Una veintena de periodistas han sido detenidos e intimidados por distintos funcionarios de seguridad. Roison Figuera, periodista de TalCual, fue obligado el 1 de junio a borrar material gráfico tras registrar situación en las colas para surtir gasolina
Luna Perdomo / TalCual
Tanto la escasez de gasolina como la nueva modalidad de distribución de combustible durante la cuarentena por la pandemia de la covid-19 ha dejado en Venezuela una veintena de periodistas detenidos o intimidados por los diferentes organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, cuando estos han estado cumpliendo con su labor de informar.
Antes de que llegara gasolina de Irán, la poca que se vendía en el país, se hacía mediante la permanencia de varios días en colas o a través de pagos en divisas a funcionarios para evitar la cola, las denuncias de esta situación han hecho que varios comunicadores pasaran un mal momento.
De acuerdo con los reportes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el primer reporte que se tiene de esta situación es la detención del periodista Eduardo Galindo, ocurrida el 15 de abril, por parte de funcionarios del Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas), luego de que el portal que dirige, Senderos de Apure, publicara información sobre la venta de gasolina en dólares en la entidad, donde se mencionaban algunos militares. Cuatro días después, el tribunal le otorgó medidas sustitutivas de libertad al comunicador.
También por denunciar el cobro de vacunas en dólares para poder abastecerse de gasolina, la periodista Katiuska González, del diario Nueva Prensa de Guayana, fue intimidada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cuando la trabajadora de la prensa tomó una foto en la estación de servicio Paseo Caroní, en el estado Bolívar, para documentar la irregularidad.
Los ataques de los funcionarios han sido contra cualquier trabajador de la prensa. El 8 de mayo, funcionarios de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a Rolando Rodríguez, chófer del diario La Prensa de Lara, cuando el conductor filmaba un video con su celular en la estación Don Lau de Barquisimeto. Fue llevado al destacamento 121 y luego puesto en libertad.
En el estado Vargas, el pasado 11 de mayo, ocho efectivos de la GN obligaron al periodista Luis López, de La Verdad de Vargas, a borrar el material que había grabado con su celular cuando cubría una protesta de médicos por la escasez de gasolina en la avenida Soublette.
López había grabado el momento en que los manifestantes hablaban con el Comandante del Batallón Bolívar. Fue rodeado por equipos antimotines y lo amenazaron con detenerlo si no borraba el material.
Otro encontronazo con la Guardia Nacional tuvo Jesús Alberto Segovia, reportero de Séptima Jornada, plataforma digital de noticias internacionales, cuando el comunicador fue detenido el pasado 14 de mayo, en la estación de servicios de La India, Caracas. Un funcionario de la GN y un presunto colectivo le quitaron el celular, borraron las fotos y eliminaron algunos chats de WhatsApp.
El hecho ocurrió cuando Segovia grababa el momento en que le quitaban el celular a una mujer que tomaba fotos de la cola para surtirse de combustible.
«Apaga el celular porque te lo voy a partir», fue la amenaza de un policía de Guárico contra el locutor Adixson Hernández cuando grababa las quejas de productores agropecuarios en la estación de gasolina Trébol, en Altagracia de Orituco. Hecho ocurrido el 23 de mayo.
Las limitaciones a la prensa también se hicieron evidentes cuando arribó el buque iraní cargado de gasolina al Complejo Refinador Paraguaná, en el estado Falcón, el 26 de mayo. Se les permitió el ingreso a los equipos de prensa de la Gobernación de Falcón, Venezolana de Televisión (VTV) y Nuevo Día; dejando por fuera a los corresponsales de El Pitazo y Primera Noticia.
Un día después de la llegada del buque, el periodista Pedro García, de UniTV, fue amenazado con ser detenido, en el estado Nueva Esparta, por el coronel de la Guardia Nacional encargado de la estación de servicio Virgen del Valle, en la avenida Fucho Tovar.
En el lugar también estaban seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que auparon el borrado de imágenes y videos del celular del periodista.
Gasolina por placa y en dólares
El pasado 1 de junio, entró en vigencia la nueva modalidad de venta de combustible limitada, subsidiada y por número de placa; y de venta libre, a precios internacional. Sin embargo, la distribución de gasolina iraní no acabó con las colas y mucho menos con los inconvenientes entre trabajadores de la prensa y funcionarios de seguridad de distintos organismos.
El primer día que se inició la distribución de gasolina se comenzaron a producir un mayor número de persecuciones contra periodistas, detenciones y borrado de material por todo el país.
El periodista Roison Figuera, de TalCual, fue obligado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que estaban en la estación de servicios El Conde, en Parque Central, a borrar las fotografías que había tomado con su celular cuando hacía cobertura de la nueva forma de distribución de gasolina.
A Yelitza Figueroa, corresponsal en Lara del Centro de Comunicación Nacional de la Presidencia encargada, un Guardia Nacional le impidió grabar en una estación de servicios de la avenida 20 con calle 13, en Barquisimeto. Le dijo que «estaba prohibido».
