La organización Amnistía Internacional (AI) instó al gobierno de Trinidad y Tobago a suspender la deportación de refugiados y solicitantes de asilo, en respuesta a la reciente expulsión de 98 venezolanos por parte de las autoridades del país caribeño.
Con información de El Nacional
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, calificó las medidas tomadas por las autoridades de Trinidad y Tobago como «extremadamente alarmantes». En un comunicado, señaló que la magnitud de la crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria en Venezuela ha llevado a que aproximadamente el 25% de la población haya tenido que huir del país en los últimos años.
Guevara Rosas recordó que el derecho internacional establece claramente que los refugiados y solicitantes de asilo no deben ser devueltos a lugares donde sus vidas e integridad corran peligro, y subrayó que las expulsiones masivas son inaceptables.
La deportación de los 98 venezolanos tuvo lugar después de que la corte de apelaciones de Trinidad y Tobago revocara una decisión previa de un juez superior que impedía la deportación. Este grupo de venezolanos había sido detenido en un local nocturno en la capital, Puerto España.
Amnistía Internacional ya había advertido sobre la vulnerabilidad de los refugiados y solicitantes de asilo en Trinidad y Tobago, especialmente después de una decisión de la Corte Suprema del 4 de julio que rechazó la aplicación del principio de no devolución en el país. Esta decisión judicial sostiene que la Convención de Refugiados de 1951 no se aplica en Trinidad y Tobago y que, por lo tanto, todos los inmigrantes están sujetos a la Ley de Inmigración y pueden ser deportados, incluso si han sido registrados como solicitantes de asilo.
AI insiste en que esta sentencia viola el derecho internacional en materia de derechos humanos y hace un llamado a las autoridades de Trinidad y Tobago a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y proteger a los refugiados y solicitantes de asilo.