La invasión de viviendas y edificios en Venezuela responde a una política de Estado, y persigue un objetivo político y otro económico. Es la conclusión a la que ha llegado el Frente en Defensa del Norte de Caracas, cuyo coordinador es el dirigente de la Asamblea de Ciudadanos de la parroquia Candelaria, Carlos Julio Rojas.
El fenómeno no es exclusivo de la capital venezolana; en diversos lugares del país y en horas de la madrugada las viviendas son marcadas con avisos que pueden indicar una toma inminente. Normalmente, como ocurrió ayer domingo en la madrugada, en la urbanización Santa Elena de Barquisimeto, en las avenidas Lara con Bracamonte, llegan motorizados con los panfletos que pegan en los edificios y sus alrededores.
El impreso anuncia el Plan Ubica Tu Casa y se respalda con el Ministerio de Habitat y Vivienda colocando un número 0800. “Juntos somos revolución”, termina rezando el documento. Los grupos de invasores se reforzaron desde que la vicepresidenta de la Asamblea Nacional chavista Iris Varela dijo que una de sus propuestas será la confiscación de todos los bienes y tierras que estén en desuso porque sus dueños están fuera del país.
“Es una política de Estado”, asegura Rojas en entrevista con Infobae. El también directivo del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas explica que, en el caso del municipio Libertador, Caracas, han demostrado con pruebas en mano, “la participación de personeros del gobierno de Nicolás Maduro”.
La razón económica de las tomas está en que los lugares invadidos “son alquilados como locales, cobran vacunas [chantaje] a quienes los ocupan; es un plan desde el Ejecutivo a nivel nacional. En el año 2017 hubo, desde el Ministerio de Vivienda, invasiones que luego fueron legalizadas a través de mecanismos de expropiación, que nunca fueron pagadas”.
La ONG que coordina Rojas reveló que durante la cuarentena “el total de las invasiones de las cuales hemos tenido conocimiento fueron 53 en Caracas, 40 de ellas ocurrieron durante la cuarentena; el 57% fue a industrias y comercios”. Solo en Caracas, estima Rojas, hay unas 170 edificaciones tomadas.
Diputados invasores
En el año 2019 denunciaron a concejales del municipio Libertador como líderes de las tomas en el caso Hotel Center Sala en la parroquia Santa Teresa. El fin de semana pasado, un grupo de los llamados colectivos ingresaron la fuerza, rompiendo las cerraduras del edificio Hadamir, en la avenida Mirador de La Campiña en Caracas, para apropiarse de un apartamento; los vecinos evitaron que la invasión se llevara a cabo.
La madrugada del 12 de enero 2021, un centenar de personas, entre adultos y niños, llegaron a invadir el edificio Freites. “El grupo estaba encabezado por colectivos armados; todo ello en complicidad con la alcaldesa Ericka Farías”, aseguró Rojas.
“En el municipio Libertador el plan de invasión está auspiciado por la alcaldesa Erika Farías, como forma de contraprestación a los colectivos con apoyo gubernamental para realizar este tipo de tipo de invasiones”, agregó.
Explica el dirigente que uno de esos casos es el del edificio Padrón, ubicado en la parroquia San Pedro de Caracas. “A la fuerza lo tomaron invasores inidentificados con el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv)”, relata, revelando que la sindico Procuradora, Cristina Fazzini, le dijo a los propietarios del edificio que tenían plazo de un mes para abandonar su propiedad.
“Un hecho parecido ocurrió en la Mansión Forever, de El Recreo; ahí las llamadas comunas se metieron, con la excusa de usarla como centro de atención del Covid-19, pero en realidad se robaron la casa”.
Los colectivos
Ante la pregunta de por qué está tan seguro de que las invasiones responden a un plan político y no a un hecho al azar, Rojas pide colocar la lupa en algunas de las figuras que aparecen en ese proceso. “Ahí hay concejales del municipio Libertador, como Natanael Bello, y los casos de Carmen Zerpa y Rigel Seryent que ahora son diputados de la Asamblea chavista, la alcaldesa Erika Farías”.
Vecinos vieron a Seryent derribar la puerta de un apartamento con el fin de invadirlo; “eso ocurrió en el edificio Cori de la parroquia San José. Eso ocurrió ante la inacción de la Guardia Nacional”.
En otro hecho, el señalado es el hijo de la ahora diputada Carmen Zerpa. “Él es líder del colectivo Cupaz, y lo observamos en la parroquia Altagracia, al frente la invasión del edificio Don Joaquín”.
La ONG ha descubierto que cuando la toma está realizada por un colectivo relacionado con algún jerarca del chavismo, “todo se queda allí”, pero confiesa que en otros casos han obtenido victorias. “En esos casos la actuación de los vecinos ha sido determinante porque se convierten en el muro de contención para evitar la ocupación”, aseguran.
Hay casos en los que ha sido muy difícil enfrentarlos, según cuenta, como la invasión al edificio Sociedad, cuando llegaron 45 colectivos armados, que violentaron el acceso, en horas de la madrugada de un domingo. De nada sirvió que los vecinos llamaran a la Policía Nacional, cuando se percataron que los colectivos rompían la puerta. Los propietarios llegaron con sus documentos en mano, pero no pudieron ingresar.
Rojas asegura que detrás de las invasiones hay intereses económicos. “Los colectivos a veces se enfrentan entre ellos por el control de la propiedad. Otras veces actúan conjuntamente con otras organizaciones. Siempre, siempre usan a mujeres y niños como escudo para ejecutar la invasión. Una vez que se apropian del edificio o la vivienda, negocian con el verdadero dueño; a partir de ese momento viene el proceso de extorsión y el pago de vacuna”.