El exparlamentario aseguró que la CIDH y la CPI deben actuar por la arremetida contra la libertad de expresión
La decisión del TSJ del régimen contra El Nacional sigue generando indignación en la sociedad civil.
El exdiputado Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo, considera que la medida de obligar al periódico a pagar más de 13 millones de dólares a Diosdado Cabello es una confiscación de hecho. Sostuvo que se convierte en un crimen de persecución.
Agregó que la persecución está tipificada en el Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad, de acuerdo con el artículo 7.H de esa normativa internacional.
Aparato judicial para reprimir a la disidencia
«Debemos señalar que el régimen, así como usó el aparato militar y judicial para reprimir a los manifestantes en la calle durante las protestas populares de 2014, 2017 y 2019, ahora está usando el aparato judicial para reprimir a la disidencia, apoderarse de medios de comunicación y silenciarlos», expresó Márquez.
Dijo que la acción contra El Nacional no solo atenta contra la libertad de expresión y la libertad de información, sino también contra el derecho al trabajo y a la propiedad. Y que se convierte en una advertencia para los medios de comunicación democráticos, que a su juicio pueden terminar autocensurándose.
«Esta situación de confiscación de El Nacional nos hace recordar la época del nazismo. En la que Adolfo Hitler ordenó que se le confiscaran y decomisaran los bienes a los judíos. También recuerda lo ocurrido a raíz del triunfo de la revolución cubana. Justamente cuando por órdenes de Fidel Castro se confiscaron y expropiaron medios de comunicación, empresas y haciendas en esa isla caribeña», manifestó Márquez.
Agregó: «Ahora el régimen de Maduro se pone al servicio de los intereses particulares de Diosdado Cabello. Empleando la represión judicial y la confiscación de medios de comunicación social».
Afirmó que esos hechos ameritan que se actúe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de pedir la responsabilidad internacional del Estado frente a estos atropellos.
«También es importante dirigirse a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya por el crimen de persecución contra los propietarios de El Nacional, los trabajadores y los periodistas; mediante un ataque sistemático y generalizado contra los medios de comunicación que incluyen a La Patilla, Tal Cual, Radio Rumbos, entre muchos otros que a lo largo del régimen se han visto en la obligación de cesar funciones, migrar solo a formato digital o, peor aún, publicar informaciones que no le sean adversas a la dictadura de Maduro y su entorno», indicó Márquez.