El Gobierno de Maduro rechazó las sanciones contra cinco funcionarios del Estado que emitió este martes Canadá. En un comunicado, el Poder Ejecutivo calificó la acción como una muestra del «papel servil» de Ottawa de los intereses de Estados Unidos.
«Venezuela rechaza de manera contundente las medidas extorsivas en contra de funcionarios venezolanos que pretende imponer el Gobierno de Canadá, una acción que confirma, una vez más, su papel servil como esclavo de los intereses imperiales de Estados Unidos», dijo el Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro en un comunicado.
Para Caracas, estas medidas «ilegales» son «un intento fallido de presionar a Venezuela, demostrando la humillación y el descrédito internacional del Gobierno canadiense, que se reduce a actuar como un peón disminuido y subordinado» a Washington.
La lista de nuevos sancionados está encabezada por la presidenta del TSJ Caryslia Beatriz Rodríguez; Juan Carlos Hidalgo Pandares, juez del TSJ; Rosalba Gil, rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE); Edward Miguel Briceño Cisneros, juez; y Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal, quienes fueron señalados por «socavar la democracia» en el país caribeño, que vive una crisis política tras la proclamación de la cuestionada reelección de Maduro en los comicios de julio.
La ministra de Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, declaró que su nación «no se quedará quieta mientras el régimen de Maduro sigue ignorando la voluntad democrática del pueblo venezolano».
Pese al resultado oficial en favor de Maduro -anunciado por un organismo electoral, que todavía no ha publicado los votos desglosados, como establecía el cronograma-, la mayor coalición antichavista -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- reclama la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.
Para la ministra canadiense, es necesario que los venezolanos negocien una solución pacífica a la crisis, y aseguró que Canadá está lista para trabajar con la región para apoyar ese diálogo.
«Pero también estamos preparados para usar las herramientas a nuestra disposición, incluidas las sanciones, para imponer costes a los que buscan prevenir la expresión total de los derechos democráticos venezolanos», añadió.
Las sanciones congelan los posibles activos que los individuos tengan en Canadá y prohíben que personas y entidades radicadas en el país norteamericano, o canadienses en el extranjero, mantengan relaciones económicas con los sancionados.
EFE