Amnistía Internacional ha emitido una denuncia en la que señala que las detenciones por motivos políticos siguen produciéndose en Venezuela como parte de un «ataque sistemático» contra la población. La organización ha solicitado la liberación de aproximadamente 300 personas consideradas presos políticos.
En su informe reciente sobre las detenciones ocurridas entre 2018 y 2023, AI ha afirmado que las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela forman parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población. Este ataque tiene como objetivo principal silenciar a aquellos que discrepan del gobierno de Nicolás Maduro u otros fines políticos. La organización ha señalado que la diversidad de perfiles de las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela demuestra que la persecución no se dirige únicamente a quienes tienen opiniones diferentes, sino también a sus familiares o personas cercanas, con el objetivo de infundir miedo.
AI ha destacado que la criminalización de las personas se ha consolidado a través de tribunales con competencia en terrorismo, lo que agrava las consecuencias del procesamiento penal. Además, la organización ha identificado patrones en las detenciones, como la ausencia de órdenes judiciales, la falta de independencia judicial, la aplicación ambigua de leyes y el uso de la incomunicación y el aislamiento de los detenidos, entre otros.
La violación de los derechos a la libertad, a un juicio justo, a la integridad y a no ser sometido a torturas o malos tratos es frecuente en estas prácticas, según AI.
Según la organización, hay cerca de 300 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, entre las que se encuentran nueve casos considerados «emblemáticos». Uno de ellos es el de Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental FundaRedes, que ayuda a los habitantes de las zonas fronterizas. Tarazona fue detenido en julio de 2021 y acusado de «terrorismo» después de acusar al gobierno de Maduro de tener vínculos con la guerrilla colombiana ELN.
AI ha instado al Estado a liberar a todos los detenidos y ha pedido a la comunidad internacional que exija garantías a Venezuela para evitar que se repitan estas detenciones. También ha solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) que incluya estos casos en la investigación que está llevando a cabo sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Maduro.