La abogada, coordinadora de incidencias del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Sara Fernández, observa que aunque la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH ha bajado su tono, el registro de lo que ocurre en Venezuela en el propio terreno servirá para procesos judiciales futuros
José Luis Carrillo – TalCual
La Alta Comisionada para los DDHH de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, presentó el pasado jueves 17 de marzo su actualización oral del informe sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela, en el que precisó que continúan las restricciones al espacio cívico democrática, incluidas las amenazas y estigmatización de medios de comunicación y activistas de derechos humanos.
Al mismo tiempo indicó que acciones como la firma de un memorando de entendimiento entre Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) es otra oportunidad para que las autoridades demuestren su compromiso en la lucha contra la impunidad, y que la reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional son pasos prometedores.
La acción de la Alta Comisionada fue seguida el viernes 18 del mismo mes con la actualización del informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, que calificó a la reforma legal del sistema de justicia como insuficiente por sí sola e hizo observaciones al aumento de la influencia política sobre el Poder Judicial, especialmente en la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales.
Para la abogada Sara Fernández, coordinadora de incidencias del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), ambas actualizaciones son importantes, no solo por seguir monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela, sino para documentar los distintos casos de violaciones graves a los mismos de caras a futuros procesos judiciales, bien sea de la Corte Penal Internacional, como de un sistema de Justicia nacional efectivamente reformado.
«El balance de las actualizaciones de los informes de la Alta Comisionada y de la Misión es que ambos son positivos. Del informe de la Alta Comisionada hay que destacar el hecho de que necesita estar en el terreno y que ha conseguido mecanismos de cooperación por parte del Estado, lo que la lleva a suavizar sus declaraciones. Es lo que hemos visto en anteriores oportunidades. No hay detalles sobre en qué medida esos avances generan cambio, algo que sí se vio muy resaltado en el de la Misión de Determinación de Hechos», expresa la profesional del derecho.
En su opinión, hay muchísimas cosas a rescatar y, en primer lugar, que la actualización fue bastante compleja, con referencia a desafíos en cuanto al debido proceso y al juicio sin demora de los detenidos por razones políticas.
«Aunque la alta comisionada dijo que se habían liberado algunas personas por las cuales habían hecho algún tipo de comunicación, dijo que había datos alarmantes, con seis personas (que siguen detenidas) con boleta de excarcelación, y 22 a las que se pidió liberación luego del plazo para la detención preventiva», asegura Sara Fernández.
Restricciones a la sociedad civil y persecución
Añade que Bachelet también hizo referencias a restricciones a la sociedad civil, la estigmatización de defensores de derechos humanos, cierres de medios, y a que se viene ejerciendo persecución a distintos sectores de la sociedad civil.
«Otro elemento positivo es la mención expresa a la falta de información pública. Está en la raíz de muchos de los problemas porque no se puede conseguir acceso a la justicia. En ese marco mencionó directamente el caso de Javier Tarazona que representa un patrón de persecución por parte del Estado», menciona.
Resalta de igual manera que, en esta ocasión, la Alta Comisionada hizo referencia expresa a grupos armados no estatales en la frontera con Colombia y regiones mineras. Hizo mención específica a enfrentamientos en Apure. Es positivo que se reconozca la existencia de estos grupos.
Impunidad estructural
Con respecto a la actualización de la Comisión de Determinación de Hechos, considera que lo más importante a rescatar es el análisis preciso y detallado de lo que el gobierno ha intentado vender como gran progreso en reestructuración del Poder Judicial y el acceso a la justicia por parte de las víctimas.
«La presidenta de la misión, Marta Valiñas, admitió que hay un problema estructural de impunidad e indicó qué se puede hacer para atacarlo. Señaló que recomendaciones específicas, como la creación de una comisión de reparación para las víctimas, se hace, pero no se le otorgan poderes suficientes para representar a las víctimas, además de que esta comisión tendría siete miembros nombrados por la Asamblea Nacional, lo que representaría un grave sesgo y afectación de la parcialidad».
Destaca Sara Fernández que el pronunciamiento de la Comisión indica que, aunque existió un decreto presidencial que exigió el traslado de presos que se encontraban en las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), muchos siguen detenidos en esos lugares.