En Mérida, fue detenido, sin ningún tipo de orden, como en todos los casos anteriores, Eduard Rojas, director de la emisora Tremenda 105.7 . En horas de mediodía fue sacado de su casa en Santa Cruz de Mora, por una comisión de la Guardia Nacional. Se lo llevaron esposado a una alcabala en La Victoria.
Rojas fue detenido de forma arbitraria tras comentar al aire un video grabado por él mismo en la estación Calvario, donde se observa un altercado entre un funcionario de la GN y un ciudadano. Estuvo preso hasta el 3 de junio, cuando lo dejaron en libertad, al constatarse que no había motivos para su encarcelamiento.
Ese mismo 1 de junio, fue detenido por dos funcionarios policiales el director de Mágica 93.3 FM, Jorge Cortez, y su conductor, en Ciudad Ojeda, estado Zulia. El hecho ocurrió cuando Cortez grababa testimonios en la estación de servicio de central de Las Morochas.
Cortez fue llevado a la sede de PoliLagunillas y el 3 de junio fue presentado bajo el cargo de instigación al odio.
Y aunque no son organismos de seguridad del Estado, pero sí afectos al gobierno de Nicolás Maduro, el 3 de junio se reportaron las acusaciones que se hacían desde la cuenta en Twitter @capuchabolivariana, donde exponían al reportero Gregorio Rojas, de VPITV, en Mérida. Se le acusaba de difundir información perjudicial para los merideños relacionada con la distribución de gasolina en la entidad.
El mismo miércoles 3 de junio, un funcionario de la Guardia Nacional intentó amedrentar a María Fernanda Bolívar, corresponsal del portal todosahora.com en una estación de gasolina del municipio Bolívar, en el estado Anzoátegui. A la comunicadora se le exigía una autorización firmada por el general de la Zodi 51, Jesús Ramírez Molina, para poder ejercer su trabajo.
El GN la amenazaba con llamar a sus superiores porque ella entrevistaba a quienes estaban en la cola. La periodista decidió retirarse del lugar sin terminar sus labores.
Asimismo, el mismo miércoles, funcionarios de la Guardia Nacional le prohibieron a equipos reporteriles de El Informador VE y PromarTV grabar una protesta por gasolina en Cabudare, estado Lara.
El pasado jueves 4 de junio, la periodista Carol Romero, de la emisora Candela 91.9 FM fue golpeada y detenida por funcionarios de la Guardia Nacional, luego de que grabara con su celular un altercado entre guardias y civiles en la estación de servicios del kilómetro 7 de El Junquito, en Caracas.
La tarde del viernes 5 de junio fue presentada ante el tribunal y liberada, a pesar de que nunca debió estar detenida. No tiene régimen de presentación, pero no puede hablar del caso.
Este viernes, funcionarios de la Dgcim detuvieron al equipo de VPITV en la estación de servicios de Chuao y pretendían trasladar a la sede de este organismo al reportero Luis Patiño, al camarógrafo Jhonatan Bello, al asistente Dangert Zorrilla y al taxista Óscar Ávile.
Solamente durante los primeros cinco días de distribución de combustible con el nuevo precio se llevaron a cabo más de diez detenciones a trabajadores de la prensa. Una vez más, el régimen de Nicolás Maduro, a través de sus organismos represores, impiden a los trabajadores de la prensa que realicen su trabajo de forma libre; en este caso para informar sobre la distribución de combustible.
Libertad plena para periodistas
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Caracas inició una campaña para exigir la libertad plena de varios comunicadores sociales quienes son víctimas de acciones tribunalicias sin causa, sin condena ni juicio.
Edgar Cárdenas, secretario general del CNP Caracas, informó que la actividad fue iniciada en las redes sociales con motivo del mes del periodista en las que se destaca algunos casos de agresiones a la prensa.
«Denunciamos la política arbitraria que ha desatado el gobierno en contra de los trabajadores de la prensa a quienes se les dictan medidas judiciales, sin causa, sin condena ni juicio y en violación al debido proceso», declaró el directivo gremial.
«Estas acciones del gobierno pretenden criminalizar la profesión periodística con la intención de silenciar la información e imponer la censura a los medios; siendo importante recordar que la salud de las democracias se mide en el termómetro de su libertad de prensa”, agregó.
Cárdenas precisó que a cinco periodistas se les obliga a presentarse periódicamente en los tribunales, «por instrucciones del gobierno con medidas cautelares, que restringe la libertad personal y la administración de sus bienes».
Estos comunicadores tienen procesos por circunstancias distintas a la gasolina y son: Jesús Medina, Eduardo Galindo, Darvinson Rojas, Arnaldo Sumoza, Ana Belén Tovar, Elides Rojas; con las irregularidades como similitud en todos los casos.