En el mes de agosto, se reportaron en Venezuela un total de 60 ataques e incidentes de seguridad dirigidos contra defensores de derechos humanos, lo cual representa un aumento significativo en comparación con los 20 casos registrados en el mes de julio. Estos datos fueron proporcionados por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), una organización no gubernamental dedicada a la protección de los derechos humanos en el país.
Según el informe más reciente del CDJ, la sistematicidad de estos ataques refleja los patrones de agresión que forman parte de una política de criminalización. De los 60 casos documentados, 31 corresponden a estigmatización, 17 a intimidación y hostigamiento, 6 a judicializaciones, 4 a amenazas y 2 a ataques digitales.
El CDJ expresa su preocupación ante el incremento de estos ataques y señala que su objetivo es intimidar y neutralizar a la sociedad civil, al mismo tiempo que se imponen restricciones en el espacio cívico. Además, se destaca que el 62% de los casos se dirigieron contra personas defensoras de derechos, mientras que el 38% restante afectó a organizaciones.
En cuanto a los responsables de estos ataques, el informe del CDJ indica que el 37% fueron perpetrados por funcionarios públicos, el 33% por instituciones públicas, el 20% por actores afines al gobierno o asociados a las estructuras del Sistema Popular de Protección para la Paz, el 7% por organismos de seguridad del Estado y el 3% por medios de comunicación estatales y sus cuentas en redes sociales.
Adicionalmente, el CDJ advierte que durante el mes de agosto se incrementaron las formas de vigilancia y seguimiento por parte de actores estatales y no estatales hacia las personas defensoras y las organizaciones, lo cual tiene un efecto disuasorio y limitante en su labor.
En el primer semestre de este año, el CDJ registró un total de 309 incidentes de seguridad, lo que representa un aumento del 44% en comparación con el mismo período del año anterior, según sus datos estadísticos. Estos números evidencian la grave situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en Venezuela y la urgente necesidad de proteger su labor en favor de la justicia y la dignidad.