Estimado señor Gianluca Rampolla del Tindaro, Coordinador Residente de Naciones Unidas en Venezuela,
Me complace dirigirme a usted en relación a un tema de interés para Naciones Unidas que actualmente debe ser considerado por la ONU y la CIJ.
Es gratificante leer el informe de la ONU sobre Venezuela que destaca el trabajo conjunto de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas con entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, donantes y comunidades para avanzar hacia la consecución de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Durante el año 2022, se logró beneficiar a 2,8 millones de personas, mejorando su acceso a la salud, alimentación diversificada, educación y servicios especializados de protección, así como brindando talleres para desarrollar habilidades de emprendimiento y formación en gestión ambiental.
Un artículo publicado en El Nacional el 21 de diciembre de 2023, aborda el tema de la Guayana Esequiba y menciona que existe una población de más de 300.000 personas pertenecientes a las etnias Waiwai, Makushi, Arawakos, Akawayos, Saraos, Patamonas, Caribes y Wapashi. Estas comunidades, ya sea con o sin apoyo oficial, se verán afectadas por las consecuencias del conflicto entre Guyana y Venezuela, que actualmente está siendo considerado por la CIJ. Es de suponer que la ONU también presta atención a estas etnias y sus necesidades.
Existen varios países con una población muy reducida, como Andorra con 81.000 habitantes, Antigua y Barbuda con 93.000, Liechtenstein con 40.000, Islas Marshall con 42.000, Mónaco con 36.000, Nauru con 12.000, Palau con 18.000, Saint Kitts y Nevis con 47.000, Santa Lucía con 180.000, San Vicente y las Granadinas con 100.000, San Marino con 33.000, Seychelles con 99.000 y Tuvalu con 11.200.
Además, hay otros países con poblaciones cercanas a los 300.000 habitantes o menos de 1 millón, como Bahamas con 400.000 habitantes, Barbados con 280.000, Belice con 400.000, Bután con 700.000, Brunéi con 445.000, Cabo Verde con 580.000, Comoras con 820.000, Fiyi con 900.000, Granada con 230.000, Guyana con 800.000, Islandia con 370.000, Luxemburgo con 640.000, Maldivas con 520.000, Malta con 518.000, Micronesia con 113.000, Montenegro con 620.000, Samoa con 218.000, Santo Tomé y Príncipe con 220.000, Islas Salomón con 707.000, Surinam con 612.000 y Tonga con 106.000.
Estas cifras respaldan la idea de que los 300.000 habitantes mencionados en el artículo de El Nacional son suficientes para justificar la promoción por parte de la ONU de la formación de un país para ellos. Sin embargo, también es posible que estas comunidades prefieran una vida sin país, disfrutando de la libertad y la belleza del campo, sin los problemas de la vida urbana.
En cualquier caso, la solución al conflicto entre Guyana y Venezuela tendrá consecuencias directas o indirectas que afectarán a estos 300.000 habitantes. Si se reconoce su posesión de las tierras en las que viven, la ONU podría promover la formación de un país para ellos, en beneficio de su bienestar. Por lo tanto, sería conveniente establecer un canal de comunicación desde la ONU para que la CIJ pueda considerarlo como un antecedente válido. De esta manera, tanto la ONU como la CIJ podrían desempeñar un papel importante en la creación de este nuevo país vecino de Guyana y Venezuela, que sería una fuente de alegría para ambos países.
Deseo expresarle mi optimismo venezolano y mi mayor consideración.
Atentamente,
Jesus Contereas
Columnista de El Nacional