Los debates en el Senado de México sobre un controvertido proyecto de ley de reforma judicial fueron interrumpidos este martes 10 de septiembre después de que manifestantes irrumpieran en el edificio, alimentando tensiones sobre el texto, que los críticos dicen temer que pueda dañar el Estado de derecho.
José Gerardo Fernández, presidente del Senado, suspendió la sesión y pidió a los parlamentarios mantener la calma mientras los manifestantes invadían el piso superior del recinto, coreando «traidores», para mostrar su oposición a la reforma.
Este incidente se produce después de varias semanas de protestas generalizadas contra el proyecto de ley. Estados Unidos y Canadá, los principales socios comerciales de México, han advertido que la reforma podría afectar su acuerdo comercial trilateral.
La medida emblemática del proyecto, propuesta por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, prevé que más de 6.500 jueces y magistrados, incluidos los de la Corte Suprema, sean elegidos por voto popular.
Es crucial el voto en el Senado de México para definir qué pasará con la reforma judicial
Según aseguraron los legisladores, han recibido presiones desde las fiscalías para que estos voten a favor de los cambios que ha planteado el saliente presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para que la reforma judicial tenga una final luz verde aún se necesita de la revisión y aprobación del Senado, la instancia en donde va actualmente el proceso.
La reforma fue impulsada por el Gobierno de López Obrador en febrero de este año como una de sus últimas jugadas como presidente, antes de pasarle el poder a su correligionaria Claudia Sheinbaum.
Mientras se mueven las fichas en el Legislativo mexicano, la atención ha girado sobre el senador Miguel Ángel Yunes. de la mayor fuerza opositora en la Cámara Alta, el Partido Acción Nacional (PAN, conservador).
El legislador del estado de Veracruz se había comprometido a votar en contra de la reforma, pero durante las últimas horas se perdió su rastro mientras que su bancada política le tildaba de traidor.
¿Cuál es la importancia del senador Yunes en todo este proceso?
Durante la ausencia del político, medios locales sugerían que el legislador pudo negociar con el Gobierno para evitar que su familia enfrentara cargos por corrupción de casos del pasado.
Si bien no se ha confirmado un acuerdo formal, la secretaria general del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), Citlalli Hernández, insinuó que Yunes estaría inclinado a votar a favor de la reforma.
El bloque oficialista, compuesto por Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuenta con 85 escaños en el Senado.
Sin embargo, para lograr la mayoría que les permita la reforma constitucional, se necesita de la mitad más uno de los senadores totales, donde la figura de Yunes podría tomar importancia.
La votación está programada para ejecutarse entre este martes y miércoles en medio de diversas manifestaciones en todo el país, especialmente del sector judicial, en paro indefinido desde hace casi tres semanas.
La controvertida figura de Miguel Ángel Yunes
A lo largo de su carrera, el político de 48 años ha enfrentado acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, convirtiéndose en el foco de atención en medio de esta polémica reforma.
Sus compañeros del conservador y opositor PAN lo instaron a resistir cualquier tipo de coacción que pudiera venir del oficialismo.
La senadora Lilly Téllez, una de las figuras más importantes del PAN, expresó su indignación ante los medios: «Yo estoy furiosa, la patria es primero».
Las tensiones han subido de tono y el posible apoyo de Yunes a la reforma podría darle al Gobierno el margen necesario para modificar la estructura judicial del país.
En paralelo, el Movimiento Ciudadano (MC), otro partido opositor, denunció que se están tomando «tácticas de presión extremas» en otros estados.
¿Por qué es tan polémica la reforma judicial en México?
La reforma judicial que ha generado una enorme polémica dentro y fuera de México permitiría que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular.
La iniciativa legislativa ya superó varias instancias, la más importante de ellas, su paso por la Cámara de Diputados el pasado 4 de septiembre.
Si bien el Gobierno argumenta que la medida reforzaría la democracia y la independencia judicial, sus críticos temen que la politización del proceso acabe con la imparcialidad del sistema.
Los detractores también argumentan que con esta reforma se perdería la experiencia y el conocimiento de los trabajadores del sistema judicial.
Organismos como la ONU y Human Rights Watch han dicho que la reforma podría debilitar la separación de poderes en México.
Incluso los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México han condenado la reforma, lo que ha llevado a tensiones diplomáticas.