América Pérez Ramírez es uno de lo millones de mexicanos indocumentados que viven en Estados Unidos. Por carecer de papeles, hace años que pesa sobre ella una orden de deportación, que no se ha hecho efectiva porque hasta enero la prioridad era expulsar a quienes tuvieran un historial delictivo.
El mes pasado, tras una de sus comparecencias periódicas ante las autoridades de inmigración, se le avisó de que su deportación es inmediata. En su caso, no está en juego solo su expulsión, sino la vida de su hija enferma de 11 años, que es ciudadana estadounidense y que, para permanecer junto a su madre, única persona que la cuida, también sería deportada. Es una de los casi cinco millones de niños estadounidenses que vive con el miedo a una deportación en su casa.
Yoselin Mejía Pérez padece una rara enfermedad genética, conocida en español como la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce (MSUD, por sus siglas en inglés), que implica que el cuerpo no puede procesar ciertos aminoácidos, lo que provoca una acumulación dañina de sustancias en la sangre y la orina. Según la Organización Nacional de Enfermedades Raras (NORD, en inglés), “si no se trata, el daño cerebral progresivo es inevitable, y la muerte ocurre generalmente en semanas o meses”.
Según los médicos que la tratan en Florida, donde residen, si la envían a México hay muchas posibilidades de que no sobreviva, porque en el país vecino es más difícil acceder al tratamiento, que ya es complicado de conseguir en Estados Unidos. Por ser ciudadana, podría quedarse, pero no tendría quien la cuide, como han confirmado a EL PAÍS fuentes del bufete Bennett, que lleva su caso. Su madre es quien controla su estricta dieta, realiza las fórmulas que los médicos le prescriben y la acompaña a sus continuos exámenes de sangre.
Para Pérez Ramírez la separación es imposible, por lo que, si es deportada, su hija lo será con ella. Desde hace años, sus abogados han conseguido que la enfermedad de la hija posponga su expulsión, pero ahora el plazo que les han dado es solo el del tiempo hasta que Yoselin obtenga su pasaporte y pueda salir del país.
La implacable campaña de deportaciones de la Administración de Donald Trump, que ha demostrado que su propósito de priorizar la expulsión de delincuentes no es real, está afectando directa e indirectamente a la parte más vulnerable de la población: los niños, que sufren la ofensiva contra la inmigración desde varios frentes. Los que son indocumentados engrosan la lista de personas deportables, aunque lleven años viviendo en Estados Unidos y no conozcan otro país. Los que son ciudadanos estadounidenses pero tienen uno o los dos padres indocumentados están expuestos a la separación familiar si sus progenitores son deportados.
Según un estudio realizado por Brookings y Center for Migration Studies, hay 5,62 millones de niños estadounidenses que viven con un miembro del hogar que es indocumentado, lo que representa aproximadamente el 8% de los 70,28 millones de niños ciudadanos. Son los que se consideran “en riesgo” por la campaña emprendida por el Gobierno para lograr la mayor deportación de la historia del país. De estos niños, 4,71 millones (6,7% de todos los niños ciudadanos) tienen al menos un padre indocumentado en el hogar y 2,66 millones viven en hogares donde todos los miembros son indocumentados, ya sea porque lo son los dos padres o porque es un hogar monoparental y ese padre es indocumentado.
Según el informe, “los efectos psicológicos de la separación de los padres en los niños son graves y varían desde un aumento inmediato de los niveles de estrés hasta problemas de desarrollo a largo plazo que podrían afectar la salud y las habilidades cognitivas y conductuales”.
Alrededor del 60% de los miembros indocumentados de los hogares en riesgo han vivido en Estados Unidos más de diez años y la mayoría de los niños de estos hogares son menores de 15 años.
Deportados sin consentimiento
“Ahora hay un ambiente que pone en peligro a los niños y pone en peligro a los padres. Fundamentalmente, esto es separación familiar”, afirma Sirine Shebaya, directora ejecutiva de National Immigration Project. Shebaya es la abogada que lleva el caso de los tres niños ciudadanos estadounidenses deportados a Honduras la semana pasada, que ha puesto más en evidencia la legalidad de los métodos usados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Una de las niñas, de dos años, fue deportada junto a su madre sin su consentimiento, afirma la defensa, y a pesar de que su padre había iniciado los trámites judiciales para evitar su expulsión. El otro caso es el de dos niños de cuatro y siete años, también ciudadanos estadounidenses, que fueron deportados junto a su madre sin su autorización. El menor padece un cáncer en etapa 4 y fue enviado a Honduras interrumpiendo su tratamiento y sin su medicación.
