A medida que las elecciones presidenciales en Venezuela se acercan a los 100 días, la oposición mayoritaria se enfrenta al desafío de seleccionar un candidato de coalición para competir contra Nicolás Maduro, quien busca su tercer mandato. Mientras tanto, la observación internacional para los comicios aún no está definida, lo que añade un elemento de incertidumbre en medio de una campaña frenética.
En medio de este panorama, el cronograma electoral continúa avanzando, aunque no sin críticas por parte de la oposición. Esta denuncia arbitrariedades en el registro de votantes y acusa al gobierno de ventajismo, alegando una «persecución» contra los opositores, algunos de los cuales han sido arrestados en las últimas semanas.
En cuanto al candidato de la oposición, la líder María Corina Machado ha sido sancionada y no puede competir en las elecciones. Esto ha dejado al bloque antichavista sin un candidato claro. Aunque han inscrito al exdiplomático Edmundo González Urrutia como medida provisional, esperan reemplazarlo con el nombre del candidato definitivo antes del sábado, para que aparezca en la boleta electoral del 28 de julio. Además, el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, busca apoyos para su candidatura, mientras el bloque discute en privado quién sería la persona idónea para liderar la coalición y contar con el visto bueno de Machado como su sustituto.
Por otro lado, se han inscrito otros 10 candidatos opositores que han estado haciendo promesas de cambio en actos proselitistas y entrevistas públicas. Sin embargo, según la mayoría de las encuestadoras, ninguno de ellos figura entre los dos principales contendientes. Los candidatos critican a Maduro y a la oposición, acusándolos de ser una falsa oposición o colaboracionistas del gobierno. Solo el exdiputado Enrique Márquez ha expresado su deseo de recibir el apoyo de la alianza antichavista.
Mientras tanto, se espera la decisión de las misiones exploratorias del Centro Carter y de la Unión Europea sobre si participarán o no como observadores en las elecciones. La oposición considera que su presencia es vital para garantizar la legitimidad del proceso, especialmente después de que las elecciones presidenciales de 2018 fueran ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional.
En cuanto al censo de votantes, este cerró el martes después de 28 días de denuncias sobre obstáculos para inscribirse o actualizar datos, especialmente para los venezolanos que viven en el extranjero. Aunque más de 600.000 jóvenes podrán votar por primera vez en julio, aún no se conoce el total de electores que estarán convocados a las urnas.
En paralelo, tanto la Fiscalía como el gobierno informan semanalmente sobre supuestos planes de opositores para asesinar a Maduro y provocar el caos en el país. Estas acusaciones han llevado a la emisión de órdenes de captura contra al menos una decena de antichavistas. Mientras la oposición alerta sobre una persecución política, el chavismo insiste en señalar a sus detractores como antidemocráticos y como aquellos que buscan sabotear el proceso electoral.
En medio de todo esto, continúan los esfuerzos de Noruega, mediador en la negociación entre el gobierno y la oposición, para lograr la paz y que se puedan celebrar unas elecciones aceptadas por todas las partes y reconocidas internacionalmente. Aunque el gobierno ha afirmado que no cederá ante las peticiones de la oposición, cada día surge una nueva posibilidad de negociación, como la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro de celebrar un plebiscito para garantizar la vida e integridad de los perdedores de las elecciones, un asunto sobre el cual Venezuela aún no ha tomado una decisión.