El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros miembros de su gabinete fueron acusados este miércoles por las Naciones Unidas (ONU) de perpetrar crímenes contra la humanidad.
Norberto Paredes @norbertparedes / BBC News Mundo
Según una investigación elaborada para el Consejo de Derechos Humanos de la organización, las autoridades venezolanas han suministrado ayuda esencial para llevar a cabo ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura desde 2014.
El informe de 443 páginas señala como responsables directos de estos crímenes a Maduro, así como también a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; y a los ministros de Interior y Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino López, respectivamente, entre otros altos funcionarios.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo en Twitter que el informe está «plagado de falsedades» y procede de «una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington».
«Esperamos que el gobierno de Venezuela lea el informe y tome en serio recomendaciones que hacemos en él. Según el derecho internacional y de acuerdo con la misma legislación local, el Estado venezolano es el principal responsable de estos crímenes y sus autores deben responsabilizarse», le dice a BBC Mundo la jurista Marta Valiñas, presidenta de la misión a cargo de la investigación.
«Este tipo de violaciones deben acabar y las víctimas de estos crímenes deberían recibir reparaciones», agrega.
Pero más allá de las recomendaciones que ofrece el informe, expertos hablan de sus posibles consecuencias.
Marco Roscini, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Westminster, en Londres, explica que hay tres posibles escenarios tras la publicación del informe.
El primero de ellos es que se involucre la Corte Penal Internacional en La Haya (CPI), que juzga casos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
«Este informe habla de crímenes de lesa humanidad de varios niveles: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, etc. Son crímenes que la CPI puede juzgar. Pero tienen que ser crímenes graves. Es poco probable que la CPI acepte juzgar un caso de tortura o dos», le dice el jurista a BBC Mundo.
La CPI primero suele llevar a cabo investigaciones preliminares, que en el caso de Venezuela ya comenzaron en febrero de 2018. El objetivo de este tipo de pesquisas es determinar si la CPI debe proceder a realizar una investigación completa.
«Luego, si los investigadores recogen pruebas de crímenes lo suficientemente graves, de casos donde los crímenes de lesa humanidad son una política de Estado y la tortura se utiliza como herramienta política y no como situación individual, se abre un caso», explica Roscini.
Aunque este tipo de informes pueden ayudar a recoger evidencia, los investigadores de la CPI llevan a cabo sus propias pesquisas.
Y como miembro de la CPI, Venezuela tiene la obligación de cooperar con el caso.
Lo que dice la jurisdicción universal
En el largo plazo, el informe de la ONU tendrá consecuencias para Maduro, Cabello y los demás funcionarios involucrados, según el profesor de la Universidad de Westminster.
«Cuando se trata de crímenes tan graves también existe lo que se conoce como la jurisdicción universal. De acuerdo con el derecho internacional, cualquier tribunal en el mundo podría iniciar investigaciones y enjuiciamientos en contra de estas personas, incluso si se encuentran en otro país y si el delito se cometió en el extranjero».
Esto implica que si viajan a estos países en donde tienen un proceso abierto, corren el riesgo de ser encarcelados.
Pero Roscini destaca que normalmente esto solo ocurre cuando tienen al acusado bajo custodia.
«Digamos que si Maduro viaja la próxima semana a un país que acepta el principio de jurisdicción universal, en teoría podría ser detenido en cuanto aterrice, si así lo decide un tribunal o un fiscal. El problema es que Maduro es un presidente en ejercicio, por lo tanto tiene inmunidad presidencial».
«Sin embargo, después de que deje el cargo, si alguna vez lo hace, entonces podría ser enjuiciado en otro país del mundo por un tribunal nacional por los crímenes de lesa humanidad que cometió cuando era presidente», prosigue.
En la Corte Internacional de Justicia
Un tercer escenario es que no se abra un caso en contra de los individuos implicados, sino contra el Estado venezolano, como lo hizo Gambia cuando acusó a Birmania de cometer un genocidio contra la minoría musulmana rohinyá.
Como resultado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) les exigió a las autoridades de Birmania que abandonaran las prácticas genocidas.
Pero esto sería una batalla de un Estado contra otro, no resultaría en penas criminales y no ocurriría ante la CPI, sino ante la CIJ, el principal órgano judicial de la ONU.
