Rocío San Miguel, una destacada defensora de los derechos humanos y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, celebrará su primer cumpleaños tras las rejas el próximo 6 de mayo. San Miguel fue detenida el 9 de febrero y actualmente se encuentra recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, Caracas. Se le imputan varios delitos graves, incluyendo traición a la patria, terrorismo, conspiración, asociación, espionaje y su presunta participación en la operación militar conocida como Brazalete Blanco, un supuesto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro.
A pesar de haber pasado casi tres meses desde su detención, San Miguel aún no ha tenido acceso a sus abogados para preparar su defensa. El abogado Joel García, quien forma parte del equipo de defensa de la activista, ha denunciado recientemente que el juez a cargo del caso, Carlos Liendo, no permite que el equipo de defensa técnica privada se juramente para representar a San Miguel. Esto genera preocupación, ya que en ausencia de una defensa adecuada, San Miguel no podrá demostrar su inocencia y se enfrentará a un juicio en el que no se ha respetado el debido proceso.
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García teme que, si no se permite la defensa privada de San Miguel, ella no podrá recibir un juicio justo y será llevada a juicio sin la posibilidad de defenderse adecuadamente. Además, ha señalado que la defensa pública asignada a San Miguel nunca la ha visitado en El Helicoide y tampoco se ha comunicado con su familia.
El 8 de marzo, en el Día de la Mujer, San Miguel envió un mensaje al gobierno de Nicolás Maduro a través de su abogado. En el mensaje, solicitó que las autoridades reconsideren su situación y le otorguen la libertad de forma pronta. Además, reiteró su fortaleza y confianza en su inocencia, enfatizando que es una mujer comprometida con la paz y el diálogo.
La situación de Rocío San Miguel es preocupante y deja en evidencia las dificultades que enfrentan los defensores de derechos humanos en Venezuela. Es fundamental garantizar el respeto al debido proceso y brindar a San Miguel la oportunidad de ejercer su derecho a una defensa justa y adecuada.