En ambos casos, las madres fueron detenidas cuando acudieron a una de las citas rutinarias con ICE. Esta vez el servicio de inmigración les pidió que acudieran con sus hijos y pasaportes. Shebaya denuncia que fue una trampa. “Estas familias fueron detenidas sin previo aviso, se les negó el acceso a abogados y no se les dio la oportunidad de tomar decisiones. Niños ciudadanos estadounidenses fueron deportados ilegalmente, junto con sus madres, en plena noche. Este es solo otro ejemplo de la estrategia de control policial que el Gobierno ha estado adoptando durante los últimos 100 días”, sostiene.
Por ley, los ciudadanos estadounidenses no pueden ser deportados y, en el caso, de los hijos de indocumentados, los padres deben decidir si les deportan con ellos o si permanecen en Estados Unidos. En el país de origen de los padres, los hijos pueden carecer de estatus legal, no hablar el idioma y enfrentarse a la violencia o la pobreza extrema, lo que lleva a algunos padres a creer que lo mejor para sus hijos es separarse y dejarlos en Estados Unidos.
Debido a la repercusión mediática que tuvieron estos casos, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado en el que asegura que se siguió el proceso adecuado. “Una vez más, los medios de comunicación están difundiendo vergonzosamente un discurso falso en un intento de demonizar a nuestros agentes de ICE, quienes ya enfrentan un aumento del 300% en las agresiones. Los medios de comunicación y los políticos demócratas están inculcando al público información falsa de que se está deportando a niños ciudadanos estadounidenses”, dijo.
El zar de la frontera, Tom Homan, también se pronunció al respecto, contradiciendo a las familias y diciendo que ICE contaba con la autorización de las madres para que los niños fueran deportados.
Shebaya lo niega: “Como intentan llenar los aviones, realizan deportaciones rápidas y no dan tiempo para que se realicen los procesos ordinarios. Había personas de ambas familias dispuestas a acoger a los niños, pero simplemente no se les dio la oportunidad”.
Las organizaciones de defensa de los derechos civiles denuncian cómo ha cambiado el tratamiento que se da a los migrantes y a sus hijos desde que Trump regresó a la Casa Blanca. “Desde las elecciones, he dado más de 30 presentaciones a comunidades inmigrantes que contribuyen cada día como trabajadores, empresarios y cuidadores, y son nuestros vecinos. No son delincuentes. Son seres humanos con esperanzas, familias y sueños. Aman este país y quieren construir una vida aquí de la manera correcta. Merecen dignidad, no detención”, apunta Kate Lincoln-Goldfinch, abogada de Austin Texas. Entre sus clientes, se encuentra José, un padre de familia con tres hijos, casado con una ciudadana estadounidense, que por un control de tráfico recibió recientemente una orden de deportación, por la que le obligan a abandonar el país antes de agosto.
Menores no acompañados
Lincoln-Goldfinch ha visto como Vecina, la organización que cofundó y que tenía un proyecto para que los niños no acompañados se reunificaran con sus familias, ha tenido que cerrar por las trabas que ha puesto la Administración y la falta de fondos. Se estima que 1.400 de los aproximadamente 5.000 menores separados durante la primera Administración de Trump aún no se han reunido con sus padres.
Los niños indocumentados que llegaron solos a la frontera también han sido objeto de la cruzada antiinmigración del republicano. El Gobierno cortó los fondos de las organizaciones que les proveían servicios legales, obligando a los menores a defenderse solos ante los jueces de inmigración. Una jueza obligó a reanudar la financiación, pero las organizaciones que los defienden advierten de la amenaza que supone una propuesta legislativa republicana que se debate en el comité judicial del Congreso.
Jason Boyd, vicepresidente de política federal en la organización Kids in Need of Defense (KIND), explica que “se establece explícitamente que cualquier uso de los fondos no estipulado está prohibido. Por lo tanto, ni un solo dólar de ese dinero puede destinarse a servicios legales vitales, servicios sociales u otros servicios críticos que pueden marcar la diferencia entre que un niño encuentre seguridad o sea explotado por un traficante”.
Sin un abogado, los 26.000 menores que cuentan con representación legal tendrían que navegar solos por un intrincado proceso migratorio, dándose casos tan surrealistas como el de niños que no saben ni hablar (y la mayoría no domina el inglés) que tendrían que defender su caso de asilo contra un fiscal experto en inmigración. Además, la propuesta establece el pago de tarifas de hasta 8.500 dólares para conceder la custodia a los patrocinadores que se hagan cargo de los niños. Los defensores de los menores denuncian que este requisito impediría la reunificación con las familias que no puedan pagar la tasa.
“Como alguien que vive este trabajo a diario, pido al pueblo estadounidense y a nuestros líderes que optemos por la compasión. Optemos por el sentido común. En lugar de separar a las familias, centrémonos en mantenerlas unidas. La destrucción de las familias no es la solución”, dice Lincoln-Goldfinch.