El gobierno de Trinidad y Tobago tiene intereses económicos con Venezuela y siempre se abstiene en las votaciones ante organismos multilaterales cuando se trata de sancionar a la administración de Maduro, aunque con la población venezolana el trato es tan hostil como el de países en guerra: mientras deporta personas y se hace la vista gorda con el delito de trata, negocian yacimientos de gas.
Gabriela Rojas/ Tal Cual
Cuatro días tardó en llegar la respuesta de apenas cinco líneas que le dedicó Jorge Arreaza, único representante del gobierno de Nicolás Maduro que ha hecho referencia alguna, a un hecho que tenía más de una semana ocurriendo y mantuvo a dos países en vilo: 16 niños y nueve adultos venezolanos fueron lanzados en peñeros a altamar, en medio de una alerta de tormenta, a raíz de una deportación ordenada por el gobierno de Trinidad y Tobago, a pesar de que estaban amparados por una medida judicial de habeas corpus dictada por la jueza Quinlan Williams.
Durante casi 40 horas, los niños -entre los que se encontraba un bebé de cuatro meses- fueron considerados desaparecidos, ya que sus representantes no habían tenido comunicación con ellos o certeza de su paradero, hasta que por fin se supo que estaban en una zona conocida como la Barra Mariusa, en la línea limítrofe del estado Delta Amacuro, en territorio venezolano.
Las mujeres y los niños que iban a bordo sumaban siete días en pésimas condiciones ya que habían sido detenidos cuando llegaron a Trinidad el martes 17 de noviembre en Chatham, estuvieron en una comisaría en la zona de Erin, y allí permanecieron presos en una celda hasta que uno de los niños se enfermó.
La indiferencia de las autoridades, que no activaron ninguna búsqueda de salvamento, mantuvo a los niños a la deriva en condiciones de alto riesgo: sin agua, sin alimentos, sin equipo salvavidas y varados en botes sin gasolina. Mientras quedaban a su suerte en medio del mar territorial de los dos países, los representantes de ambos gobiernos ni se daban por enterados.
El ministro de Seguridad de Trinidad, Stuart Young, dijo explícitamente que no sabía de qué le hablaban:
“He visto el supuesto reporte sobre los 16 niños, pero ahora pregunto: ¿alguien ha visto a esos individuos? ¿Quiénes son? Muestren certificados de nacimiento”, expresó en una rueda de prensa convocada dos días después de la deportación.
Horas antes en Caracas, cuando se desconocía por completo el paradero de los niños, el mandatario Nicolás Maduro celebraba y bailaba por su cumpleaños en el Palacio de Miraflores. Y después, el primer ministro de Trinidad hasta habló de «asalto» a su costa.
Se dan la mano
El gobierno de Trinidad y Tobago es uno de los pocos vecinos de la región que reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. El país caribeño fue uno de los 11 que salvó su voto en 2018 en la sesión plenaria de la 48° Asamblea General de la OEA en la que había que tomar postura ante la resolución para desconocer los comicios presidenciales del 20 de mayo que el gobernante afirma le dieron la reelección.
Ese mismo año 2018, Venezuela y Trinidad y Tobago firmaron el 25 de agosto en Caracas un acuerdo para el suministro y procesamiento de gas desde el país suramericano hasta la nación de dos islas. El documento fue suscrito por ambos gobernantes para dar inicio al suministro desde el Campo Dragón en Venezuela hasta Hibiscus de Shell, en el noroeste de Trinidad, en la misma zona donde naufragaron y luego desaparecieron los tripulantes de los botes Jhonaily José y Ana María, en abril y mayo de 2019, respectivamente, sin que las autoridades de ambos países actuaran debidamente sobre el caso, como reveló la investigación Desaparecer en el mar, publicada por TalCual.
En aquel momento, Rowley admitió que la economía de su país es muy dependiente de la industria del gas. «De hecho, durante los últimos 15 años, nuestra economía se ha vuelto cada vez más dependiente de los ingresos del gas en comparación con las ganancias del petróleo. Recientemente, hemos experimentado una reducción sostenida del gas en nuestras plantas de Point Lisas y nuestras reservas nacionales han disminuido», sostuvo.
Explicaba entonces que poco después de que su administración entrara en funciones, en 2015, negoció un precio para el gas con sus principales empresas de exploración y producción, lo que generó un aumento de la actividad sin precedentes. «Bajo estas circunstancias abrimos conversaciones con Venezuela para llegar a un acuerdo sobre el acceso a sus grandes yacimientos de gas. Estas reservas son económica y en logística más comercializables desde Trinidad que desde Venezuela», subrayó.
No era el primero. En 2016, Venezuela y Trinidad firmaron dos acuerdos para desarrollar el campo conjunto Loran-Manatí y llevar gas natural desde Venezuela a la isla caribeña. Durante cuatro años, avanzaron esos convenios hasta que en febrero de 2020 debieron ser suspendidos porque las sanciones de Estados Unidos impedían la participación de Shell y de Chevron, participantes de la operación. «Como consecuencia de todo ello el Gobierno de Trinidad y Tobago y de Venezuela han acordado el desarrollo independiente en el área transfronteriza Loran-Manatí, cada uno dentro de su área marítima», matizó Rowley al hacer al anuncio.