«Un abanico de oportunidades»
Para Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea -una ONG venezolana especializada en derechos humanos y crítica con el gobierno de Maduro-, este informe abre un «abanico» de oportunidades.
«Se convierte en un insumo para la Corte Penal Internacional, que lo podrá examinar y avanzar de la fase preliminar, en la que Venezuela se encuentra actualmente, a una fase de investigación formal», le cuenta a BBC Mundo.
«Luego quedará en manos de la Fiscalía tomar decisiones al respecto».
Una consecuencia inmediata para el sociólogo y periodista venezolano es que este informe aumenta las posibilidades de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU apruebe en la reunión del 23 de septiembre que la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, autora del informe, siga investigando la situación de los derechos humanos en el país.
Inicialmente el comité estaría activo hasta finales de este mes.
Descalificado por el gobierno venezolano
Poco después de la publicación del informe, el gobierno de Venezuela rechazó sus conclusiones y aseguró que estaba «plagado de falsedades».
El canciller venezolano Jorge Arreaza criticó a través de un tuit que el informe se haya hecho sin visitar el país por una misión a la que calificó de «fantasma» y de ser «controlada por gobiernos subordinados a Washington».
Sin embargo, expertos señalan que el que haya sido elaborado a distancia no le quita legitimidad.
Imogen Foulkes, corresponsal de la BBC en Ginebra, sede de la ONU, explica que al equipo no se le permitió viajar a Venezuela, un hecho que no es único.
«Siria nunca ha permitido que la ONU investigue presuntos crímenes de guerra en su territorio. Myanmar, China y muchos otros países también se resisten regularmente a recibir comisiones de la ONU. Pero estamos en el siglo XXI y las tecnologías actuales de la información nos permiten recopilar evidencias y pruebas de violaciones graves sin tener que ingresar a la escena real del crimen», apunta.
Contactada por BBC Mundo, la Cancillería venezolana no respondió a las solicitudes de entrevista.
Un caso sin precedentes en la región
Varios gobiernos en el mundo han sido acusados de crímenes de lesa humanidad por misiones de la ONU mientras estaban en funciones, como por ejemplo el de Bashar al Asad, en Siria.
Pero en América Latina, las denuncias como las hechas en el informe contra las autoridades venezolanas no tienen precedentes.
«En Latinoamérica, varios han sido señalados por diferentes organizaciones, antiguos gobiernos en Guatemala, Perú, Honduras, Chile, Argentina, entre otros países. Pero si hablamos de ser identificados por una Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, no, esto nunca había pasado», explica la jurista Valiñas.
«En términos de investigaciones por un organismo internacional, lo más cercano fue el examen preliminar de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes cometidos en Colombia cuando (Álvaro) Uribe todavía era presidente».
¿En qué se diferencia del informe de Bachelet?
Ya había informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que hablaban de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Maduro.
Después de visitar Venezuela y entrevistar a más de 550 personas, todas ellas víctimas de abusos y testigos, la expresidenta de Chile y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un informe en el que aseguraba que el gobierno de la nación petrolera había cometido «numerosas violaciones de los derechos humanos».
En ese entonces, las autoridades venezolanas dijeron que el informe de Bachelet no era «ni objetivo ni imparcial».
El contenido del reporte de la expresidenta de Chile era similar al de investigaciones anteriores de la ONU, así como de otras organizaciones internacionales, pero según la presidenta de la misión encargada del nuevo informe, este es diferente.
«Nuestro informe va más allá en el sentido de que identificamos a los responsables de los crímenes. Hemos hecho una investigación que si bien se realizó con menos tiempo que la de Bachelet, es mucho más detallada y exhaustiva, lo cual nos permitió dar con los responsables».
«Agotar los oficios de buena fe»
Pese a que no habrá consecuencias inmediatas, Uzcátegui, de la ONG venezolana Provea, recuerda que en este tipo de casos los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos «suelen agotar los oficios de buena fe».
«Esto se hace para que los Estados apliquen los correctivos necesarios, detengan las violaciones y castiguen a los responsables».
Para este sociólogo eso sería lo deseable.
«Pero creo que la impunidad va a seguir siendo la norma en Venezuela», dice.
«Estamos convencidos de que si no hay un cambio político que permita una reforma del sistema judicial, no vamos a tener la posibilidad que haya garantías para que se respeten los derechos humanos en Venezuela».