- Los cilindros deben ser revisados periódicamente y someterse a una inspección mayor cada 7 años. Recomiendan ubicarlos fuera de los hogares y comprar detectores de gas
@franzambranor – RunRunes
Al menos 30 personas resultaron heridas el pasado viernes 8 de octubre en el edificio Tip Top de San Martín en Caracas luego de que se produjera la explosión de una bombona de gas.
Seis meses antes, el 23 de abril, un hecho similar se registró en el barrio Los Erasos de San Bernardino, también en la capital venezolana, provocando la muerte de cuatro personas, entre ellas un menor de edad; mientras que el 28 de diciembre de 2020 se registró el estallido de 161 cilindros de gas en la comunidad de Caño de los Becerros, en la capital monaguense de Maturín. Este accidente trajo como consecuencia la muerte de nueve personas y otras 45 heridas.
En lo que va de 2021 han ocurrido nueve episodios relacionados con gas doméstico en cinco estados del país, destacando Monagas, entidad en donde ocurrieron tres en menos de un mes.
Rubén Pérez, consultor en materia de gas natural, dijo que cuando suceden este tipo de accidentes, responden a la conjunción de múltiples factores y existen corresponsabilidades.
“El Estado, a través del Ministerio de Petróleo, es corresponsable, este debe velar porque todos los cilindros cumplan con las normas técnicas de construcción y mantenimiento nacionales. Asimismo, los distribuidores y el mismo usuario final, que a veces prefiere ignorar algunas señales de alerta y recomendaciones”, dijo Pérez.
De acuerdo a Bomberos del Distrito Capital y Defensa Civil, el suceso en San Martín pudo haberse producido por una inadecuada instalación del cilindro que desencadenó una fuga. “Era una bombona de 40 kilos, que es la más grande, por eso vimos a paredes de gran espesor colapsar”, sentenció Pérez.
Un mal evitable
Para Pérez, este tipo de tragedias pudieran evitarse si se toman los correctivos pertinentes. “Los cilindros deben ser retirados cuando cumplan su vida útil y además tienen que ser sometidos a revisiones periódicas muy sencillas para verificar si tienen algún tipo de corrosión, abolladura, abombamiento o desperfecto en sus válvulas”.
Según Pérez, quien cita la norma técnica nacional, cada 7 años debe hacerse un mantenimiento mayor a los cilindros y la inspección por parte del usuario tiene que ser permanente.
“Las bombonas no pueden estar dentro de las viviendas, deben estar afuera en un área adecuada, ventilada y resguardada del ambiente. En ocasiones, no se instalan bien y se hacen malas conexiones, por ejemplo, no se puede unir una conexión de bronce con otra de hierro porque se corre el riesgo de que haya una corrosión”.
El experto sostuvo que las empresas distribuidoras deben garantizar las inspecciones periódicas debido a que los cilindros son de su propiedad, no del usuario final.
“Yo recomiendo al usuario comprar detectores de gas que cuestan entre 15 y 20 dólares, estos trabajan con baterías o electricidad, colocarlos en la cocina y cuando hay fuga de gas, ellos nos avisan. Igualmente, podemos realizar inspecciones con agua y jabón del cilindro y sus válvulas para detectar fugas, y una inspección visual que detecte algún desperfecto en el cuerpo del cilindro”.
Escasa producción de gas
Explicó Pérez que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, las empresas privadas pueden participar en la distribución de gas, pero que desde la creación de Pdvsa Gas Comunal en 2007 durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, estas se han visto reducidas a entre 5 y 10%.
“Comenzó una política de expropiación y la distribución quedó básicamente en manos del Estado”, recordó.
El experto en materia gasífera manifestó que el déficit nacional de GLP (gas licuado de petróleo) es de 40 mil barriles diarios y por eso la gente se ve obligada a recurrir a acciones como cocinar con leña. “Un 90% de la población en Venezuela emplea gas doméstico”.
Informó que desde hace poco más de 10 años, Pdvsa comenzó a importar GLP, pero la actividad se detuvo debido a los problemas económicos de la empresa petrolera y posteriormente a las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. “El pasado mes de julio una resolución de la administración estadounidense permitió la importación nuevamente de GLP por razones humanitarias”.
Para Pérez, el problema en Venezuela radica en que no hay producción de gas suficiente para abastecer el mercado.
“Desde 2012 no se produce una molécula de GLP en el occidente del país, el colapso económico hizo que esto se detuviera y ahora todo se concentra en lo poco que se produce en el oriente del país, específicamente en la planta de fraccionamiento de líquidos de gas natural en Jose, estado Anzoátegui, lo cual, como es de suponer es insuficiente para cubrir toda la demanda naciona