La iniciativa “The Docket”, perteneciente a la Fundación Clooney para la Justicia, y la ONG Foro Penal Venezolano presentaron un informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), donde se describe el papel de 11 funcionarios con diversos rangos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Por El Impulso
Las víctimas de estos crímenes están vinculadas con la oposición política o bien son percibidas como tal por el gobierno actual. Los delitos incluyen tortura, detención arbitraria y abuso sexual, que forman parte de la investigación que adelanta la Fiscalía de la CPI.
“Las autoridades venezolanas no han investigado adecuadamente los presuntos crímenes internacionales cometidos en su país, incluyendo las graves violaciones cometidas por agentes de la Dgcim; por tanto, se deben intensificar los esfuerzos internacionales en pro de la justicia”, dijo Yasmine Chubin, directora de Incidencia Legal de “The Docket”.
Con la apertura de la investigación ante la CPI, señaló Chubin, “hay una nueva ventana de esperanza para las víctimas venezolanas y sus familiares quienes merecen justicia después de años de estar dejadas a un lado.”
Una de las víctimas entrevistadas aseguró que “los perpetradores se creen intocables ante el Estado de Derecho venezolano. De hecho, no es sólo que lo crean, sino que son realmente intocables (…) Así que hago un llamado, como lo ha hecho todo el mundo, a la comunidad internacional para que los perpetradores paguen por lo que hicieron y por lo que siguen haciendo”.
Las dos organizaciones entrevistaron a más de 50 personas, entre ellas víctimas directas y sus familiares, así como a profesionales de la abogacía, periodistas y exmiembros de la Fiscalía y el poder Judicial venezolano.
“La única manera de restablecer la fe de las víctimas en el Estado de Derecho es haciendo justicia. Aunque siempre hemos instado al régimen a que investigue y castigue estos graves crímenes, no han mostrado ninguna intención de emprender tales acciones de forma seria y real”, explicó Gonzalo Himiob Santomé, vicepresidente del Foro Penal.
Los representantes del Foro Penal resaltaron la situación de mujeres encarceladas, como Emirlendris Benítez, sentenciada en agosto a 30 años de prisión por presunto terrorismo; o la situación del defensor de derechos humanos Javier Tarazona, cuyo juicio se mantiene sin avances mientras su salud se ha deteriorado debido a las condiciones de la prisión en que se encuentra.
En noviembre de 2021, la Corte Penal Internacional autorizó una investigación sobre la situación en Venezuela, que adelanta la Fiscalía en manos de Karim Khan. En abril de este año, la Fiscalía desestimó una solicitud de aplazamiento hecha por la administración de Nicolás Maduro, que argumentaba que en el país ya se están realizando investigaciones internas sobre los casos consignados ante ese tribunal.
La Sala de Cuestiones Preliminares I, que lleva el caso Venezuela, debe decidir si permite a la Fiscalía de la CPI continuar con sus investigaciones y los términos que la guiarán.
En todo caso, el memorando de cooperación técnica que mantiene la administración Maduro con la Fiscalía de la CPI continuará su curso. Además, a finales de marzo se autorizó la instalación de una oficina de la Corte en Caracas, con el objetivo de proveer asistencia técnica al sistema de justicia venezolano «para que ellos puedan llegar a la altura (judicial)».