El Ejecutivo comunitario expresa su «preocupación» por la detención en Venezuela de tres ciudadanos europeos, entre ellos dos españoles, un día después de que el jefe de la diplomacia europea hablara de un «régimen dictatorial».
El portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Peter Stano, tachó este lunes de «lamentable» y preocupante la detención por parte del «régimen de Venezuela» de dos ciudadanos de España y uno de la República Checa, al tiempo que precisó que la responsabilidad de lidiar con la situación recae sobre ambos países.
Stano hizo esas declaraciones durante la conferencia de prensa diaria del Ejecutivo de la UE, en la que también expresó la solidaridad de la institución con los dos países europeos cuyos ciudadanos han sido detenidos junto con tres estadounidenses.
Los seis están acusados de participar en una «operación mercenaria» para desestabilizar Venezuela e intentar asesinar a cargos públicos del país, incluido el presidente Maduro.
El ministro de Interior y número dos de Maduro, Diosdado Cabello, asegura que los españoles detenidos están vinculados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pero el Gobierno de España ha rechazado las acusaciones y niega también cualquier implicación en acciones de desestabilización.
Borrell llama a Venezuela «régimen dictatorial»
Los comentarios de Stano este lunes se suman a las declaraciones del alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en una entrevista con la cadena española ‘Telecinco’ el domingo, en la que por primera vez calificó a Venezuela de «régimen dictatorial» y «autoritario«.
El jefe de la diplomacia europea elevaba así el tono contra el Gobierno de Maduro, a pesar de que formalmente el bloque de los 27 no ha reconocido ni su victoria ni la del candidato opositor Edmundo González en las elecciones del 28 de julio. Bruselas insiste en la necesidad de que las autoridades chavistas publiquen las actas del escrutinio, que se han negado a presentar.
Este lunes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, volvió de hecho a exigir la presentación formal de las actas a fin de verificar de manera «imparcial e independiente» los resultados de los comicios.