Andrés Allamand destacó que en la actualidad hay más de 500.000 venezolanos en Chile y que la mayoría ha regularizado su situación migratoria durante el gobierno de Sebastián Piñera
Por El Nacional
El canciller de Chile, Andrés Allamand, rompió su silencio sobre la reciente expulsión de un grupo de migrantes venezolanos y aseguró que su país está en la obligación y en el derecho de hacer cumplir sus leyes.
En una entrevista ofrecida al diario El Mercurio, el funcionario reconoció que el tema de la migración es complejo para ambos países y reveló que Julio Borges y Leopoldo López, como representantes del gobierno interino de Juan Guaidó, lo contactaron vía telefónica para conocer el motivo de la expulsión.
“A las autoridades de la oposición venezolana siempre les hemos dicho que Chile tiene el derecho y la obligación de cumplir la ley“, expresó Allamand.
El canciller destacó que en la actualidad hay más de 500.000 venezolanos en Chile y que la mayoría ha regularizado su situación migratoria durante el gobierno de Sebastián Piñera.
“Hemos otorgado, y seguimos haciéndolo, más de 75.000 visas de responsabilidad democrática, y ahora impulsamos un programa que incentiva la reunificación familiar. Son expresiones concretas de solidaridad”, agregó.
Señaló que su reciente viaje a Colchane, epicentro de la crisis migratoria, tuvo como objetivo evaluar cuál es la situación que afecta a las comunidades por este fenómeno de migración ilegal que se dan a través de pasos clandestinos o no autorizados, “y dejar en claro que, a partir del actual gobierno, se acabó el “chipe libre” en materia migratoria”.
Explicó que Chile se encuentra aplicando tres fases para el proceso de migración: Antes de la frontera, en la frontera y después de la frontera.
Explicó que la primera etapa consta de coordinaciones políticas y policiales para la desarticulación de bandas de tráfico de personas, así como para informar sobre el estado de la realidad migratoria.
El segundo paso, comprende el despliegue del cuerpo de Carabineros, la Policía de Investigación y las Fuerzas Armadas.
En cuanto al último paso, dijo: “Queríamos entregar una señal clara de que las personas que infringen la legislación e ingresan al país por pasos no autorizados pueden ser objeto de sanciones, siendo la más severa la expulsión”.
Expulsión
Comentó que intendentes regionales poseen la potestad de expulsar a las personas que entrar de manera clandestina, respaldados por la ley y el reglamento de Extranjería.
“Las normas son muy antiguas –1975 y 1984– y todos los gobiernos las han utilizado, dependiendo de su voluntad política. Chile es apreciado por el cumplimiento de las normas que se autoimpone. El que exista claridad de que se cumplirán es particularmente importante. De lo contrario, se genera un incentivo perverso que implica atraer aún más migración ilegal”, indicó.
Además, detalló la PDI decidió utilizar overoles blancos, que según Amalland, responden a protocolos sanitarios.
Sobre las denuncias del alcalde de Colchane de que no hubo contacto ni con él ni con la comunidad sobre el proceso de expulsión, el titular de la cartera respondió: “Efectivamente, resultó muy compleja la coordinación de las actividades. Aunque me consta que de parte del gobierno central y regional se intentó efectuar, no hubo comunicaciones previas con el alcalde. Estos problemas los atribuyo a la situación de tensión que se genera en las localidades“.
Vacunación de los migrantes
El ministro de Relaciones Exteriores aprovechó para aclarar cuáles son los planes para la vacunación de los inmigrantes.
Durante la entrevista, hizo mención a un reportaje peruano que invitaba a viajeros a trasladarse a Chile para recibir la vacuna contra el covid-19, pero se creó confusión debido a una declaración: “Los extranjeros que hayan entrado con una visa de turista no van a poder vacunarse (…) las personas que estén en el país en situación irregular tampoco”.
Ante esto, Amelland detalló que no hubo claridad en el anuncio.
“Debí ser más claro para explicar que las personas que se encontraban en una situación irregular y que se habían autodenunciado o habían efectuado trámites ante Fonasa debían desde ya entenderse incorporadasa la población objeto de vacunación. Incluso, quise decir que las personas que están en situación irregular podían acceder a la vacuna mediante un simple expediente de que están intentando regularizar su situación. Pero no quedó claro”, expresó.