Mayda Hocevar distingue varios problemas claves: En primer lugar, la actual Ley Orgánica de Educación, sancionada en el 2009, interviene en la autonomía universitaria y confisca las competencias fundamentales de las universidades
La Alianza Nacional Todos por la Educación, una iniciativa de la plataforma de participación juvenil “Gritemos con Brío”, realizó recientemente un conversatorio sobre las perspectivas, retos y amenazas que representa la nueva Ley de Educación Universitaria, que contó con la participación de los ponentes, Mayda Hocevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (Odhula); Leonardo Carvajal, doctor en educación además de profesor universitario y Karla Velazco, subdirectora de proyectos de ONG Aula Abierta, quienes destacaron las implicaciones que tiene este proyecto legislativo.
Al respecto, los entrevistados aclararon que hasta el presente no cuentan con un borrador o documento oficial del citado instrumento legal.
“Pero el hecho de que se haya creado una comisión para la elaboración de una ley de Universidades es un paso firme hacia ese propósito”.
Coinciden en que una Ley de Educación Universitaria, debe apreciar lo que serían sus competencias, de cara a lo que establece el artículo 109 de la Constitución de Venezuela.
Estatutos y reglamentos propios
En todo caso, correspondería partir de la autonomía que como principio está consagrada en la Carta Magna, lo que implica que las universidades no deberían tener una ley que rija sus normas de gobierno y funcionamiento, sino estatutos que puntualicen su propio reglamento.
Al respecto, Mayda Hocevar distingue varios problemas claves: En primer lugar, la actual Ley Orgánica de Educación, sancionada en el 2009, interviene en la autonomía universitaria y confisca las competencias fundamentales de las universidades.
En segundo término, la implantación de casas de estudios paralelas, la cual ha sido tan pronunciada que “en este momento tenemos entre el 90 y el 98% de universidades no autónomas en el país”.
Por otro lado, las convenciones colectivas para regular las relaciones laborales basada en el Plan de la Patria, representan, a su juicio, otra flagrante violación de la autonomía universitaria.
“Estamos hablando de leyes que socavan la estructura universitaria, así como de prácticas y políticas que desde hace más de 20 años vienen destruyendo al sector y ha minado sus fundamentos esenciales como la investigación de calidad, la producción de conocimientos, lo cual impacta a la generación de relevo”, apuntó Hocevar.
Prácticas nocivas
Reveló que desde el Odhula han identificado ciertas prácticas nocivas. A saber, la construcción de un sistema paralelo con fines proselitistas al modelo del Plan de la Patria. La instrumentación del Poder Judicial para intervenir y controlar las universidades. La persecución y criminalización de universitarios por razones políticas y por último, pero no menos importante, la asfixia presupuestaria que representa en términos criollos “un palo cochinero” para el sector, ya que redujo la universidad a un paro técnico.
Considera que tales factores han tenido un impacto significativo en el proceso de investigación de las distintas casas de estudio. De hecho, en el informe “El declive de la ciencia”, elaborado en el 2021, se demostró que la politización en este sector afectó la productividad científica que representaba el 80% de la investigación en Venezuela.
“Las universidades bolivarianas no producen conocimiento. El número de investigadores ha descendido 89% entre el 2016 y el 2019. La cifra de artículos científicos publicados ha bajado 55% desde el 2011 al 2019.
En cuanto a la productividad científica, Venezuela pasó del 5to lugar al décimo puesto en el ranking latinoamericano.