Un pequeño poblado de Tibú, al noreste de Colombia, ha quedado cada vez más deshabitado. Muchos de sus pobladores han huido de la ola de violencia que ha dejado al menos 80 muertos, por enfrentamientos entre dos grupos armados en la última semana, utilizando la salida más cercana: la frontera con Venezuela.
El poblado es conocido como Tres Bocas, porque confluyen varios ríos de la zona y uno de los pasos fronterizos que conecta el Catatumbo colombiano con el estado de Zulia. Un grupo de aproximadamente 20 personas, entre adultos, niños y ancianos, abordaron el martes un planchón de madera artesanal sostenido por dos lanchas.
Por menos de un dólar, cada persona podía atravesar el río fronterizo con sus maletas y por tres dólares, incluso su motocicleta. Los pasajeros eran venezolanos y colombianos que buscaban refugiarse en Venezuela, pero no accedieron a dar declaraciones por temor a su seguridad.
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas señaló la víspera que alrededor de 1.000 personas de origen colombiano se desplazaron hacia Venezuela en búsqueda de protección internacional en la última semana.
“Han salido desplazados hacia Venezuela, hacia Cúcuta y aquí en la zona urbana… La gran mayoría por temor a los combates que existen en la zona”, dijo a The Associated Press Jaime Botero, presidente de la Junta de Acción Comunal de Tibú.
El canciller venezolano, Yván Gil, dijo el fin de semana que darían asistencia humanitaria a los desplazados provenientes de Colombia.
La agudización de la situación humanitaria se registra por los enfrentamientos entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. Los dos grupos armados sostienen diálogos de paz con el gobierno.
La gran mayoría de las más de 18.000 personas que se han desplazado, según OCHA, lo han hecho al interior de Colombia, donde han sido instaladas en albergues temporales y hoteles.
A los desplazamientos se han sumado las decenas de muertes reportadas desde el jueves pasado. La ONU dijo el martes haber verificado con varias fuentes el homicidio de al menos 60 personas en Catatumbo, fronterizo con Venezuela. Una cifra inferior a la dada el fin de semana por la gobernación de Norte de Santander, que reportó 80 muertos.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó el martes en un comunicado haber recibido 35 cuerpos procedentes del Catatumbo, de los cuales 26 han sido entregados a sus familias. Agregó que continúa en la zona trabajando para poder identificar y entregar a las demás víctimas. La recuperación de cuerpos se ha dificultado por los combates en la zona.
Entre las víctimas, hay dos defensores de derechos humanos, según dijo el martes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, identificados como Carmelo Guerrero, líder de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, y Pedro María Ropero, líder comunal y quien formaba parte del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Las autoridades no han reportado capturas de los presuntos autores de los homicidios.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está “profundamente preocupado” por la violencia en el Catatumbo e hizo un llamado a su cese inmediato, según dijo el martes su portavoz Stéphane Dujarric. El Consejo de Seguridad de la ONU revisará la situación en Colombia el miércoles durante una revisión trimestral centrada en la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC.
El presidente Gustavo Petro suspendió desde la semana pasada los diálogos de paz con el ELN como rechazo a los actos de violencia y el lunes anunció que declarará el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica para atender la situación, lo cual le dará facultades extraordinarias para modificar leyes.
La ONU también reportó que otros líderes sociales de la región han recibido múltiples amenazas por lo que en muchos casos se desplazaron junto a sus familias hacia Ocaña y Cúcuta, capital del departamento. También reportó que el líder comunal Álvaro Carrascal está privado de la libertad desde el sábado e instó al grupo armado que lo tenga en su poder a respetar su vida y liberarlo.
Cerca de 46.000 niños no han podido iniciar su año escolar en el Catatumbo como consecuencia de las hostilidades en la región, según reportó el martes la Procuraduría General.
La violencia, que el gobierno ha dicho que está impulsada principalmente por el ELN, se desató por un intento de tomar control sobre el territorio del Catatumbo y de sus economías ilícitas, como el narcotráfico. Analistas han dicho que existía una tregua entre los dos grupos armados que se rompió.
La ONU instó al “ELN y a los otros grupos armados no estatales a respetar los derechos humanos de la población civil” y les reiteró su obligación de cumplir el Derecho internacional humanitario.