El campo de gas Loran-Manatí se extiende a ambos lados de la frontera marítima entre Trinidad y Tobago y Venezuela. Se calcula que alberga 10,2 billones de pies cúbicos (TCF) de gas de los cuales aproximadamente el 74% pertenece a Venezuela y el 26% restante pertenece a Trinidad y Tobago.
Lo que menos importa es la gente
En agosto de 2020, Maduro devolvió el gesto de reconocimiento e hizo una videollamada al primer ministro trinitario Keith Rowley para felicitarlo por haber sido reelecto en el cargo. En esa oportunidad habló de estrechar una alianza que había sido ratificada en abril cuando Rowley rechazó de manera contundente una posible intervención militar de Estados Unidos a Venezuela y le dio su respaldo a Maduro.
Para ese entonces, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Trinidad y Tobago ya había expulsado a por lo menos 55 niños venezolanos durante el año. En un solo día, el 18 de septiembre, el gobierno caribeño deportó a 93 venezolanos, a pesar de que la expulsión de solicitantes de asilo es contraria al principio de no devolución (non-refoulement), fundamental en el derecho internacional.
Sin contar que se cumplía más de un año desde que los familiares de los 60 desaparecidos que partieron desde Güiria en el estado Sucre en dos botes entre abril y mayo de 2019 -y de los cuales aún no hay rastro- habían agotado todas las instancias oficiales para obtener respuestas sobre el posible paradero de sus parientes y solo han encontrado omisiones y silencio de parte y parte.
Como indica la investigación Desaparecer en el mar de TalCual, publicada en mayo de 2020, hay suficiente evidencia de que en la ruta marítima entre Trinidad y Venezuela operan grupos de tráfico y trata de personas, sin que las Fiscalías y órganos de seguridad de ambas naciones hayan establecido investigaciones conjuntas para dar respuesta al problema.
Pero no ha sido por falta de comunicación, según reconoció abiertamente el canciller Arreaza, ya que el miércoles pasado cuando mencionó que convocarían a una reunión bilateral, especificó que se trata del segundo encuentro en los últimos cuatro meses.
A pesar de la compleja situación migratoria entre ambos países, las visitas de los funcionarios trinitarios han estado enfocadas solo en lo económico. De flux y corbata, tanto en los salones del Palacio de Miraflores como en las reuniones multilaterales, la relación de aliados se impone.
El gobierno trinitario se abstuvo de votar en la plenaria de la OEA, un silencio que se tradujo en apoyo a Maduro. Lo hizo de nuevo en 2019 cuando se realizó el Consejo Permanente de este organismo, donde se condenaban “las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela y había un reconocimiento de que el gobierno venezolano aplicaba tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales. El voto de Trinidad quedó en la casilla de «se abstuvo».
El internacionalista Luis Daniel Álvarez explica que en un contexto histórico la relación entre ambos países siempre ha sido tormentosa, incluso antes de que la isla fuese una nación independiente.
«En los últimos años ha habido una aparente coincidencia entre los gobiernos de Chávez y de Maduro. En realidad lo que hay son vínculos económicos muy estrechos entre ambas administraciones. Trinidad firma acuerdos con Venezuela y los aprieta al máximo y a cambio se abstiene en votaciones claves, nunca condena», señala Álvarez.
Pero el rostro que muestra Trinidad en sus costas es hostil y agresivo contra los ciudadanos venezolanos. «La razón es que a la administración de Maduro no le importa en lo absoluto, hay una indiferencia cruel porque lo que interesa es el fortalecimiento ideológico, tratar de que no haya mayor resquebrajamiento entre los gobiernos y que no exista la posibilidad de que Trinidad vaya a parar en la otra acera», y agrega que por eso no habrá pronunciamientos firmes a pesar del desamparo al que están sometidos los venezolanos en la isla.
No importa si los venezolanos tienen que lanzarse al mar, el gobierno de Maduro no va a generar conflicto con Trinidad porque es un aliado estratégico en el Caribe. Saben que los países caribeños actúan como un bloque y por eso no van a atacar a Trinidad que es un país fuerte con influencia en otras islas, explica Álvarez.
El internacionalista apunta otro de los factores que responden al silencio y omisión del Estado venezolano ante la violación sistemática de los DDHH por parte del gobierno trinitario contra los ciudadanos venezolanos. «El gran problema es la falta de presencia de un Estado fuerte que haga contrapeso. No hay presencia de este lado y por eso Trinidad corre solo. La gente ni sabe siquiera si hay un embajador de Venezuela en Trinidad, ni cómo se llama, cuál es su cara. Porque se sustituyeron las relaciones diplomáticas por una oficina de relaciones públicas para mantener una propaganda ideológica».