG Provea, han destacado en redes sociales que la criminalización de las defensoras de derechos humanos busca debilitar la lucha por la justicia y la igualdad en Venezuela.
Se ha señalado que la política de represión afecta de manera desproporcionada a las mujeres, ya que el efecto silenciador y de intimidación es especialmente perjudicial cuando las mujeres identifican un posible impacto en su entorno familiar.
Según denuncia la ONG, Rocío San Miguel sufrió desaparición forzada durante más de tres días, desde el viernes 9 de febrero, cuando se disponía a viajar con su hija Miranda. El 12 de ese mismo mes fue presentada ante el Tribunal 2° contra Terrorismo en Caracas, sin permitírsele designar a sus abogados de confianza.
Este acto de represión contra Rocío San Miguel busca desalentar el movimiento de derechos humanos en Venezuela, enviando un mensaje intimidatorio a todas aquellas personas que, al igual que ella, se atreven a alzar la voz contra las injusticias, expresó Provea.
Cabe recordar que el régimen de Nicolás Maduro la acusa de terrorismo y traición a la patria debido a su trabajo como defensora en la ONG Control Ciudadano, donde se encargaba de documentar, investigar e informar sobre temas relacionados con la defensa, soberanía nacional y asuntos militares.
Además, se ha resaltado que la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, que expresó preocupación por la detención de la experta, ha advertido que la práctica de intimidar a familiares es un patrón ya reportado en informes anteriores.
Ante esta situación, Provea y las demás organizaciones demandan la liberación inmediata de Rocío San Miguel, Javier Tarazona y todas las personas presas políticas y defensoras de derechos humanos detenidas arbitrariamente en Venezuela.