Informa el Licenciado Roberto Cassiram, que ha llevado adelante las investigaciones contra la corrupción, la extorsión y tráfico de influencias en los tribunales de Género del Estado Aragua que, Ante la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Comisión Nacional de Justicia de Género, la abogada Matilde Paiva Mota presentó una denuncia formal contra los jueces José Alexander Infante Bolívar y Alfonso Elías Caraballo, coordinador de los tribunales de Violencia de Aragua.
La denuncia se centra en su presunta actuación irregular en el caso de acoso y ataques contra la periodista y profesora universitaria Dorelys Ramírez Paiva, perpetrados por Jean Antiba Abdel.
Jean Antiba Abdel fue acusado de hostigar a la periodista a través de llamadas telefónicas y mensajes en redes sociales. La evidencia fue entregada al Ministerio Público en septiembre de 2022, y tras la verificación de las pruebas, se formalizó una denuncia en enero de 2023 ante los tribunales especializados en protección a las mujeres.
El caso fue asignado al juez provisorio José Alexander Infante Bolívar, quien, según la denuncia, ha facilitado la impunidad de Abdel a cambio de sobornos. Matilde Paiva Mota afirma que Abdel ha alardeado públicamente de haber pagado 20 mil dólares a los jueces Infante Bolívar y Caraballo para evitar su condena.
Durante el proceso judicial, Abdel incluso admitió los hechos en audiencia, pero no recibió castigo alguno, manteniéndose bajo una medida cautelar en lugar de ser encarcelado, a pesar de tener antecedentes por agresiones contra su esposa.
En un intento de obstruir aún más el proceso, Abdel presentó un falso carnet diplomático de la ONU para alegar inmunidad, el cual fue inicialmente aceptado por el juez Infante Bolívar, retrasando el juicio para verificar la autenticidad del documento. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó rápidamente que Abdel no tenía ningún estatus diplomático, resultando en otra denuncia por falsificación.
El juicio ha excedido los plazos razonables, con múltiples dilaciones imputadas a los jueces involucrados. El reciente incumplimiento del juez Infante Bolívar de emitir un veredicto al término de la audiencia, bajo el pretexto de necesitar más tiempo para redactar la decisión, ha generado especulaciones sobre la entrega pendiente del soborno acordado.
Esta situación ha llevado a la víctima a trasladarse a Caracas y presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes, esperando que se intervenga para poner fin a estos abusos y garantizar la justicia.
Este caso destaca la necesidad urgente de transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial venezolano, especialmente en áreas sensibles como la protección de las mujeres contra la violencia y el acoso.
