Los ataques delictivos que se registran en la región zuliana están relacionados principalmente al cobro de «vacunas» a comerciantes, centros de salud y pequeños locales del estado. La extorsión se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos de bandas y crimen organizado en las ciudades, impactando en la vida social y económica de sus habitantes
Liliana Rivas / TalCual
En el Zulia, hasta el 24 de agosto del 2022, se registraron aproximadamente 11 ataques con granadas vinculados a extorsión de empresarios, dueños de locales y ganaderos. Este mecanismo, que tiene en alerta al estado, es una respuesta al no pagar «la vacuna» que cobran las bandas delictivas que operan en la región.
Los atentados con artefactos explosivos se incrementaron en 2022, pero también se ha acrecentado una nueva modalidad de extorsión: el cobro de la «vacuna» con criptomonedas.
El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) constató ocho ataques con granadas en Zulia en todo 2021. Sin embargo, solo en enero de 2022, la ONG contabilizó al menos tres casos ejecutados en ese mismo estado: clínica, discoteca y centro comercial.
Miranda, Santa Rita y La Cañada son los municipios que han sido objetivo de estos crímenes, que van desde ataques a pequeñas ferreterías hasta grandes camaroneras. Uno de los últimos atentados ocurrió contra una ferretería de Cabimas el pasado 23 de agosto.
Para ejecutar estos actos no importa la hora. Un ataque al comercio Fiorella Sumermarket en Maracaibo, se produjo en horas de la mañana, dejando cinco personas heridas. Tampoco importa el día de descanso. El domingo 20 de marzo fue lanzado un artefacto explosivo a la carnicería y panadería Salto Ángel JR en Cabimas, pero no detonó.
En el Informe Semestral del 2022 del OVV se destaca que de un total de 2.493 víctimas de homicidios y otros actos de violencia interpersonal que se hicieron presentes en Venezuela, 24,3% corresponden al Zulia, casi una cuarta parte de los mismos.
Estas cifras ubican al estado en el primer lugar, como el más violento del país en esta primera mitad del año.
De acuerdo con fuentes del lugar, la costa oriental del lago de Maracaibo es la zona predilecta para los extorsionistas y el monto de las vacunas puede ser desde 200 dólares mensuales hasta 5.000 dólares o más; mientras el rango de bienes que entran en la transacción ilegal puede variar desde el cobro por vender un automóvil costoso hasta vacunas de grandes montos a las clínicas privadas.
Jorge Govea, representante del OVV señaló a TalCual que existe un incremento en la complejidad con la que operan estas bandas delictivas. «Las granadas no son de uso civil ni se utilizan en actividades de organismos policiales. Son elementos que forman parte del armamento personal de guerra, que hoy se estén utilizando es asumir un papel de contendientes o combate. Algo como si fuera entre ejército, es otro nivel. Es lógico que las personas tengan miedo a las represalias de los extorsionistas al poner una denuncia».
La extorsión con criptomonedas
La extorsión es un delito catalogado como tipo penal, que consiste en obligar al otro con violencia o intimidación para obtener dinero u otro beneficio. Además, para ello, se ataca, destruye o elimina en el proceso bienes jurídicos y se vulnera la vida, la integridad física y la libertad.
Ricardo Acosta, expresidente de Fedecámaras Zulia indicó que, al ser crimen organizado, es bastante difícil poder determinar el modus operandi de las bandas. «A veces contratan a algún muchacho al que le pagan 100 dólares por lanzar una granada o disparar contra el bien de alguien. También, dependiendo de la extorsión, el comerciante puede recibir llamadas extranjeras. Hay muchas formas de intimidar».
Agregó que los cuerpos de seguridad del Estado han determinado que en algunos casos los autores intelectuales están en países vecinos como Colombia.
En relación con este delito ya no solo son los dólares en efectivo, también se han podido detectar otros mecanismos. Jorge Govea sostuvo que con las nuevas tecnologías el cobro de las «vacunas» ha pasado también a «modernizarse» y ahora algunas bandas operan a través del bitcoin.
«Desde el observatorio hemos podido registrar uno o dos casos en el municipio Simón Bolívar y en otros municipios de Cabimas, dónde utilizan esta criptomoneda. El rastro es más difícil de perseguir y si la persona tiene dólares, le exigen comprar bitcoin y transferir a las cuentas que ellos manejan», comentó Govea.
El pago de la llamada «vacuna» se ha transformado en un «servicio público» más que la población zuliana debe tener en cuenta, pero, además, la inversión en seguridad privada ha aumentado y los costos operativos de mantener un negocio se han duplicado.
El costo de la seguridad en el Zulia
A pesar de los intentos por parte de los organismos de seguridad del Estado por tratar de controlar estos ataques en la región y las investigaciones correspondientes que la Gobernación ha llevado a cabo; la contratación de empresas privadas de seguridad, guardaespaldas, compra de cámaras y demás es necesaria para quiénes hacen vida comercial en el Zulia.
A través del OVV y de la prensa local se ha podido tener conocimiento sobre los nombres de varios Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO) que operan en el Zulia. Las bandas son: «Los Meleán», «El Caracas», «Yeiko Masacre», «El Conas», «El Yiyi», «El Adriancito», «Katy y Ney», «El Chuky», «J. L La Burra», «Anthony Propiedad», «Colina», entre otras, a estos grupos se les adjudica públicamente la extorsión, el secuestro, la amenaza y agresiones físicas.
El alcance de estas bandas hace que contratar servicios privados de seguridad no sea del todo una garantía. En entrevista para TalCual el expresidente de Fedecámaras Zulia, Ricardo Acosta puso como ejemplo que hace más de un mes un hombre de ascendencia árabe —quien ya tenía seguridad y contaba con cuatro personas a su disposición con las cuales gastaba aproximadamente 800 dólares mensuales— fue víctima de secuestro. «Tuvo que pagar 400.000 dólares de rescate porque le pidieron 10 bitcoins a su familia», dijo.
Los objetivos y móviles para los atentados se han diversificado, ya no son solo comercios o industrias los que resultan afectados. El 11 de enero de este 2022 el Centro Médico Docente María Auxiliadora, en Maracaibo, recibió una granada que no detonó y luego, el 26 de marzo, el antiguo pran Óscar Guzmán, alias «El Conas» ordenó un atentado contra el Palacio de Justicia en el Centro de Maracaibo donde no hubo heridos.
En octubre pasado, a través de redes sociales, Tarek William Saab, impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente en 2017 como fiscal general, señaló que aún están en averiguaciones de Óscar Guzmán y 18 personas más que forman parte de su banda criminal, por ser responsables de delitos de asociación, extorsión y terrorismo en esa entidad.
Para el director del OVV, Jorge Govea, la situación representa una bomba de tiempo. «No oe están vulnerando derechos, también las víctimas están experimentando una violencia física y psicológica grave, además del daño socioemocional y como sociedad que está sufriendo el resto de la población. Hay que seguir insistiendo en revisar los culpables, ver cómo llega tanto armamento hasta los delincuentes», dijo.