La organización señaló que más de 7 millones de migrantes han huido de la crisis de derechos humanos en el país, lo que convierte esta crisis de desplazamiento forzado en una de las mayores del mundo. Estima que 17.000 personas viven en situación migratoria irregular en la isla, perteneciente al reino de los Países Bajos
Por El Nacional
Las condiciones de los venezolanos en Curazao no ha mejorado porque las autoridades de ese país continúan negándoles la protección a los migrantes, entre ellos niñas y niños, y deteniéndolas en condiciones inhumanas.
Así lo revela Amnistía Internacional en su reciente informe Curazao: Pocas mejoras en la protección de las personas venezolanas, en el que reconoce los “pequeños pasos” que se han dado, pero que aún son insuficientes para garantizar seguridad de los extranjeros.
La organización señaló que más de 7 millones de venezolanos han huido de la crisis de derechos humanos en el país, lo que convierte esta crisis de desplazamiento forzado en una de las mayores del mundo. Estima que 17.000 migrantes viven en situación migratoria irregular en Curazao.
Los “pequeños pasos”
Amnistía Internacional recordó que en 2019 las autoridades curazoleñas establecieron un procedimiento de protección que ha mejorado las entrevistas destinadas a evaluar las necesidades de protección internacional.
“Sin embargo, sigue siendo difícil acceder a este procedimiento porque las autoridades no garantizan el acceso a la información y a la asistencia jurídica, especialmente a las personas detenidas por motivos de inmigración”, dijo.
La organización aseguró, por otra parte, que ni una sola persona ha recibido protección desde la introducción de ese procedimiento porque Curazao considera que los venezolanos no tienen necesidades de protección ni corren peligro si son devueltas a su país.
“En la práctica, el procedimiento de protección se usa como vehículo para denegar las solicitudes de protección, lo que es contrario a su propia finalidad”, denunció.
“Vemos los pasos que han dado las autoridades de Curazao para mejorar la situación de los derechos humanos de las personas venezolanas que buscan protección en Curazao. Pero no son suficientes. Las autoridades deben redoblar sus esfuerzos y el Reino de los Países Bajos debe prestar su apoyo”, instó Dagmar Oudshoorn, directora de Amnistía Internacional para Países Bajos.
Aún no hay centros de acogida
Amnistía Internacional documentó que aún no hay centros de acogida abiertos para quienes solicitan protección. Y, aunque existe un nuevo ‘cuartel de los extranjeros’, que es el centro de detención ubicado en el interior del ‘Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou’, las personas que solicitan protección, incluidas las menores de edad, son detenidas sin revisión judicial. Eso, rechazó la ONG, vulnera el derecho internacional de los derechos humanos.
La detención automática y las condiciones inhumanas en el cuartel de los extranjeros, como la reclusión en una celda la mayor parte del día y la ausencia de actividades lúdicas, siguen siendo disuasorias para quienes inician el procedimiento de protección o siguen su tramitación, agregó.
Señaló que durante más de un año ha seguido los casos de cuatro hombres y una mujer, cuyas situaciones en el último año han empeorado. Mencionó a José, que luego de estar preso casi un año en 2020 y 2021 aún no tiene noticias de su solicitud de asilo.
“Me siento encerrado todavía a pesar de que ya no estoy en la prisión. No quiero quedarme en Curazao. Quiero ir a otro país y pedir asilo allí”, expresó.
Exige garantías a Curazao
La organización pidió a las autoridades de Curazao que garanticen los derechos de los migrantes que buscan protección y que establezcan un procedimiento de asilo justo y efectivo que cumpla las normas internacionales.
Instó a las autoridades de la isla a poner fin, de manera urgente, a la detención automática de las personas que buscan protección y dejar de detener a niños y niñas.
“El gobierno de Países Bajos debe evaluar los riesgos en materia de derechos humanos del apoyo que presta a las autoridades de Curazao y establecer unos criterios vinculantes en relación con estos derechos”, sugirió la ONG.