«Actualmente, con la cooperación de la Oficina de la Alta Comisionada en el terreno y la firma del acuerdo con la Corte Penal Internacional, el gobierno ha dado la imagen de que está llevando a cabo reformas para que la justicia internacional no tenga competencia En la medida que demuestren que son solo fachada y no una investigación sistemática de los hechos, es un desmontaje de la narrativa institucional”, explica.
En su opinión, es sumamente interesante lo que dijo la presidenta de la misión, en cuanto a que están ahondando la investigación de cadenas de mando cometidas por autoridades en los sistemas de seguridad, ya que las investigaciones locales de los casos representativos de estos hechos no alcanzan a la cadena mando, como en los casos del concejal Fernando Albán, y el capitán Rafael Acosta Arévalo, donde se responsabilizó a los autores materiales y estas personas quedaron en libertad por una significativa reducción de la pena.
«Saber que en la actualidad la misión está investigando la cadena de mando es muy relevante porque esa información la tendremos en septiembre y habrá análisis mucho más profundo», acota Sara Fernández.
—¿Qué es lo que sigue luego de estos informes?
—En el marco del mandato de la Alta Comisionada, junio de este año 2022 va a representar, en el marco del Consejo de la Misión de DDHH, un momento importante porque podrá exponer sobre algunos de los puntos que mencionó. También tenemos una fecha muy relevante en octubre en la cual la misión de Determinación de Hechos va a publicar su tercer informe y se discutirá la renovación del mandato de la misma. Existe la posibilidad de que sea renovada, pero la situación del Consejo de DDHH no es la misma, así que hay un trabajo que hacer a nivel internacional para demostrar por qué seguimos necesitando a la misión, y demostrar que la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela continúa.
El trabajo de la misión y la comisionada. Los dos roles, tanto la presencia de la Alta Comisionada en el terreno, brindando asistencia técnica, como el mandato de la misión para investigar casos específicos, estructuras de mando y regiones específicas, son importantes. Ambos deben ser renovados, aunque no se vayan a crear cambios en el corto plazo.
—¿Cuál es la importancia de que continúen su actuación?
—La de ayudarnos a reconstruir la verdad de lo sucedido. No solo a documentar para un futuro proceso ante la CPI sino ante las instituciones nacionales, a partir de un esquema justicia transicional y la renovación del sistema de justicia, y para que el Estado sepa que su actuación está siendo monitoreada. Si bien es difícil generar cambios a corto plazo, la actuación representa un gran apoyo para las sociedades que están haciendo trabajo en el terreno.
—En cuanto a la investigación de la CPI, aún no se ha dado un pronunciamiento por parte del Fiscal Karim Kahn.
—Es importante entender tiempos de la justicia internacional. Existe una sed de justicia nacional y eso lleva a creer que a nivel internacional las cosas se resuelven rápidamente. Pero no es así, es un proceso de resistencia, no es que vayamos a tener decisiones rápidas.
Lo que está próximo es la identificación de casos particulares. Tal vez no lo tengamos en el corto plazo. Así como digo que son largos, se trata de un proceso que difícilmente va a detenerse porque tiene detrás los grupos de víctimas y están viendo la posibilidad de recibir justicia.
Estamos esperando la confirmación de la Sala de Cuestiones Preliminares. La misma puede otorgarle un plazo de tres meses al gobierno de Nicolás Maduro para que demuestre pasos significativos y la Corte otorgue entonces un plazo de seis meses para que investigue. El próximo año se determina si están llevando a cabo juicios justos. Necesitan determinar cuál es la cadena de mando (de la comisión de las violaciones graves a derechos humanos) y la gravedad suficiente contra el Estatuto de Roma. Hay que tener un poco de paciencia, y esperar que los próximos casos de fiscalía sean públicos.
—¿Cuál es su opinión sobre la reestructuración del sistema de justicia?
—Difícilmente, si no se reconoce que existe una situación de impunidad generalizada y la necesidad de investigar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de dónde vinieron órdenes…mientras no haya una motivación de que hay que reconocer la verdad, las reformas que se puedan hacer van a ser menores. Para que las víctimas puedan alcanzar justicia se necesita una reforma estructural. En el segundo informe de la Misión hay algunas recomendaciones, así como en algunas en los de la Alta Comisionada, pero se necesita esa convicción inicial, que por el momento no la veo.