En medio de la angustia y la incertidumbre, familiares de los cuatro menores desaparecidos en Guayaquil el pasado 8 de diciembre entregaron este miércoles información al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses para determinar si los cuatro cuerpos calcinados hallados en Taura corresponden a los adolescentes.
Los familiares proporcionaron datos sobre rasgos físicos y características particulares de los jóvenes, con la esperanza de obtener respuestas. «Si los datos no coinciden, se procederá a un examen de ADN que dura 30 días», explicó Billy Navarrete, de la organización de derechos humanos que acompaña a las familias, a la agencia EFE.
Desaparición forzada bajo investigación
Los cuatro jóvenes, Ismael y Josué Arroyo (15 y 14 años), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), desaparecieron tras ser detenidos por un grupo de 16 militares después de un partido de fútbol. Videos difundidos en redes sociales muestran a los militares deteniendo a los menores, subiéndolos a la fuerza a una camioneta y golpeándolos.
La jueza Tanya Loor aceptó el martes que la desaparición sea investigada como forzada, bajo responsabilidad del Estado, tras un recurso de hábeas corpus interpuesto por las familias. Loor ordenó una búsqueda nacional de los menores y la conformación de una comisión independiente para investigar el caso. La Fiscalía, por su parte, formuló cargos contra los 16 militares por el delito de desaparición forzada.
Exigen justicia y verdad
La desaparición de los cuatro jóvenes ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana, que exige justicia y verdad. Organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional han expresado su preocupación por el caso y han pedido a las autoridades que realicen una investigación exhaustiva y transparente.
Mientras tanto, las familias de los menores viven una agonizante espera, aferradas a la esperanza de encontrar a sus hijos con vida.