El Observatorio de Vigilancia al Cumplimiento de la Política Pública en el Deporte Ecuatoriano (ODDE) ha revelado una denuncia preocupante. En un oficio presentado ante el presidente del Congreso de Ecuador, Edison Mendoza, coordinador del ODDE, expuso una supuesta red de corrupción dentro del Comité Paralímpico Ecuatoriano y la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDEDI). Según la denuncia, personas sin discapacidad habrían competido en eventos paralímpicos, beneficiándose indebidamente de recursos destinados a atletas con discapacidades.
El ODDE, entidad acreditada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde 2018, menciona en el oficio al que accedió Infobae que, durante los últimos cinco años, ha recibido información confidencial sobre actos de corrupción que afectan directamente a los deportistas con discapacidad en Ecuador. Esta presunta red, con la complicidad de entrenadores y dirigentes deportivos, habría permitido que personas sin discapacidad obtuvieran «clasificaciones funcionales fraudulentas» para participar en eventos paralímpicos, obteniendo reconocimientos y beneficios económicos.
Santiago David Chango Pilataxi, director técnico metodológico del Comité Paralímpico Ecuatoriano, y Walter Oswaldo Haro Ruiz, director técnico metodológico de la FEDEDI, son señalados por el ODDE como los principales responsables de esta red de corrupción. Estos dirigentes habrían facilitado que personas sin discapacidad obtuvieran, de manera fraudulenta, la clasificación necesaria para competir en eventos paralímpicos. Incluso se señala que este fraude se habría extendido a nivel internacional, como en los Juegos Parapanamericanos de Toronto en 2015, donde Ecuador obtuvo su primera medalla de oro en salto largo, un logro que ahora está bajo sospecha.
El proceso de elegibilidad para deportistas con discapacidad intelectual es riguroso y debe cumplir con estándares internacionales establecidos por entidades como VIRTUS, la Federación Internacional de Deportes para Atletas con Discapacidad Intelectual. Estos criterios incluyen un coeficiente intelectual de 75 o menos y limitaciones significativas en el comportamiento adaptativo, todo diagnosticado antes de los 22 años.
El ODDE ha denominado a esta presunta red de corrupción como “Avaricia” y sostiene que esta habría comenzado en 2015 bajo la dirección de Bayron López Burgos, entonces presidente del Comité Paralímpico Ecuatoriano. Durante su mandato, se habrían llevado a cabo eventos deportivos con personas que no cumplían los criterios de discapacidad necesarios, pero que aun así participaron y obtuvieron reconocimientos, como en los Juegos Parapanamericanos de Toronto.
La denuncia también involucra a Sonia Patricia León Jara, actual presidenta del Comité Paralímpico Ecuatoriano y ex presidenta de la FEDEDI, quien habría estado al tanto de estos actos de corrupción y habría permitido que continuaran, beneficiándose económicamente a través de sobornos exigidos a deportistas y empleados del Comité Paralímpico.
Según el observatorio, algunos de los deportistas involucrados participaron anteriormente en competencias de deporte convencional antes de ser reclutados por el Comité Paralímpico Ecuatoriano y competir en el deporte adaptado. En agosto de 2024, un entrenador de atletas paralímpicos alertó en Teleamazonas sobre la participación de personas con discapacidades falsas en los Juegos Paralímpicos de París, afirmando que los seleccionados no cumplen con los requisitos de discapacidad intelectual para competir.
Una de las evidencias, según este entrenador, radica en las licencias de conducir de los atletas. En Ecuador, la licencia tipo B, para conducir vehículos livianos, no puede ser otorgada a personas con discapacidades, y sin embargo, algunos atletas paralímpicos ecuatorianos poseen este tipo de licencia, lo que genera dudas sobre la veracidad de sus discapacidades.
En respuesta, Santiago Chango, jefe técnico del Comité Paralímpico Ecuatoriano, explicó que todos los deportistas deben pasar por un proceso de clasificación médico-funcional, realizado por clasificadores internacionales, para poder participar oficialmente en los Juegos Paralímpicos.